La necesidad de claridad sobre el paradero de miles de personas tras los recientes sismos en Venezuela es un reclamo central que, según el análisis de Ángel Montiel, el Estado no ha abordado con la transparencia requerida. La gestión de una crisis de esta magnitud exige la divulgación de datos precisos y accesibles, un principio fundamental para la reconstrucción y para garantizar el derecho ciudadano a la información. La omisión de registros sobre personas no localizadas no solo genera incertidumbre, sino que, de acuerdo con Montiel, representa una decisión que afecta directamente los derechos de las familias impactadas y obstaculiza tanto las labores de rescate como el acceso efectivo a la ayuda humanitaria.
Montiel subraya que la opacidad oficial, particularmente desde las vocerías gubernamentales, incluyendo la de Jorge Rodríguez, prioriza un control político sobre la atención al impacto humano de la emergencia. Esta postura, argumenta, no solo desvía la atención del sufrimiento de la población, sino que también impide una respuesta coordinada y eficiente por parte de organizaciones y ciudadanía. La reconstrucción del país, en un contexto post-desastre, debe cimentarse en el respeto a la verdad y en la restauración de la confianza, elementos que se ven comprometidos cuando la información esencial es retenida.
La Información como Pilar de la Respuesta
La gestión de desastres, según el análisis de Montiel, requiere una auditoría exhaustiva de los protocolos de actuación y de la información centralizada por el Estado. Una sociedad que espera protección de sus autoridades necesita estadísticas exactas, indicadores verificables y una comunicación completamente transparente. Este no es un debate político, sino una exigencia de carácter ético y humanitario. El Estado tiene la responsabilidad de comunicar con exactitud cuántos ciudadanos continúan sin ser localizados y cuál es el estado de las operaciones de búsqueda. La falta de transparencia en momentos críticos no solo oculta la realidad de la situación, sino que fomenta la desconfianza pública y agudiza la angustia de las personas que aguardan noticias de sus seres queridos.
