Bolívar | Trabajadores están en alerta con eventual privatización del servicio eléctrico tras reforma de la Ley
Los trabajadores jubilados y activos del sector eléctrico tienen incertidumbre sobre su futuro con la eventual privatización del Sistema Eléctrico Nacional luego de aprobarse la reforma de la Ley del Sistema y Servicio Eléctrico que debate la Asamblea Nacional. Carlos Reyes, trabajador jubilado y miembro del Sindicato Eléctrico del Estado Bolívar (Suteeb), indicó que la […]
La entrada Bolívar | Trabajadores están en alerta con eventual privatización del servicio eléctrico tras reforma de la Ley se publicó primero en El Pitazo.
E
Fuente Original
El Pitazo
5 jun. 2026
Privatización Eléctrica en Venezuela: La Alerta de los Trabajadores y el Símbolo de un Sistema en Colapso
CARACAS, Venezuela. – En los pasillos de la Asamblea Nacional, un debate legislativo silencioso para la mayoría, pero estruendoso para los directamente afectados, está delineando el futuro del servicio eléctrico en Venezuela. La reforma a la Ley del Sistema y Servicio Eléctrico, que avanza en el parlamento, abre la puerta a la participación de capital 100% privado en la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía. Esta medida, vista por el oficialismo como una solución a la profunda crisis que azota al país, ha encendido las alarmas entre los trabajadores jubilados y activos del sector, quienes denuncian exclusión y temen por su futuro laboral y el patrimonio nacional.
La posible privatización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) no es solo una cuestión económica; es un espejo de la degradación institucional y de la promesa incumplida de un modelo de gestión estatal que, en lugar de garantizar la soberanía energética y el bienestar social, ha sumido a la nación en una oscuridad intermitente y desesperanzadora. Los ojos de los venezolanos, acostumbrados a las fallas diarias, ahora se posan sobre este proceso legislativo, esperando que, por primera vez en años, una decisión política se traduzca en luz y estabilidad, y no en más penumbra.
Un Legado de Nacionalización y Decadencia
Para entender la magnitud de la propuesta de privatización, es fundamental recordar el camino que ha recorrido el servicio eléctrico venezolano. Durante décadas, el sector estuvo compuesto por una mezcla de empresas estatales y algunas concesiones privadas, operando con relativa eficiencia en comparación con el actual escenario. Sin embargo, con la llegada de la Revolución Bolivariana, se consolidó un proceso de nacionalización y centralización que prometía un servicio de calidad para todos los venezolanos, bajo el control directo del Estado.
En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez anunció la creación de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) con la fusión de todas las empresas eléctricas regionales y nacionales, incluyendo la emblemática CADAFE, ENELVEN, CALIFE, y otras. La premisa era clara: unificar criterios, optimizar recursos y garantizar la soberanía energética. Se invirtieron miles de millones de dólares en supuestas mejoras y expansiones, con la promesa de convertir a Venezuela en una potencia energética regional, gracias a sus vastos recursos hídricos y sus reservas de gas y petróleo para la generación termoeléctrica.
Comentarios de la comunidad
Iniciá sesión para comentar y sumarte a la conversación.
Sin embargo, la realidad distó mucho de la promesa. Lo que siguió fue una década de deterioro progresivo: falta de mantenimiento, corrupción rampante, fuga de talentos, politización de la gerencia y una crónica desinversión en infraestructura crítica. El Guri, la joya de la corona hidroeléctrica de Venezuela y una de las represas más grandes del mundo, capaz de generar hasta 10.000 MW por sí sola y con un potencial total de 26.000 MW para el país, comenzó a operar a fracciones de su capacidad. Las plantas termoeléctricas, vitales para complementar la generación hidroeléctrica y estabilizar el sistema, cayeron en el abandono, sin repuestos ni combustible. El resultado: un sistema colapsado, incapaz de satisfacer una demanda que, según el trabajador jubilado Carlos Reyes, miembro del Sindicato Eléctrico del Estado Bolívar (Suteeb), ronda los 12.000 megavatios, muy por debajo de los 13.500 que, según él, el ministro de Energía Eléctrica miente al país.
La Reforma y la Voz Excluida de los Trabajadores
La reforma de la Ley del Sistema y Servicio Eléctrico, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional, es una admisión tácita de la incapacidad del Estado para gestionar un servicio esencial. El texto legislativo contempla que empresas con capital 100% privado podrán operar como prestadores del servicio eléctrico en todas sus fases, a través de concesiones que podrían extenderse hasta por 25 años. Esta apertura al capital privado, en un contexto de profunda crisis económica y social, genera una mezcla de esperanza y temor.
Carlos Reyes, un trabajador jubilado que se atreve a hablar a pesar de las presiones que sufren los empleados del sector –calificado como "muy sensible" para el oficialismo–, ha expresado la profunda preocupación de la masa laboral. "Vemos con preocupación ese debate, porque los trabajadores estamos excluidos en esas discusiones. Vemos que ya viene la privatización del sector eléctrico y nosotros queremos saber en qué condiciones quedamos los jubilados y trabajadores activos. ¿Van a comprar la empresa a precio de gallina flaca?", se preguntó Reyes, encapsulando la incertidumbre y el temor a que el patrimonio nacional sea malvendido y los derechos laborales ignorados.
La exclusión de los sindicatos y los trabajadores del debate es un patrón preocupante que se repite en otras reformas legislativas en Venezuela. La falta de consulta con los actores directamente afectados no solo socava la legitimidad del proceso, sino que también desaprovecha el conocimiento técnico y la experiencia acumulada por años en el sector. Reyes, por ejemplo, sugiere que las primeras inversiones deben ir a la generación y distribución, áreas que, según él, están "destruidas", un diagnóstico que coincide con la realidad de los apagones diarios que padece el país.
El déficit de generación eléctrica, que se estima en unos 2.000 megavatios (el equivalente al consumo de toda la Gran Caracas), es un testimonio de esta destrucción. La indisponibilidad de unidades en plantas térmicas por averías, falta de mantenimiento y escasez de combustible son las causas principales, según reportes internos de Corpoelec. Millones de venezolanos se quedan a diario sin luz, experimentando cortes de hasta 12 horas o más en algunas regiones, lo que convierte la electricidad en un lujo y no en un derecho básico.
Implicaciones: Entre la Esperanza del Progreso y el Miedo a la Explotación
La eventual privatización del servicio eléctrico en Venezuela conlleva implicaciones de gran calado en los ámbitos económico, social y político.
Implicaciones Económicas:
La principal expectativa es la inyección de capital fresco. La infraestructura eléctrica venezolana requiere miles de millones de dólares en inversión para ser rehabilitada y modernizada. La participación privada podría traer esa inversión, tecnología y know-how que el Estado ha demostrado ser incapaz de proveer. Esto podría traducirse en una mejora sustancial del servicio, lo que a su vez impulsaría la productividad industrial, comercial y la calidad de vida en general.
Sin embargo, surgen preguntas cruciales: ¿Bajo qué términos se otorgarán estas concesiones? ¿Serán transparentes los procesos de licitación? La preocupación de Reyes sobre la compra de la empresa "a precio de gallina flaca" no es menor; en un país con instituciones débiles y un historial de corrupción, existe el riesgo de que activos estratégicos sean subvalorados y transferidos a manos privadas en condiciones desfavorables para la nación. Además, la reforma contempla nuevas tarifas para el servicio, lo que podría significar un aumento significativo en los costos para los usuarios, generando una carga adicional en una población ya empobrecida. La viabilidad de las empresas privadas dependerá de tarifas que reflejen los costos de operación e inversión, algo que el actual modelo estatal ha evitado a costa del deterioro del servicio.
Implicaciones Sociales:
La electricidad es un servicio público esencial, fundamental para la calidad de vida, la salud, la educación y la seguridad. Una privatización exitosa podría mejorar drásticamente estos aspectos, al garantizar un suministro estable y confiable. No obstante, una privatización mal gestionada podría exacerbar las desigualdades. Si las nuevas tarifas son inaccesibles para amplios segmentos de la población, o si las empresas privadas priorizan las zonas urbanas y rentables, las comunidades rurales o de bajos ingresos podrían quedar desatendidas o con un servicio deficiente. La privatización también plantea interrogantes sobre el destino de los miles de trabajadores de Corpoelec. Si bien la inversión privada podría generar nuevos empleos, también existe el riesgo de despidos masivos o de precarización de las condiciones laborales, especialmente para los jubilados que dependen de sus pensiones y beneficios. La experiencia de otras privatizaciones en la región muestra que la reestructuración laboral es casi inevitable, generando conflictividad social si no se maneja con políticas de protección adecuadas.
Implicaciones Políticas:
La reforma de la Ley del Sistema y Servicio Eléctrico representa un giro ideológico significativo para un gobierno que ha enarbolado la bandera del socialismo y la estatización como pilares de su modelo. Esta apertura al capital privado es un reconocimiento implícito del fracaso del modelo de gestión estatal y de la necesidad de soluciones pragmáticas ante la urgencia de la crisis. Políticamente, el proceso de privatización será un test para la legitimidad y transparencia de la Asamblea Nacional y del gobierno. La exclusión de los trabajadores del debate, como denunció Carlos Reyes, es un mal precedente. La participación de la sociedad civil, expertos independientes y, crucialmente, de los sindicatos, es indispensable para garantizar que el proceso sea justo y beneficioso para todos los venezolanos, y no solo para unos pocos. La procedencia del capital privado también será un factor político relevante. ¿Serán inversionistas nacionales, o entrarán en juego actores internacionales, y de qué países? Esto podría tener implicaciones geopolíticas y de soberanía a largo plazo.
Conclusión: Un Paso Crucial en la Oscuridad
Venezuela se encuentra en una encrucijada. La reforma de la Ley del Sistema y Servicio Eléctrico y la eventual privatización del sector eléctrico no son solo un cambio en la administración de un servicio; son el reflejo de una nación que busca desesperadamente la luz en medio de una profunda y prolongada oscuridad. La voz de los trabajadores, como la de Carlos Reyes, es un recordatorio de que en este proceso no solo están en juego megavatios y millones de dólares, sino también la vida, el sustento y la dignidad de miles de familias venezolanas.
Desde "Libertad VZLA", reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la libertad de expresión. Es imperativo que este debate se desarrolle con la máxima transparencia, que todas las voces sean escuchadas y que las decisiones se tomen pensando en el bienestar colectivo. El futuro del servicio eléctrico, y con él, una parte fundamental del futuro de Venezuela, depende de ello. La privatización puede ser una tabla de salvación o un nuevo pozo de oscuridad si no se gestiona con ética, eficiencia y una visión genuina de servicio público. La esperanza es que, al final de este camino, la luz vuelva a encenderse de forma permanente en cada hogar venezolano, y que este proceso no se convierta en otra oportunidad perdida para la recuperación del país.
