Con Cilia Flores presa en EE.UU., su sobrino puede poner preso a alguien en Venezuela
Luego de tres años, la prisión de Nelson Ramón Rivero Sanes sorprende hasta a sus propios custodios. Lo que todos saben es que sigue detenido en la cárcel de Tocuyito por la inexplicable saña de Marcos Campos Flores, dos veces candidato oficialista a alcalde del Municipio San Diego en Carabobo, sobrino de la otrora ‘Primera Combatiente’ y hermano de uno de los ‘narcosobrinos’. Unos indicios débiles y hasta caprichosos bastaron para armarle un caso judicial, cuyos efectos siguen vigentes, a pesar de la caída del madurismo y los cambios políticos del interinato.
La permanencia de Nelson Ramón Rivero Sanes en el Complejo Penitenciario de Carabobo, conocido como Tocuyito, expone las dinámicas de influencia judicial que persisten en las estructuras estatales venezolanas. Detenido bajo cargos de conspiración y tráfico de armas, el ciudadano enfrenta un proceso penal derivado de una denuncia interpuesta por Marcos Antonio Campos Flores, sobrino de la ex primera dama Cilia Flores. A pesar de las transformaciones en la cúpula del poder central y de los cuestionamientos de la defensa a las pruebas presentadas por los organismos de inteligencia, el caso mantiene a Rivero Sanes privado de libertad en el estado Carabobo.
El entorno familiar y la denuncia de origen
De acuerdo con una investigación publicada por el portal periodístico Armando.info, el conflicto judicial se originó a partir del vínculo directo entre el procesado y el entorno de Marcos Antonio Campos Flores. Campos Flores, abogado de profesión, ejerció como candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la alcaldía del municipio San Diego, en el estado Carabobo, contando con el respaldo del gobernador de esa entidad, Rafael Lacava. Su influencia política local se complementa con su relación familiar directa con Cilia Flores y su parentesco como hermano de Efraín Antonio Campos Flores, uno de los ciudadanos procesados y posteriormente liberados por la justicia de Estados Unidos en 2022.
La esposa de Rivero Sanes, la artista plástica Armary Prado, declaró al medio de comunicación Armando.info que el origen de la detención radica en la vinculación personal que su familia mantuvo con el entorno de Campos Flores. Según sus declaraciones, la cercanía con este círculo familiar se convirtió en el factor determinante para el inicio de las acciones judiciales que mantienen a su esposo en prisión.
A pesar de los cambios políticos descritos en la dinámica de poder en Caracas, que incluyen la detención de Cilia Flores y la gestión gubernamental de Delcy Rodríguez, la capacidad de influencia de Campos Flores en las instancias judiciales locales se ha mantenido constante. La defensa sostiene que el denunciante ha utilizado su posición y sus relaciones partidistas para sostener la acusación penal contra Rivero Sanes a lo largo del proceso.
Las pruebas y el expediente de la Fiscalía
La acusación formal contra Nelson Rivero Sanes fue canalizada a través de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo. Los delitos imputados en el expediente corresponden a tráfico ilícito de armas, asociación para delinquir y conspiración, tipificados como ofensas contra el Estado venezolano y no contra un particular, aunque el denunciante originario de la causa sea Campos Flores.
El expediente judicial, según los datos recopilados por Armando.info, fundamenta la acusación en dos eventos específicos:
- El primero de ellos se sitúa el 16 de mayo de 2023, cuando se reportó la entrega de una caja de regalo que contenía un artefacto explosivo no especificado en la Unidad Educativa Juan XXIII, ubicada en la ciudad de Valencia.
- El segundo hecho consiste en un mensaje de texto enviado a través de la aplicación WhatsApp, el cual contenía afirmaciones que Campos Flores consideró como amenazas directas contra su grupo familiar, aunque el expediente omitió precisar la fecha de recepción de dicho mensaje o su contenido literal.
Para vincular a Rivero Sanes con estos hechos, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) presentó un informe de telefonía. El organismo de seguridad rastreó el número telefónico desde el cual presuntamente se contrató el servicio de transporte que trasladó el paquete explosivo al colegio y desde donde se emitió el mensaje de WhatsApp. Según el reporte técnico de la Dgcim, el análisis geográfico y el registro de llamadas de esa línea telefónica mostraron conexiones recurrentes con el número de teléfono celular de uso personal de Nelson Rivero Sanes. Este cruce de llamadas constituyó el elemento probatorio principal para la emisión de la orden de aprehensión y el posterior procesamiento.
Cuestionamientos al cuerpo de fiscales
La validez del proceso judicial ha sido objeto de debate debido a la situación jurídica de los funcionarios que redactaron y validaron la acusación penal en agosto de 2023. El documento acusatorio fue suscrito por el fiscal provisorio Ángelo José Dorta Sivira, en conjunto con los fiscales auxiliares Gabriel José Almea Hernández, Michael Gabriel Quintero Silveira e Isa Hereda Duarte.
En septiembre de 2025, tres de los fiscales involucrados en la redacción de esta acusación fueron arrestados bajo cargos de corrupción y desviación de funciones. La detención de estos funcionarios fue confirmada en su momento por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien enmarcó los arrestos dentro de un proceso de depuración interna del Ministerio Público destinado a sancionar las irregularidades dentro del sistema de justicia. La defensa de Rivero Sanes ha señalado que la detención de los fiscales que promovieron la causa debilita la legitimidad de los elementos presentados en el expediente original.
Pronunciamientos y gestiones internacionales
La detención de Nelson Rivero Sanes ha trascendido el ámbito judicial carabobeño y ha alcanzado instancias de discusión política en los Estados Unidos. El 22 de mayo, el senador republicano por el estado de Florida, Rick Scott, se pronunció públicamente sobre el caso a través de sus canales oficiales de comunicación. El legislador estadounidense calificó la detención como un acto arbitrario ejecutado por la Dgcim en 2023, señalando la falta de una orden judicial válida al momento del arresto y exigiendo la revisión de la medida de privación de libertad en Tocuyito.
La intervención del senador se produjo tras las gestiones de los familiares de Rivero Sanes, quienes buscaron visibilizar el caso ante actores políticos en Washington con el fin de ejercer presión sobre las autoridades judiciales venezolanas. La representación legal del detenido, encabezada por el abogado Ramón Cardona, continúa promoviendo recursos para desestimar las pruebas de telefonía presentadas por la Dgcim y lograr el traslado o la excarcelación de Rivero Sanes, alegando la inconsistencia de los indicios que sustentan la privación de libertad.
