8 mujeres presas políticas entre las excarcelaciones de este sábado y domingo

Varias ONG defensoras de derechos humanos informaron este sábado de entre 20 y 30 excarcelaciones durante la madrugada sin que todas sean de personas que hayan tenido registradas como presos políticos, una medida que llega horas después de que culminara la segunda ronda del diálogo entre el chavismo y la oposición.  Entre este grupo se

Redacción Libertad VZLA
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Redacción Libertad VZLA

Equipo editorial26 sept. 2026

Un grupo de entre 20 y 30 personas que se encontraban privadas de libertad, entre ellas ocho mujeres clasificadas como presas políticas, recibió medidas de excarcelación entre la madrugada del sábado y el domingo. La medida se ejecutó pocas horas después de finalizar el segundo ciclo de negociaciones entre los representantes del oficialismo y de la plataforma opositora, según informaron diversas organizaciones no gubernamentales y reportó el medio digital El Pitazo.

Las excarcelaciones se registraron en distintos centros de reclusión del país. Entre las personas que salieron de prisión se encuentra un grupo de ocho mujeres que estaban recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, estado Miranda. Las ciudadanas liberadas bajo esta medida fueron identificadas como Rudy Jazmín Ibarra Rubio, Sulvey Coromoto Labrador, María Laura Rondón, Iraima Andreina Acosta, Keinly Liliana Páramo, Ines Fabiola Rodríguez, María Gregoria Gómez y Maryuri Contreras Miranda.

Estas ocho mujeres estaban vinculadas judicialmente a la causa penal conocida por las autoridades como "Falsos Positivos Tancol". El término "Tancol" es un acrónimo desarrollado por la administración pública venezolana para referirse a supuestos grupos de "terroristas armados narcotraficantes colombianos". Las agrupaciones de derechos humanos y los comités de familiares han cuestionado reiteradamente la aplicación de esta calificación penal a civiles y residentes de zonas fronterizas o rurales, argumentando que se trata de montajes judiciales o "falsos positivos".

El rol de las organizaciones de derechos humanos en la verificación

El Comité por la Libertad de los Falsos Positivos Tancol emitió una declaración pública en la que valoró la salida de prisión de estas mujeres como un avance parcial derivado de la persistencia de las familias. No obstante, la organización insistió en su exigencia de que se otorgue la libertad plena y sin restricciones a todos los detenidos por motivos políticos en el territorio nacional.

Por su parte, la organización civil Surgentes confirmó de manera independiente la excarcelación de este grupo femenino, especificando que entre las personas procesadas bajo la etiqueta de "Tancol" se encontraba una adolescente.

La labor de documentación y confirmación de estos procesos judiciales suele presentar dificultades técnicas debido al acceso limitado a las actas procesales y a las bases de datos de los centros penitenciarios. La organización Foro Penal, a través de su director vicepresidente Gonzalo Himiob, indicó a la agencia de noticias EFE que sus equipos de defensa jurídica iniciaron de inmediato las labores de verificación individual de cada caso. Himiob precisó que, de acuerdo con los reportes preliminares recibidos por la organización, la cifra de excarcelados superaba las 20 personas, aunque el proceso de confirmación directa continuaba en desarrollo debido a la dispersión de los centros de reclusión.

De igual manera, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) reportó mediante sus canales oficiales la confirmación de al menos 29 excarcelaciones en distintas dependencias carcelarias. La organización aclaró que un lote de 17 personas de las que fueron liberadas durante el fin de semana no se encontraba previamente en sus listados de presos políticos. JEP explicó que esta situación obedece a los estrictos parámetros metodológicos y de tipificación penal que emplea la institución para registrar formalmente los casos de detención política, lo cual no disminuye la relevancia de sus procesos judiciales ni el seguimiento que realizan a sus respectivas situaciones jurídicas.

Otros perfiles de los excarcelados y el estatus legal

Además del grupo de mujeres recluidas en el INOF, las organizaciones de derechos humanos documentaron la excarcelación de figuras del ámbito militar y civil que llevaban varios años en prisión. Entre ellos se encuentra el excoronel Miguel Castillo Cedeño, quien permanecía privado de libertad desde el año 2019, y Frank Cabañas, detenido en el año 2017. Ambos ciudadanos estaban acusados por el Ministerio Público de participar en presuntas actividades de conspiración y planes de desestabilización contra las instituciones del Estado.

De acuerdo con los datos históricos de Foro Penal, antes de que se produjeran estas medidas de liberación el número de presos políticos en Venezuela se ubicaba en 344 personas.

Es pertinente señalar que, en la práctica jurídica venezolana, el término "excarcelación" no implica el sobreseimiento de la causa ni la libertad absoluta de los procesados. En la mayoría de los casos documentados por las organizaciones civiles, las personas excarceladas quedan sujetas a medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad. Estas medidas suelen incluir la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse periódicamente ante los tribunales de la causa y la prohibición de declarar ante los medios de comunicación o participar en manifestaciones públicas.

El contexto político y las mesas de negociación

El desarrollo de estas medidas judiciales coincide con el cierre de la segunda ronda de conversaciones políticas entre las delegaciones de la administración de Nicolás Maduro y los sectores de la oposición. Aunque los voceros del oficialismo han declarado públicamente en reiteradas ocasiones que la situación de los detenidos por razones políticas no forma parte de la agenda formal de negociación de la mesa de diálogo, los anuncios de excarcelaciones suelen coincidir temporalmente con la finalización de estos encuentros bilaterales o con visitas de comisiones internacionales de derechos humanos.

Este proceso de excarcelaciones se inscribe dentro de una dinámica de medidas sustitutivas que se ha desarrollado de manera intermitente. Según los registros de las organizaciones de derechos humanos, tras las reconfiguraciones políticas ocurridas a inicios de año, que incluyeron la asunción de funciones de Delcy Rodríguez en la conducción de ciertos procesos gubernamentales, se han promovido diversos instrumentos jurídicos como leyes de amnistía y decretos de sobreseimiento. Estos mecanismos legales han beneficiado a más de 8.000 ciudadanos, de los cuales la gran mayoría ya se encontraba bajo regímenes de libertad restringida o medidas de presentación ante los tribunales de control.

La comunidad internacional y los relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas han mantenido el exhorto a las autoridades judiciales venezolanas para que revisen de manera exhaustiva las causas penales de las personas detenidas bajo cargos de terrorismo, asociación para delinquir y conspiración, con el fin de garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y la eliminación de detenciones arbitrarias como herramienta de control político.

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