Reconfiguración del Financiamiento: Subsidios a la Demanda y Liberación del Encaje Legal
Para que esta reactivación del sector sea viable, la CVC ha planteado cambios en la forma de entregar los recursos. En lugar del modelo tradicional de financiamiento directo a los promotores, la Cámara sugiere adoptar un esquema de subsidios portátiles a la demanda. Bajo esta modalidad, el subsidio del 80% anunciado por el Gobierno se entregaría directamente a los damnificados a través de un certificado digital de vivienda. Rafael Torrealba detalló que este mecanismo permitiría a cualquier venezolano que perdió su vivienda decidir dónde comprar, en qué zona del país y a qué promotor, promoviendo así la democratización del acceso al hogar y garantizando mayor transparencia en la asignación de recursos.
Adicionalmente, el gremio ha solicitado al Banco Central de Venezuela (BCV) la liberación del encaje legal. Esta medida, según la CVC, permitiría a la banca nacional otorgar créditos puente a las constructoras, facilitando la liquidez necesaria para la ejecución de proyectos. Asimismo, se propone que la banca pueda cubrir el 20% complementario de los créditos hipotecarios para los compradores, lo cual es crucial para hacer las viviendas accesibles. No obstante, los voceros de la CVC advirtieron que ninguna propuesta financiera será efectiva si no se eliminan las "ataduras" legales que, según ellos, han paralizado al sector durante años, como la Ley contra la Estafa Inmobiliaria y la Ley del Deudor Hipotecario.
El Marco Legal y las "Ataduras" al Sector Construcción
Francisco Pimentel explicó que la Ley contra la Estafa Inmobiliaria ha "atado de manos" al constructor, prohibiendo el financiamiento por preventa y obligando a fijar precios en bolívares en un contexto de alta inflación y devaluación, lo que ha hecho imposible el desarrollo de nuevas viviendas. Según Pimentel, la normativa actual estableció que el precio de la vivienda debía fijarse en bolívares a precio fijo, una condición insostenible en una economía que ha experimentado la eliminación de múltiples ceros a su moneda nacional. Además, esta ley prohíbe la obtención de utilidad para el grupo promotor, eliminando cualquier incentivo para la inversión privada en el sector.
La CVC también abogó por reformar la Ley del Deudor Hipotecario para permitir el uso de divisas en las operaciones inmobiliarias. La indexación de los precios y la posibilidad de transar en divisas son vistas por el gremio como mecanismos esenciales para recuperar la confianza de los inversionistas y garantizar la viabilidad financiera de los proyectos en el actual entorno económico venezolano. La eliminación de estas barreras legales es considerada por la CVC como un paso indispensable para la reactivación del sector y la atracción de capitales.
Transparencia Internacional y Auditoría de Fondos
La CVC reconoce que la banca nacional presenta limitaciones de liquidez, lo que hace necesario buscar fuentes de financiamiento externas. En este sentido, la Cámara ha detallado una alianza estratégica con la Cámara Petrolera y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Este convenio contempla la creación de un fideicomiso internacional, diseñado para garantizar la transparencia y la correcta administración de los fondos.
Lawrence Dow Quizena, segundo vicepresidente de la CVC, señaló que la CAF contratará a una compañía de inspección para validar todos los trabajos que se realicen. Además, el proceso será auditado por una de las firmas del grupo "Big Four", un conjunto de las cuatro auditoras y consultoras más grandes del mundo, lo que busca garantizar la integridad y la rendición de cuentas de los fondos invertidos en la reconstrucción y construcción de viviendas. Este nivel de auditoría y transparencia es fundamental para atraer la inversión internacional y asegurar la confianza de los actores involucrados.
Seguridad Estructural y Lecciones de los Sismos
Más allá de la reactivación económica y financiera, la CVC, en conjunto con la Academia Nacional de Ingeniería y el Colegio de Arquitectos, ha exhortado al Estado a conformar una comisión técnica paritaria. El objetivo de esta comisión sería auditar estructuralmente tanto los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela como las edificaciones privadas. El gremio insiste en que no se deben demoler estructuras colapsadas sin antes realizar una ingeniería forense estructural exhaustiva que determine las causas de las fallas. "Los edificios afectados constituyen evidencia técnica irrepetible", indica el pronunciamiento conjunto, subrayando que estos datos son vitales para actualizar las normas sismorresistentes del país.
Gustavo García Carrasquero, presidente de la CVC, destacó la importancia de la ingeniería moderna para edificar en terrenos menos firmes, mediante técnicas como el pilotaje profundo, aunque esto eleva los costos de construcción. García Carrasquero contrastó los fallos observados en algunos urbanismos con la estabilidad de otros edificios de la Gran Misión construidos en suelos adecuados, como los cercanos al aeropuerto de Maiquetía, que permanecieron "impecables" tras los sismos. Esta observación subraya la necesidad de una planificación y ejecución técnica rigurosa en todos los proyectos de construcción. "Quizás las malas decisiones se toman cuando se construyen en un terreno malo sin las medidas de ingeniería correctas", apuntó García Carrasquero, enfatizando la importancia de la prevención y el cumplimiento de las normas técnicas.
Implicaciones Económicas y Sociales
La propuesta de la CVC no solo busca resolver la emergencia habitacional, sino también generar un impulso significativo para la economía nacional. Leopoldo Batista, expresidente de la Cámara, apuntó que este plan de reconstrucción podría generar un "boom económico" con un factor multiplicador de hasta 16 veces para la economía nacional. El sector privado, según Batista, tiene la experiencia y la capacidad para producir masivamente viviendas, como lo hizo en el pasado. La reactivación de la construcción implica la creación de empleos directos e indirectos, el aumento de la demanda de materiales y servicios, y la dinamización de cadenas de valor asociadas, lo que podría tener un efecto positivo en diversos sectores económicos.
Desde una perspectiva social, la culminación de miles de viviendas no solo atendería la necesidad de techo para las familias afectadas por los sismos, sino que también contribuiría a reducir el déficit habitacional histórico del país. Un acceso más amplio a una vivienda digna tiene implicaciones directas en la calidad de vida, la salud pública y la estabilidad social. La posibilidad de que los damnificados elijan dónde comprar su vivienda, a través de los subsidios portátiles a la demanda, representa un avance hacia una mayor autonomía y empoderamiento de los ciudadanos en la búsqueda de soluciones habitacionales.
Conclusión
La Cámara Venezolana de la Construcción ha presentado un conjunto de propuestas que buscan la colaboración entre el sector público y privado como vía para superar la emergencia habitacional y reactivar la economía. La finalización de proyectos inconclusos de la GMVV, la reforma de leyes consideradas restrictivas, la implementación de subsidios a la demanda y la búsqueda de financiamiento transparente a través de fideicomisos internacionales son los pilares de esta iniciativa. El gremio ha entregado estas propuestas a las autoridades nacionales, con la expectativa de iniciar una coordinación que permita materializar estas alianzas y atender las necesidades de vivienda en Venezuela. El camino hacia la reconstrucción y el desarrollo habitacional requiere no solo inversión, sino también un marco legal y financiero que incentive la participación de todos los actores y garantice la transparencia y la calidad de las obras.
