El inicio formal de las festividades navideñas en Venezuela quedó fijado para el primero de noviembre, según anunció Delcy Rodríguez durante la apertura de la 82ª Asamblea Anual de Fedecámaras. La decisión administrativa, orientada según la vocera a dinamizar la actividad comercial y el consumo, contrasta con la falta de un ajuste directo al salario mínimo legal, el cual permanece congelado en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022. Esta suma, al tipo de cambio oficial reportado por el Banco Central de Venezuela, representa aproximadamente 0,14 dólares al mes, dejando la cobertura de la canasta alimentaria dependiente de esquemas de bonificación variable.
En el marco del encuentro con el sector privado gremial llevado a cabo en la capital, Rodríguez planteó una propuesta metodológica para la fijación de remuneraciones de cara al próximo ciclo fiscal. La formulación técnica presentada propone condicionar los incrementos de las tablas salariales al comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB), con la premisa de que los reajustes superen el porcentaje de expansión económica que registre el país. Con este esquema, el Ejecutivo busca vincular el ingreso de los trabajadores con la productividad general, diferiendo las decisiones sobre la retribución básica y los pasivos acumulados de la Ley Orgánica del Trabajo a las mesas de diálogo social.
Las negociaciones laborales, que involucran a representantes de Fedecámaras, la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Alianza Sindical Independiente y la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, mantendrán sus deliberaciones hasta el mes de noviembre, fecha en la que se prevé la presentación de un informe de conclusiones. Según las cifras expuestas por el Ejecutivo ante la asamblea patronal, las retribuciones dentro del sector comercial e industrial privado registraron un alza de 32,8 %, mientras que en la administración pública el ingreso mínimo integral alcanzó los 240 dólares mediante la asignación de bonificaciones sin incidencia prestacional, partiendo de una base previa de 160 dólares.
Metas de crecimiento e inserción financiera
Durante su intervención ante el empresariado, la representación gubernamental expuso las proyecciones macroeconómicas para el cierre del año, sustentadas en reportes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que ubican a la economía venezolana con el mayor ritmo de expansión en la región. Rodríguez detalló que el aparato productivo suma 22 trimestres de resultados positivos, registrando en el tercer trimestre de este año una tasa de crecimiento superior al 6,5 %, renglón en el cual se computó la absorción de los impactos generados por los eventos sísmicos del mes de junio.
El renglón energético constituyó uno de los ejes centrales de la exposición ante los representantes de la industria y el comercio. El informe oficial dio cuenta de la suscripción de 61 instrumentos de inversión en las áreas de hidrocarburos y gas, sumados a 44 expedientes de negociación en fase de tramitación. La estrategia energética incluye alianzas bilaterales con empresas internacionales, entre las que destacan las operaciones de extracción de recursos con firmas de Estados Unidos y el desarrollo de reservas gasíferas en el campo Perla, ejecutado con la participación de la española Repsol y la italiana ENI.
De acuerdo con las estimaciones presentadas, la movilización de capitales en el sector petrolero proyecta la creación de aproximadamente 320.000 puestos de trabajo directos e indirectos durante un período de cuatro años. El impacto de estas operaciones busca permear áreas operativas conexas, incluyendo el sector logístico, los servicios técnicos, la industria metalmecánica, la red hotelera y el sector gastronómico.
En cuanto al financiamiento externo, la vocería oficial confirmó gestiones para el reingreso del país a los circuitos financieros multilaterales. El plan de captación de recursos contempla aproximaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. Las estimaciones gubernamentales apuntan a estructurar paquetes de financiamiento público y privado por un orden de 12.000 millones de dólares en el lapso de dos años, destinados a proyectos de infraestructura y modernización productiva.
