Diosdado Cabello atacó nuevamente al periodista Carlos Julio Rojas y lo tildó de "perverso"
Diosdado Cabello volvió a arremeter este miércoles contra el periodista y activista Carlos Julio Rojas, a quien calificó de “irresponsable” y “perverso”, luego de
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, dirigió nuevos señalamientos públicos contra el periodista y activista comunitario Carlos Julio Rojas y el comunicador Seir Contreras, durante la difusión de su programa televisivo semanal "Con el Mazo Dando". Las declaraciones del funcionario se produjeron tras la difusión de una alerta internacional emitida por la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, la cual requirió salvaguardas para los trabajadores de la comunicación en el territorio venezolano a propósito de la cobertura informativa realizada luego de los movimientos telúricos registrados en el país.
En el espacio de difusión estatal, el funcionario desestimó las peticiones de protección para los comunicadores y cuestionó de manera directa la labor de los reporteros independientes, así como los pronunciamientos de los gremios de prensa locales.
Señalamientos contra Carlos Julio Rojas y la postura de Amnistía Internacional
La reacción del ministro Cabello se originó a partir de un documento público difundido por Amnistía Internacional, en el cual la organización defensora de los derechos humanos instó a las autoridades a garantizar la integridad física y el libre ejercicio profesional de Carlos Julio Rojas y de otros periodistas que enfrentan situaciones de riesgo en el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con el reporte del programa oficialista, el funcionario rechazó la solicitud de medidas preventivas para el activista y cuestionó el criterio de la organización internacional al preguntar por qué no se solicitaban mecanismos similares para los integrantes de su propio equipo de producción.
Durante su intervención, Cabello calificó a Carlos Julio Rojas con los términos de "irresponsable" y "perverso", argumentando que el comunicador comunitario se había dedicado a difundir informaciones que catalogó como falsas. Según la versión ofrecida por el ministro, los habitantes de la propia comunidad habrían confrontado al activista para exigir el cese de sus declaraciones. Estos señalamientos se suman a un historial de confrontaciones verbales y procesos judiciales que han afectado al comunicador de la parroquia La Candelaria en Caracas, quien mantiene una línea de denuncia constante sobre los servicios públicos y la situación social en el centro de la capital venezolana.
Cuestionamientos a la cobertura del caso OPP 26 en La Guaira
El discurso del funcionario también se dirigió hacia el periodista Seir Contreras, a quien acusó de desarrollar una supuesta campaña de promoción personal y mediática a través de la cobertura de los sucesos ocurridos en la estructura de la OPP 26, ubicada en el estado La Guaira. En dicha localidad, los equipos de rescate realizaron labores de búsqueda tras reportes sobre la presunta existencia de señales de vida debajo de los escombros generados por incidentes estructurales recientes.
Cabello calificó a Contreras de "vagabundo" y sostuvo que la transmisión en vivo realizada por el reportero buscaba atribuirse el mérito de un eventual rescate. El ministro afirmó que este tipo de coberturas informativas representan un intento de mercantilizar el sufrimiento y las dificultades de la ciudadanía, señalando que algunos comunicadores carecen de escrúpulos al abordar situaciones que involucran la pérdida de vidas o el dolor de los familiares de las víctimas. Asimismo, el vocero gubernamental aseveró que las denuncias y demostraciones presentadas previamente en su programa de televisión habrían logrado disminuir el volumen de lo que denominó campañas mediáticas en el país, reduciéndolas a una frecuencia mínima semanal.
Tensiones con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa
Las críticas del ministro no se limitaron a los casos individuales de Rojas y Contreras, sino que se extendieron a las organizaciones gremiales que agrupan a los trabajadores de los medios de comunicación en Venezuela. En particular, Cabello reaccionó a un comunicado emitido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), organización que de manera constante registra las agresiones, detenciones y limitaciones al libre ejercicio del periodismo en el país.
El funcionario puso en duda los de verificación de datos empleados por los medios independientes y desestimó la noción tradicional de la prensa como un contrapeso al poder político, conocida históricamente como el "cuarto poder". En sus declaraciones, el ministro sostuvo que los periodistas difunden rumores y sesgos informativos bajo la apariencia de certezas. Además, acusó de manera directa a los profesionales de la comunicación de responder únicamente a los intereses financieros de los sectores que financian sus actividades, condicionando los procesos de contrastación de fuentes al beneficio económico de sus empleadores.
El panorama para el ejercicio del periodismo independiente
La reiteración de discursos descalificatorios desde los medios de difusión del Estado venezolano forma parte de un entorno complejo para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información en el país. Organizaciones locales de derechos humanos y de defensa de la libertad de prensa han advertido de manera sistemática que la estigmatización pública de periodistas y activistas comunitarios incrementa los niveles de vulnerabilidad de estos profesionales ante posibles medidas judiciales o administrativas.
La confrontación entre las narrativas oficiales y los reportes de los periodistas independientes sobre situaciones de emergencia, servicios públicos y derechos humanos continúa siendo un punto de tensión constante en la dinámica informativa nacional. Mientras los gremios exigen garantías para investigar y reportar los hechos de interés público sin temor a represalias, los voceros gubernamentales mantienen una postura de estricta vigilancia frente a la cobertura de sucesos que puedan comprometer la imagen de la gestión pública o generar alarmas en la población.
