Cicpc detiene a dos hombres por hurtar pertenencias de las víctimas del terremoto en La Guaira
Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal La Guaira, detuvieron a dos hombres que se dedicaban a hurtar pertenencias de las víctimas del doble terremoto ocurrido el 24 de junio en Venezuela y que devastó al litoral central. Los detenidos quedaron identificados como Cristhian Gentiles Graterol Ricciuti,
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo en el estado La Guaira a dos hombres señalados de sustraer bienes de las viviendas que resultaron afectadas por el doble sismo registrado el pasado 24 de junio en el territorio nacional. La información, difundida inicialmente por el portal de noticias El Pitazo, fue ratificada por el director nacional de este cuerpo de seguridad, el comisario general Douglas Rico, a través de sus canales oficiales de comunicación. Los implicados aprovechaban el estado de deterioro de las estructuras habitacionales para ingresar y sustraer objetos de valor pertenecientes a las familias damnificadas.
Los detenidos fueron identificados por las autoridades como Cristhian Gentiles Graterol Ricciuti, de 26 años de edad, y Luis Felipe González Castellanos, de 33 años. El procedimiento estuvo a cargo de los funcionarios adscritos a la Delegación Municipal La Guaira, quienes realizaron las pesquisas en los sectores vulnerables del litoral central venezolano tras recibir denuncias sobre la pérdida de enseres en las zonas más golpeadas por el evento sísmico.
El modus operandi en zonas de desastre
De acuerdo con el reporte oficial del Cicpc, el patrón de actuación de Graterol y González consistía en recorrer las comunidades que presentaron mayores daños de infraestructura luego de los movimientos telúricos del 24 de junio. Los hombres identificaban aquellas viviendas que habían sido desalojadas por sus propietarios debido al riesgo de colapso o que mostraban grietas y accesos expuestos por el colapso de paredes y techos.
Una vez detectadas las propiedades vulnerables, los sujetos ingresaban a los inmuebles para apoderarse de electrodomésticos, herramientas, prendas y otros artículos de valor de las víctimas. Posteriormente, trasladaban los objetos sustraídos para comercializarlos en el mercado informal, obteniendo beneficios económicos a partir de los bienes de las familias que se encontraban en situación de refugio o resguardo temporal.
La captura se produjo luego de que los vecinos del sector alertaran a las comisiones policiales sobre la presencia de personas ajenas a la comunidad que rondaban las estructuras comprometidas. Las labores de patrullaje y escudriñamiento en el área permitieron la ubicación y el arresto en flagrancia de ambos ciudadanos.
Historial delictivo y requerimientos judiciales
Tras la detención, los investigadores verificaron las identidades de los ciudadanos en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol) para constatar si presentaban solicitudes pendientes ante la justicia venezolana. El resultado de la consulta arrojó que uno de los detenidos posee un amplio expediente judicial.
Luis Felipe González Castellanos presenta dos solicitudes activas emitidas por los Tribunales Tercero y Quinto de Control del estado La Guaira. Los delitos por los cuales es requerido por las instancias judiciales incluyen hurto, agavillamiento y robo bajo la modalidad de arrebato. Asimismo, el registro del Siipol detalló que González Castellanos cuenta con antecedentes previos por la comisión de lesiones personales, así como por el comercio y distribución de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la región costera.
Por su parte, el caso de ambos detenidos fue remitido a la orden del Ministerio Público del estado La Guaira, organismo que se encargará de coordinar la presentación ante los tribunales correspondientes y de dar continuidad al proceso penal por los delitos cometidos en el contexto de la emergencia habitacional.
Implicaciones legales del hurto calamitoso
El ordenamiento jurídico venezolano contempla sanciones específicas para quienes cometen delitos contra la propiedad aprovechándose de situaciones de catástrofe, calamidad pública o desgracia particular de las víctimas. El Código Penal de Venezuela califica estas acciones bajo condiciones agravantes, dado que los autores se valen del estado de indefensión en el que se encuentran los ciudadanos debido a un fenómeno natural o accidente grave.
La legislación penal establece que el hurto cometido en viviendas dañadas por terremotos, inundaciones u otros desastres naturales no se procesa como un delito simple. Al existir un aprovechamiento de la vulnerabilidad física de los inmuebles y de la ausencia forzada de sus habitantes, la calificación jurídica suele elevarse a hurto calificado o agravado, lo que conlleva un incremento en las penas de prisión aplicables en comparación con los hurtos comunes.
Estas medidas judiciales buscan desincentivar el pillaje en momentos donde la seguridad del Estado y los recursos de protección civil se encuentran concentrados en la atención de heridos, la evaluación de riesgos estructurales y el rescate de sobrevivientes.
El contexto de vulnerabilidad en el litoral central
El litoral central de Venezuela, históricamente afectado por eventos socioambientales de gran magnitud, presenta características geográficas y de construcción que elevan el nivel de riesgo ante movimientos sísmicos. La actividad de los sistemas de fallas del norte del país expone de manera constante a las comunidades de La Guaira a este tipo de contingencias.
Cuando ocurren sismos que comprometen la estabilidad de los hogares, las familias se ven obligadas a abandonar sus pertenencias para salvaguardar sus vidas. Esta desocupación repentina genera un escenario de desprotección que es explotado por la delincuencia común. La pérdida de los bienes materiales en medio de un desastre natural agrava la crisis humanitaria de las familias afectadas, quienes no solo deben afrontar la reconstrucción de sus viviendas, sino también la pérdida de su patrimonio básico acumulado.
La respuesta de las comunidades organizadas y la denuncia oportuna ante los cuerpos de seguridad del Estado han sido señaladas por los analistas de seguridad como factores determinantes para contener el avance del pillaje en las zonas de desastre. La articulación entre la ciudadanía y las delegaciones policiales locales permite establecer perímetros de vigilancia en las áreas residenciales desalojadas, mitigando el impacto de la delincuencia en momentos de emergencia colectiva.
