Caficultores de Portuguesa y Lara denuncian incumplimiento de precios acordados y anuncian movilización
Los Llanos.- Caficultores de Portuguesa y Lara denunciaron que las torrefactoras no están cumpliendo los precios acordados con las autoridades para la comercialización del café y advirtieron que los pagos que actualmente reciben no cubren los costos de producción. Los productores explicaron que en agosto fueron establecidos precios de $295, $300 y $310 por quintal,
Los caficultores de los estados Portuguesa y Lara iniciaron un proceso de movilización para denunciar el incumplimiento de las tarifas de comercialización acordadas para el café por parte de las empresas torrefactoras. De acuerdo con los testimonios recabados durante una asamblea de productores realizada en la localidad de Araure, la industria procesadora está pagando importes que se ubican muy por debajo de las estructuras de costos operativos, lo que compromete la viabilidad financiera de las familias dedicadas a este cultivo en la región occidental del país.
El desfase de precios y el impacto en el productor
El núcleo del reclamo radica en la diferencia entre las tarifas oficiales establecidas en agosto y los montos que efectivamente cancelan las empresas compradoras. Según la información difundida por los voceros agrícolas durante el encuentro organizativo, las autoridades gubernamentales y los actores de la cadena agroindustrial habían fijado una banda de precios de 295, 300 y 310 dólares por cada quintal de café, dependiendo de la calidad y las especificaciones físicas del grano.
No obstante, la realidad en los centros de recepción muestra un panorama distinto. Los productores detallaron que las plantas procesadoras están imponiendo pagos unilaterales que oscilan entre los 220 y los 230 dólares por quintal, alcanzando un límite máximo excepcional de 280 dólares en algunos casos. Esta brecha representa una pérdida directa de entre 70 y 80 dólares por saco para el agricultor.
Hingi Colmenárez, caficultor del municipio Araure, explicó que la situación afecta de manera directa el sustento de las unidades familiares de producción. De acuerdo con sus declaraciones, las tarifas que actualmente se aplican en el mercado nacional no guardan relación con los compromisos previamente suscritos con la mediación del Estado, lo que se traduce en una transferencia de recursos desde el sector primario hacia el sector industrializador de la cadena.
Restricciones en la recepción e industria señalada
La problemática de los precios se ve agravada por trabas operativas en la recepción de las cosechas. Félix Saavedra, dirigente del sector cafetalero, expuso que los productores no solo deben aceptar cotizaciones inferiores a las pautadas, sino que además enfrentan severas limitaciones para entregar sus inventarios en los silos e industrias.
Según el balance presentado por Saavedra, un productor que acude a los centros de acopio con lotes de 10 o 15 sacos de café se encuentra con que las empresas compradoras solo aceptan recibir un máximo de dos sacos por transacción. Esta restricción paraliza la rotación de los inventarios en las fincas, impide el flujo de caja necesario para el mantenimiento de los cafetales y obliga a los pequeños agricultores a mantener almacenada una producción que corre el riesgo de deteriorarse.
Durante las deliberaciones en el estado Portuguesa, los afectados señalaron de forma directa a corporaciones de la zona, entre las que mencionaron a la torrefactora Amanecer y al Grupo Botalón, además de otras medianas y pequeñas empresas del ramo. La exigencia colectiva se centra en el respeto irrestricto a los tabuladores de compra y en la apertura de los canales de recepción sin cuotas restrictivas que distorsionen el mercado interno.
Contraste entre la retórica oficial y la realidad del campo
Las protestas y asambleas de los caficultores coinciden temporalmente con anuncios gubernamentales sobre la proyección internacional del sector. Apenas dos días antes de la concentración de productores en Araure, la vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, encabezó un encuentro en la Empresa de Propiedad Social Directa Comunal El Cafetal, ubicada en el municipio Ospino del estado Portuguesa.
En dicha actividad, que contó con la participación del ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Vladimir Padrino López, y del gobernador de la entidad, Primitivo Cedeño, las autoridades informaron sobre el inicio de operaciones de exportación de café comunal hacia los mercados de Europa y Estados Unidos. Durante el acto, los representantes oficiales enfatizaron el rol de las estructuras comunales en la dinamización de la economía local.
Sin embargo, para las bases productoras de Portuguesa, Lara y Trujillo, las políticas de exportación y la retórica de crecimiento no resuelven el conflicto estructural de la cosecha actual. Los agricultores sostienen que, mientras no exista un mecanismo de supervisión estatal que obligue a las torrefactoras privadas y públicas a cumplir con el precio de recepción acordado, la actividad agrícola seguirá registrando saldos negativos, independientemente de los destinos internacionales que alcance el producto procesado.
La convocatoria a la movilización regional
Ante la falta de respuestas efectivas por parte de los organismos de control y la persistencia de las pérdidas económicas, los líderes del sector agrícola hicieron un llamado a la unificación de los productores de las zonas altas de la cordillera andino-costera. La estrategia contempla la articulación de los caficultores de Portuguesa, Lara y Trujillo para coordinar medidas de presión cívica ante las sedes de las principales industrias procesadoras del país.
Los manifestantes insisten en que la estructura real de costos para producir un quintal de café de calidad corriente, natural o lavado tipo A se ubica actualmente entre los 340 y los 360 dólares, con una media de 350 dólares por saco. Al recibir pagos que apenas rozan los 220 dólares, el sector primario financia de manera forzosa el margen de ganancia de la industria, lo que pone en riesgo la continuidad del ciclo de siembra y fertilización para el próximo período agrícola en las regiones del occidente venezolano.
