El 11 de julio de 2026, el medio estadounidense The New York Times (NYT) publicó un reportaje de Tyler Pager y Anatoly Kurmanaev que detallaba la influencia de la administración de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, sobre el gobierno interino de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez desde el 3 de enero de 2026. Esta fecha coincide con la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, figuras prominentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Según la publicación del NYT, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha asumido un rol preponderante en la dirección de asuntos venezolanos, una posición que el medio comparó con la de L. Paul Bremer III en Irak durante la ocupación estadounidense en 2003.
Control sobre las finanzas y la política
La relación entre Marco Rubio y Delcy Rodríguez se gestiona a través de la mensajería digital WhatsApp, con fuentes anónimas citadas por el NYT para evitar posibles represalias de ambos gobiernos. A pesar de una comunicación constante, el objetivo central de la administración Trump, según lo reportado, es el desmantelamiento del chavismo en el poder venezolano. El NYT describió esta interacción no como una alianza, sino como una manifestación del poder estadounidense, donde prevalece la lógica de "el ganador se lo lleva todo", sin consideración por la soberanía o el derecho internacional.
La influencia de Rubio se extiende al fortalecimiento del liderazgo interino de Rodríguez, particularmente después de los sismos registrados en Venezuela el 24 de junio. Las fuentes del NYT indicaron que la reconstrucción del país responde al interés inicial de Trump de reintegrar a Venezuela en el mercado petrolero, buscando un beneficio para Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos administra los ingresos generados por las exportaciones venezolanas, según el NYT. Estos fondos son distribuidos "gradualmente" a los bancos venezolanos. El reportaje de Pager y Kurmanaev señaló que la tutela de Rubio llega al punto de determinar el destino específico de estos recursos. Este sistema, de acuerdo con el NYT, ha contribuido a contener esquemas de corrupción en Venezuela y ha permitido al gobierno venezolano recibir ingresos bajo la protección del Tesoro estadounidense, evitando el acoso de acreedores por una deuda impaga estimada en 240.000 millones de dólares, según una estimación del 24 de junio del medio estadounidense The Financial Times. Gran parte de esta deuda, según la ONG Transparencia Venezuela, corresponde a la morosidad ante acreedores de las empresas mixtas de PDVSA, la compañía petrolera estatal.
El control sobre el flujo de dinero venezolano otorga a Rubio una ventaja significativa sobre la administración de Rodríguez, que depende de las exportaciones petroleras para cubrir gastos públicos y gestionar la economía nacional. Rubio también ejerce autoridad sobre la aplicación de las sanciones económicas impuestas por el gobierno estadounidense a miembros del PSUV desde 2015, decidiendo quién puede establecer relaciones comerciales con Venezuela y bajo qué términos se desarrollará la relación con Rodríguez.
