Carta pública a Dinorah Figuera, por Joaquín Chaparro
Propuesta Ciudadana sobre la Ruta Electoral, Relegitimación Institucional y Garantías Democráticas en Venezuela. ¡Sin María en la mesa, su diplomacia de papel entra en un
La representación de la organización ciudadana "Somos Sociedad Civil-Zulia en Movimiento con María Corina y Edmundo", bajo la firma del abogado Joaquín Chaparro Oliveros, envió una carta pública dirigida a Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015. El documento responde a la convocatoria abierta por Figuera para recibir propuestas destinadas a la reorganización institucional de Venezuela. En el texto, los firmantes advierten que cualquier iniciativa de diálogo o negociación que no cuente con la participación de María Corina Machado y de la Plataforma Unitaria carecerá del respaldo de la mayoría de la población venezolana y quedará en una situación de inoperancia.
Exigencia de legitimidad y fatiga ciudadana
De acuerdo con el documento presentado por Chaparro, la instalación de espacios de discusión política requiere de una representatividad real para evitar caer en gestiones diplomáticas sin efectos prácticos. La organización civil señala que la mesa de trabajo convocada para el primero de agosto necesita la presencia activa de los liderazgos legitimados por el voto popular. En este sentido, la carta enfatiza que la ausencia de Machado y de la coalición opositora principal sitúa las iniciativas en un estado de parálisis frente a las demandas de la sociedad.
El texto describe una situación de agotamiento generalizado en la población venezolana debido a la prolongación del conflicto político sin resultados concretos, las deficiencias salariales y la falta de condiciones electorales competitivas. Según los firmantes, la ciudadanía demanda soluciones pragmáticas que permitan restablecer la institucionalidad del país y asegurar condiciones de vida dignas, apartándose de debates políticos que califican de infructuosos.
Creación de una Comisión de Conducción
Para viabilizar una transición ordenada, la propuesta de la organización zuliana plantea la creación inmediata de una Comisión de Conducción y Relegitimación. Este organismo estaría integrado por 20 representantes de diversos sectores y contaría con un esquema de acompañamiento internacional. De manera específica, el documento propone la participación de voceros internacionales, mencionando el papel del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, como parte de este respaldo externo, condicionado a la presencia directa de María Corina Machado en el proceso.
La función principal de esta comisión, según detalla la misiva enviada a Figuera, sería coordinar la designación de nuevas autoridades públicas y establecer un camino jurídico claro para el país. Entre las tareas prioritarias asignadas a esta instancia se encuentra la reestructuración del Poder Electoral y del Poder Judicial, mediante la conformación de un Consejo Nacional Electoral independiente y un Tribunal Supremo de Justicia desvinculado de intereses partidistas.
La ruta electoral con límite en 2027
El planteamiento de "Somos Sociedad Civil-Zulia en Movimiento" sostiene que el voto popular es el único mecanismo válido para reorganizar la estructura del Estado venezolano. Por ello, la comisión propuesta tendría la responsabilidad de gestionar un cronograma electoral preciso. El punto central de esta planificación, definido en la carta como un elemento no negociable, es el establecimiento de la elección presidencial para realizarse, a más tardar, durante el segundo semestre del año 2027.
Los firmantes rechazan las discusiones teóricas sobre juntas de gobierno transitorias y abogan por una ruta electoral directa y transparente. Esta vía debe garantizar que el proceso de votación cumpla con estándares de equidad y justicia para que los resultados gocen de reconocimiento interno y externo.
Condiciones para un proceso transparente
El documento enviado a la presidencia de la Asamblea Nacional de 2015 detalla una serie de garantías democráticas indispensables para que cualquier consulta electoral sea considerada válida. Entre las exigencias presentadas por la organización civil se encuentran:
La liberación absoluta de todos los ciudadanos, tanto civiles como militares, que se encuentran privados de libertad por motivos políticos en el territorio nacional.
El restablecimiento pleno de la libertad de prensa. Esto incluye el levantamiento de las medidas de bloqueo contra medios de comunicación digitales, la devolución de las sedes y activos de periódicos y emisoras clausuradas, y la liberación de los periodistas detenidos en el ejercicio de sus funciones.
La restitución de las tarjetas electorales y los símbolos partidistas a las organizaciones políticas que han sido objeto de procesos de judicialización.
La habilitación de todos los aspirantes presidenciales y candidatos a cargos públicos, eliminando las restricciones administrativas y las inhabilitaciones políticas.
La garantía del derecho al sufragio para la totalidad de los venezolanos mayores de 18 años, asegurando los mecanismos necesarios para la participación de los ciudadanos residentes en el exterior.
Restablecimiento de la soberanía popular
La propuesta concluye con un llamado a respetar el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que la soberanía reside de forma intransferible en el pueblo. El documento firmado por Joaquín Chaparro insiste en la necesidad de superar los esquemas de tutela externa y devolver el poder de decisión a los ciudadanos a través de mecanismos constitucionales. La entrega de este documento busca ofrecer una alternativa estructurada frente al llamado de Dinorah Figuera para la reconstrucción democrática del país.
