Bolívar | Jubilados sobre deudas laborales: «Paguen con lo que le están confiscando a Alex Saab»
Ciudad Guayana.- Que las deudas laborales de los trabajadores públicos se paguen con el dinero y las propiedades presuntamente confiscadas por hechos de corrupción es lo que exigen los jubilados del estado Bolívar, quienes ejecutaron una protesta este miércoles, 27 de mayo en Puerto Ordaz. “Aquellos que tienen mansiones en Los Roques y cuentas con […]
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El Pitazo
27 may. 2026
Bolívar: El Clamor de una Generación por Justicia Laboral, Exige Pagar Deudas con Bienes Confiscados a la Corrupción
PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR. – En un acto que encapsula la profunda crisis económica y moral que azota a Venezuela, miles de jubilados de las otrora pujantes industrias básicas del estado Bolívar han elevado una demanda que resuena con la frustración y el anhelo de justicia de millones de venezolanos: que las millonarias deudas laborales, acumuladas durante años de desidia y colapso, sean saldadas con los bienes confiscados a figuras emblemáticas de la corrupción, como Alex Saab. La protesta, que tuvo lugar este miércoles 27 de mayo en Puerto Ordaz, no es solo un reclamo económico; es una afrenta moral contra un sistema que ha empobrecido a quienes construyeron el país, mientras una élite se enriquecía a expensas del erario público.
El grito de “¡Paguen con lo que le están confiscando a Alex Saab!” se ha convertido en un símbolo potente de la indignación popular. Ramón Bejarano, jubilado y expreso político, articuló con claridad el sentir colectivo: “Aquellos que tienen mansiones en Los Roques y cuentas con dinero robado, eso sirve para pagar las prestaciones de los trabajadores de las empresas básicas. Esas confiscaciones que le están haciendo a Alex Saab, que sean para pagar los pasivos laborales. Que se haga un ‘pote’ con esas incautaciones. En Plus Ultra hay como 200 millones y esperamos que eso sea para los jubilados y pensionados”. Este llamado directo a la acción, que vincula la ostentación de la riqueza ilícita con la miseria de quienes dedicaron su vida al trabajo, pone en el centro del debate la impunidad de la corrupción y la necesidad imperante de reparar el daño social y económico causado por ella.
Una Generación Sacrificada en el Altar de la Corrupción y la Ineficiencia
El estado Bolívar, corazón industrial de Venezuela, es el epicentro de esta dramática situación. Más de 5.000 jubilados de los sectores del hierro, aluminio y acero –pilares fundamentales de la economía venezolana durante décadas– se encuentran en una situación de precariedad extrema. Hombres y mujeres que entregaron entre 30 y 40 años de su vida a empresas como Sidor, Ferrominera Orinoco, Alcasa o Venalum, hoy se ven despojados de la estabilidad mínima que les corresponde por derecho. Sus pensiones, pulverizadas por la hiperinflación y el colapso del valor del bolívar, apenas alcanzan para cubrir una fracción ínfima de la canasta básica alimentaria, mucho menos para medicamentos o servicios esenciales. La dignidad de una generación trabajadora ha sido pisoteada, y su legado, dilapidado.
La crisis de las empresas básicas de Guayana es un espejo de la debacle nacional. Lo que una vez fueron complejos industriales de vanguardia y orgullo nacional, son hoy ruinas productivas, víctimas de la mala gestión, la corrupción endémica y la falta de inversión. La producción ha caído a niveles mínimos históricos, los equipos están obsoletos o inoperativos, y la fuerza laboral ha sido diezmada por despidos masivos, jubilaciones forzadas y la huida de talentos. En este contexto, el impago de las prestaciones laborales no es una anomalía, sino una consecuencia directa del desmantelamiento sistemático de la capacidad productiva del país y el vaciamiento de sus arcas.
El caso de Alfredo Spooner, exrepresentante de la Inspectoría del Trabajo, es un ejemplo elocuente de la disfunción institucional. Los jubilados lo acusan de no haber mediado en favor de los trabajadores, lo que ha contribuido a que miles no hayan cobrado sus prestaciones. “El estado Bolívar tiene récord histórico en conflictos laborales. Esperamos que el que venga no se haga partícipe de las violaciones a los derechos”, señaló Bejarano, evidenciando la desconfianza generalizada en las instituciones encargadas de velar por los derechos laborales. Esta situación no solo subraya la complicidad o inacción de ciertos funcionarios, sino también la sistemática violación de las leyes laborales en un país donde la protección al trabajador parece haberse evaporado.
La Corrupción como Causa Raíz: El Símbolo Alex Saab
La mención específica de Alex Saab no es casual. Su figura se ha convertido en el epítome de la corrupción a gran escala que ha carcomido las finanzas públicas venezolanas. Identificado por Estados Unidos como un presunto testaferro del gobierno, Saab está implicado en esquemas de lavado de dinero y sobreprecios en contratos de importación de alimentos y otros bienes, acumulando una fortuna inmensa a costa de las necesidades más básicas de la población. La exigencia de los jubilados de utilizar sus bienes confiscados para saldar deudas laborales es un golpe directo a la línea de flotación de la narrativa oficial, que intenta desvincular la crisis económica de la corrupción rampante.
La propuesta de “hacer un ‘pote’ con esas incautaciones” no es solo una idea; es una demanda de justicia distributiva. Representa la esperanza de que, al menos una parte de lo que fue robado al pueblo venezolano, pueda ser devuelto a quienes más lo necesitan y a quienes más han contribuido al país. La alusión a “mansiones en Los Roques” y “cuentas con dinero robado” no es retórica; es la cruda realidad de una élite que ha prosperado obscenamente mientras la mayoría de la población se sumerge en la pobreza. Casos como el de Plus Ultra, mencionado por Bejarano, refuerzan la percepción de que existen vastas sumas de dinero y propiedades ilícitas que podrían, teóricamente, ser recuperadas y destinadas a fines sociales urgentes.
Implicaciones: Entre la Desesperación Social y la Urgencia de un Cambio Político
La protesta de los jubilados en Bolívar tiene profundas implicaciones en varios frentes:
Sociales: La movilización es un termómetro de la desesperación social. La dignidad de los jubilados, que debería ser un pilar de cualquier sociedad justa, ha sido vulnerada. La incapacidad de cubrir necesidades básicas genera un sufrimiento inmenso y una profunda frustración. El llamado a la unidad de Juan Valor, jubilado y expreso político, quien relató cómo 1.500 trabajadores de Sidor fueron despachados por falta de comida en los comedores, es un llamado a la conciencia colectiva sobre la degradación de las condiciones laborales y humanas. Esta situación no solo afecta a los jubilados, sino a la totalidad del tejido social venezolano, que observa cómo el esfuerzo de toda una vida es aniquilado por la crisis.
Económicas: La viabilidad de la propuesta de los jubilados, aunque moralmente justa, enfrenta desafíos legales y prácticos significativos. La recuperación de bienes confiscados es un proceso complejo, a menudo transnacional, y la cantidad total de activos recuperables versus la magnitud de la deuda laboral es un debate abierto. Sin embargo, la exigencia pone de manifiesto la necesidad urgente de mecanismos transparentes para la recuperación de activos producto de la corrupción y su reinversión en beneficio de la sociedad. La crisis de las empresas básicas de Guayana es también un recordatorio de que la recuperación económica de Venezuela pasa por la reconstrucción de su aparato productivo y el respeto a los derechos laborales.
Políticas: La demanda de los jubilados representa un desafío directo a la narrativa y la legitimidad del gobierno. La corrupción se ha convertido en uno de los principales factores de erosión de la confianza pública. La manera en que el Estado responda a este clamor –o si lo ignora– tendrá un impacto significativo en la percepción de su compromiso con la justicia y el bienestar social. Además, la mención de Omar Marcano, trabajador de Ferrominera Orinoco, sobre los despidos por motivos políticos y la creación de una “lista de no requeridos”, subraya la politización del ámbito laboral y la vulneración de los derechos fundamentales de asociación y expresión en el seno de las empresas estatales. Las protestas, aunque localizadas, tienen el potencial de catalizar un descontento más amplio y servir como un llamado a la acción para otros sectores afectados.
Un Futuro Pendiente de Justicia
El clamor de los jubilados de Bolívar es un eco de la voz de millones de venezolanos que exigen justicia, transparencia y rendición de cuentas. Es la voz de una generación que construyó un país y que hoy ve cómo su legado es despojado por la corrupción y la ineficiencia. Su demanda de pagar las deudas laborales con los bienes confiscados a la corrupción no es solo una medida económica; es un imperativo moral. Es una exigencia de que los recursos que fueron robados al pueblo regresen al pueblo, y que aquellos que se enriquecieron ilícitamente asuman la responsabilidad por el daño causado.
Desde "Libertad VZLA", reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos y laborales. La lucha de estos jubilados no es solo por su sustento, sino por la dignidad de una nación. Su persistencia en las calles, a pesar de las dificultades y los riesgos, es un testimonio de la inquebrantable voluntad del pueblo venezolano de reclamar un futuro de justicia, transparencia y prosperidad. La deuda con ellos no es solo económica; es una deuda de honor que el país entero está obligado a saldar.
