La Lección Republicana de 1967: Transparencia y Progreso
La historia de la ingeniería venezolana ofrece un contraste elocuente y una lección que hoy parece ser convenientemente olvidada. Tras el devastador terremoto de Caracas del 29 de julio de 1967, que cobró cientos de vidas y derrumbó emblemáticos edificios en Altamira y Los Palos Grandes, el país no sucumbió a la tentación del ocultamiento o la limpieza apresurada. Por el contrario, la respuesta institucional fue ejemplar y radicalmente opuesta a la que se observa hoy.
En un esfuerzo coordinado sin precedentes, el gobierno de entonces, con un profundo sentido de responsabilidad y visión de futuro, dispuso el traslado sistemático de muestras patológicas e incluso componentes estructurales enteros de los edificios colapsados a las pistas del Aeropuerto de La Carlota. Este espacio se transformó en un centro de acopio técnico, un verdadero laboratorio a cielo abierto. Desde allí, los restos estructurales fueron distribuidos a las verdaderas casas matrices del conocimiento en Venezuela: nuestras universidades, academias nacionales y laboratorios de ingeniería.
Investigadores, ingenieros y profesores universitarios, con acceso irrestricto y total autonomía, analizaron minuciosamente el comportamiento real del concreto y el acero bajo el esfuerzo sísmico. Estudiaron las fallas por "piso débil", por confinamiento de nodos y otras vulnerabilidades que hasta entonces no habían sido completamente comprendidas en el contexto local. El resultado de esta transparencia científica y colaboración interinstitucional no se hizo esperar: se procesaron los datos empíricos, se comprendieron las causas profundas de las fallas y, en consecuencia, se refundaron las normas de construcción sismorresistente del país, dando origen a las trascendentales normas MOP 1967 y, posteriormente, las Covenin.
Aquel manejo técnico e institucional transparente de los escombros, liderado por figuras de la talla del gran ingeniero venezolano Pedro Pablo Azpúrua, dictó pauta a nivel internacional. Lo más importante de todo es que, por encima de cualquier otro logro, ha salvado miles de vidas a lo largo de las últimas décadas en Venezuela y el continente, al garantizar edificaciones más seguras y resilientes. Este episodio de nuestra historia no es un mero recuerdo; es un faro que ilumina el camino correcto cuando la nación enfrenta una tragedia similar.
Ciencia versus Impunidad: Las Implicaciones de Ocultar la Verdad
Hoy, la pretensión de ocultar las muestras en vertederos improvisados de Vargas, o el demencial intento de arrojarlos al mar, busca quebrar esa cadena de aprendizaje y eludir responsabilidades que van más allá de lo técnico, adentrándose en el ámbito civil y penal. Las implicaciones de esta acción son profundas y multifacéticas.
Desde una perspectiva ética y social, la negación de acceso a la evidencia es un atentado contra la verdad y la justicia. Priva a las víctimas y a la sociedad en general del derecho a saber por qué sus hogares colapsaron, si hubo negligencia en la construcción o en la supervisión, y quiénes son los responsables. Esto genera un clima de desconfianza, impunidad y desprotección para los ciudadanos, erosionando los ya frágiles lazos entre el Estado y la población. La seguridad de la vida y la propiedad se convierte en una lotería, sujeta a la opacidad y la falta de rendición de cuentas.
En el ámbito político y de gobernanza, el bloqueo a peritos independientes y la destrucción de evidencia señalan un patrón de opacidad que lamentablemente no es ajeno a la realidad venezolana. La insistencia en controlar la narrativa y la información, incluso cuando esta es de carácter técnico y científico, es un síntoma de un sistema que prioriza la imagen y la elusión de responsabilidades por encima de la seguridad ciudadana y el bien común. La Gran Misión Vivienda, un programa bandera del gobierno, se encuentra bajo escrutinio, y la retención de información sobre el colapso de algunas de sus estructuras solo alimenta las sospechas sobre la calidad de sus construcciones y la fiscalización de las mismas. Esto impacta directamente la credibilidad de las instituciones y la capacidad del Estado para garantizar infraestructuras seguras.
Finalmente, las implicaciones científicas y técnicas son devastadoras. La ingeniería forense es urgentemente necesaria por dos razones fundamentales:
- Responsabilidad y Justicia: Es imperativo determinar las fallas de origen en las obras civiles y la negligencia fiscalizadora del Estado en las infraestructuras colapsadas. Sin este análisis, no hay base para exigir responsabilidades civiles o penales, y los culpables de malas prácticas de construcción o supervisión quedarán impunes. Esto perpetúa un ciclo vicioso de corrupción y baja calidad constructiva.
- Actualización de la Norma: El sismo de 2026 ha arrojado datos empíricos invaluables sobre la respuesta de materiales y tipologías de vivienda masiva que la academia debe procesar. Las normas constructivas vigentes, aunque basadas en la experiencia de 1967, necesitan ser adecuadas a las realidades del siglo XXI, incluyendo nuevos materiales, técnicas constructivas y, sobre todo, la experiencia con edificaciones como las de la Gran Misión Vivienda. Sin el estudio de los escombros, esta actualización esencial no podrá realizarse con la rigurosidad científica necesaria, dejando a futuras construcciones expuestas a riesgos conocidos pero no abordados.
No convocar e impedir el acceso del Colegio de Ingenieros de Venezuela, de las facultades de ingeniería de nuestras universidades y de los laboratorios independientes a las zonas de desastre es un acto de flagrante irresponsabilidad pública y un ataque directo a la autonomía académica y profesional. Es una negación de la experticia nacional y una muestra de desprecio por el conocimiento técnico que el país posee.
Un Llamado a la Transparencia y a la Preservación de la Verdad
Desde Libertad VZLA, nos unimos a la exigencia de David Morán Bohórquez y de la comunidad ingenieril: la preservación inmediata de los componentes estructurales de los edificios colapsados y su traslado a centros de custodia académica. Los escombros de Vargas no deben ser tratados como basura para ocultar la corrupción o la incompetencia; deben ser entregados a la ciencia. Son la evidencia crucial, las lecciones duramente aprendidas que garantizarán la seguridad de las generaciones futuras.
La verdad científica es un pilar fundamental para el progreso y la seguridad de cualquier nación. Ocultarla, manipularla o destruirla es un crimen contra el futuro. Venezuela merece y necesita la transparencia y la rigurosidad que solo la ingeniería forense puede ofrecer para que, en lugar de sepultar la verdad, se construya sobre ella un futuro más seguro y justo.
