CPI asegura que investigación sobre Venezuela avanza a “ritmo pleno”
El fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang, aseguró en una reciente declaración a medios venezolanos que la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país avanza “satisfactoriamente” y a “ritmo pleno”. El abogado senegalés reconoció el clamor de las víctimas que exigen respuestas inmediatas, pero aclaró que la […]
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Runrun.es
28 may. 2026
La investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela avanza "a ritmo pleno", según recientes declaraciones del fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang, quien enfatizó la naturaleza metódica y deliberada del proceso judicial internacional, a pesar del comprensible anhelo de las víctimas por una justicia expedita. Niang subrayó que la cautela inherente a los procedimientos de La Haya es la garantía fundamental para asegurar la legitimidad y la irrevocabilidad de cualquier resultado, un mensaje dirigido a una nación marcada por años de violaciones a los derechos humanos y una persistente búsqueda de rendición de cuentas.
El Laberinto de La Haya: Un Ritmo Deliberado Frente a la Urgencia Nacional
La Fiscalía de la CPI, a través de la voz de su fiscal adjunto, ha insistido en que la aparente lentitud del proceso no debe interpretarse como un estancamiento, sino como una señal de la rigurosidad con la que se aborda cada expediente. Niang reconoció el profundo clamor de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos que han depositado su esperanza en la jurisdicción internacional, esperando respuestas, reconocimiento y, en última instancia, justicia por el daño sufrido. Sin embargo, explicó que los "atajos" en este tipo de investigaciones solo conducen a fallos que pueden ser fácilmente impugnados o desestimados, minando la credibilidad y la perdurabilidad de las decisiones judiciales.
La meticulosidad en la recopilación de pruebas, la escucha a todas las partes involucradas y el estricto apego al debido proceso no son, según el fiscal adjunto, una burocracia innecesaria, sino el cimiento sobre el cual se construye un resultado legítimo y duradero. Esta explicación busca calmar la ansiedad de quienes, desde Venezuela, observan con frustración el hermetismo y la prolongación de un proceso que se inició formalmente en noviembre de 2021, aunque sus raíces se remontan a años previos de escrutinio internacional.
Cronología de una Investigación Interrumpida y Reanudada
La trayectoria de la investigación conocida como "Venezuela I" ha estado lejos de ser lineal. Tras su inicio formal en noviembre de 2021, el proceso se vio obligado a una suspensión de un año. Esta interrupción se debió a la impugnación por parte del gobierno venezolano de la competencia de la CPI y la legalidad de la investigación de la Fiscalía. Una vez que los magistrados de la Corte confirmaron su jurisdicción, las averiguaciones se reanudaron en junio de 2023, y desde entonces, según Niang, han continuado "con ritmo pleno y con total dedicación" bajo su liderazgo directo.
El funcionario ha sido enfático al señalar que la confidencialidad es un pilar fundamental en las investigaciones penales de la CPI. Esto implica que gran parte del trabajo se realiza lejos del escrutinio público, una necesidad que busca proteger la integridad del proceso, a las víctimas y a los testigos, evitando interferencias que puedan comprometer el desarrollo de las pesquisas. Esta discreción, si bien genera incertidumbre, es presentada como una garantía de la robustez de la investigación.
La Obstinación del Estado Venezolano: Barreras a la Justicia Internacional
Desde hace un lustro, la CPI mantiene abierta una investigación formal para examinar los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el año 2017, particularmente en el contexto de las protestas antigubernamentales. No obstante, el camino de la Corte ha estado plagado de obstáculos, siendo la falta de cooperación gubernamental el más significativo y recurrente.
La reticencia del Estado venezolano a colaborar plenamente con la jurisdicción internacional se ha manifestado en diversas acciones. Entre ellas, la fuente menciona el anuncio del cierre de la oficina de la CPI en Caracas en diciembre de 2025, así como la aprobación, por parte de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, de la "Ley por Palestina y la Justicia". Esta normativa buscaba derogar la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma del año 2000, que autorizaba al Ejecutivo a ratificar el tratado fundacional de la CPI.
Sin embargo, análisis jurídicos como el de Acceso a la Justicia han desestimado la efectividad de tales medidas. La derogación de una ley nacional no disuelve automáticamente los compromisos derivados de un tratado internacional ya ratificado. Incluso si el Ejecutivo venezolano notificara formalmente su retiro al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la CPI mantendría plena jurisdicción sobre todos los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio mientras el tratado estuvo vigente. El Artículo 127 del Estatuto de Roma establece claramente que el retiro definitivo de un Estado parte solo surte efecto un año después de que la ONU reciba la notificación formal, sin que ello interrumpa o anule las investigaciones ya iniciadas por la Fiscalía de la CPI. Esta postura subraya la primacía del derecho internacional sobre las maniobras legislativas internas diseñadas para eludir responsabilidades.
Los Orígenes de Venezuela I: Un Clamor Colectivo por Crímenes de Lesa Humanidad
El examen preliminar sobre Venezuela se inició en febrero de 2018, ante la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad desde al menos abril de 2017. La preocupación internacional se materializó en septiembre de ese mismo año, cuando seis naciones de la región —Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú— presentaron una solicitud formal ante la CPI para que iniciara una investigación en profundidad sobre las violaciones de derechos humanos en el país.
En junio de 2021, la Fiscalía de la CPI concluyó su examen preliminar para la situación Venezuela I, determinando que existían motivos razonables para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad y, crucialmente, que existía una "situación de total inactividad" por parte de los órganos de justicia nacionales para investigar y enjuiciar a los máximos responsables de dichos actos. Esta conclusión fue el trampolín para la apertura de la investigación formal.
La Presencia de la Fiscalía en Caracas y el Inesperado Giro del Fiscal Khan
El fiscal de la CPI, Karim Khan, realizó su primera visita oficial a Caracas en noviembre de 2021. Al término de esta, anunció el inicio de la investigación por crímenes de lesa humanidad en la situación Venezuela I. Durante esa visita, se suscribió un Memorándum de Entendimiento con las autoridades venezolanas, buscando establecer mecanismos de cooperación para investigar y enjuiciar a los responsables.
Khan realizó otras tres visitas al país hasta abril de 2024, cuando se inauguró la oficina local de asistencia técnica de la Fiscalía de la CPI en Caracas, un paso que parecía consolidar la presencia y el trabajo del tribunal en el terreno. Sin embargo, la investigación ha enfrentado un giro inesperado. En mayo de 2025, Khan anunció su separación provisional del cargo, mientras se desarrollaba una investigación independiente sobre denuncias de conducta sexual indebida y presuntas represalias laborales. Esta decisión, sin precedentes en la historia de la CPI, generó una considerable preocupación sobre la continuidad de las investigaciones en curso, incluyendo la situación Venezuela I. Posteriormente, en agosto de 2025, Khan presentó ante la presidencia de la CPI su solicitud de inhibición en el caso Venezuela I, en cumplimiento de una orden de la Sala de Apelaciones. Este desarrollo añade una capa de complejidad a un proceso ya de por sí intrincado, aunque la presencia del fiscal adjunto Niang y su liderazgo directo en la pesquisa buscan asegurar la continuidad y el rigor.
El camino hacia la justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela es largo y tortuoso, marcado por la persistente resistencia del Estado y las complejidades inherentes a la justicia internacional. A pesar de los desafíos y los giros inesperados, la CPI, a través de sus fiscales, reitera su compromiso con un proceso exhaustivo y legítimo, manteniendo viva la esperanza de que, finalmente, se haga justicia, sin importar cuán lento sea el ritmo.
