Alcaldía de Chacao: propietarios de apartamentos colapsados conservan los derechos sobre el terreno
Caracas.- La Alcaldía de Chacao ofreció este 21 de julio información legal sobre lo que deben hacer las personas que fueron afectadas por el doblete sísmico y necesitan tramitar la Presunción de Muerte por Accidente, al tiempo que aclaró que los propietarios de los edificios colapsados siguen teniendo derechos sobre el terreno. A través de
Los ciudadanos que perdieron sus viviendas debido al colapso de edificios residenciales en el municipio Chacao, tras el doblete sísmico registrado en el territorio nacional, conservan la propiedad proporcional del terreno donde se erigían dichas estructuras. Así lo aclaró la Alcaldía de Chacao a través de sus canales oficiales de información, fundamentando la medida en el ordenamiento jurídico venezolano vigente. Según el reporte publicado por el medio digital El Pitazo, la Consultoría Jurídica del ayuntamiento metropolitano precisó que la pérdida física de una edificación multifamiliar no anula los derechos reales de sus antiguos ocupantes sobre la parcela de tierra subyacente.
La precisión legal busca ofrecer certidumbre institucional a las familias afectadas en medio de la contingencia habitacional y civil generada por los terremotos. De acuerdo con las autoridades municipales, tanto el Código Civil de Venezuela como la Ley de Propiedad Horizontal consagran que la destrucción, sea total o parcial, de un inmueble no extingue el derecho de propiedad sobre el suelo que lo sustentaba. En consecuencia, cada propietario de un apartamento mantiene una cuota de participación sobre el terreno, la cual es directamente proporcional a la alícuota que poseía en el condominio antes del siniestro.
El marco legal de la copropiedad y el suelo
La legislación venezolana prevé mecanismos específicos para regular la propiedad horizontal cuando ocurren siniestros de gran magnitud. La Consultoría Jurídica de la Alcaldía de Chacao enfatizó que el terreno sigue perteneciendo a los copropietarios en régimen de comunidad de bienes. Esto implica que ninguna autoridad local, particular o empresa constructora puede disponer del espacio geográfico donde se ubicaban los edificios colapsados sin el consentimiento expreso y unánime de los titulares de dichos derechos.
Ante este escenario, la administración local recomendó a los afectados restablecer la comunicación con los miembros de sus respectivas juntas de condominio y buscar asesoría jurídica especializada. La coordinación colectiva es indispensable para definir el destino de los terrenos, ya sea para proyectos de reconstrucción conjunta, la negociación de la parcela con terceros o la gestión de indemnizaciones y apoyos estatales. El mantenimiento de la personalidad jurídica de los condominios, incluso tras la desaparición física de la estructura, es el instrumento legal que permite a los vecinos actuar como un solo cuerpo ante las instancias públicas y privadas.
Procedimiento para la presunción de muerte por accidente
Además de las aclaratorias sobre los derechos de propiedad, la Alcaldía de Chacao difundió el protocolo legal que deben seguir los familiares de las personas desaparecidas durante el sismo para tramitar la Presunción de Muerte por Accidente. Este procedimiento es un requisito indispensable para iniciar los procesos de sucesión hereditaria, cobro de seguros y regularización del estado civil de los sobrevivientes.
De acuerdo con las orientaciones municipales basadas en los artículos 438, 439 y 440 del Código Civil, los familiares deben acudir a los tribunales civiles de primera instancia con competencia en la materia. El trámite exige la consignación de pruebas documentales e indicios que demuestren fehacientemente la presencia de la persona desaparecida en el lugar y en el momento exacto en que ocurrió el colapso de la edificación.
Para agilizar el proceso judicial, las autoridades recomiendan recabar y presentar los siguientes documentos:
- Actas de nacimiento y de matrimonio de las víctimas y de sus herederos directos.
- Títulos de propiedad de los inmuebles afectados o contratos de arrendamiento que vinculen a la persona con la dirección del suceso.
- Declaraciones de testigos o reportes de los organismos de rescate que confirmen la desaparición en el sitio del siniestro.
- Cualquier otro registro público que facilite la determinación de la filiación y el patrimonio.
Este camino legal se ejecuta en concordancia con las normas especiales de emergencia dictadas por el Poder Ejecutivo y las resoluciones emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para simplificar los trámites sucesorales en contextos de catástrofe. Paralelamente, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) instó a los familiares de las víctimas a someterse a pruebas de ADN para acelerar los procesos de identificación científica.
Balance de daños estructurales y humanos
Las directrices legales se emiten en un contexto de evaluación de daños tras el evento telúrico. Según el balance oficial presentado el 20 de julio por la vicepresidenta de la administración central, Delcy Rodríguez, el doblete sísmico causó la muerte de 5.208 personas a nivel nacional. Asimismo, el informe estatal contabiliza 190 edificios colapsados y 856 estructuras con afectaciones de diversa gravedad en todo el país.
En el ámbito específico del municipio Chacao, el alcalde Gustavo Duque informó que se registró el derrumbe total de tres edificios residenciales de densidad media: las residencias Don Pepe, Petunia y Belmont. El catastro de la alcaldía determinó, tras las inspecciones de ingeniería municipal y Protección Civil, que 46 edificaciones de la localidad fueron catalogadas con "etiqueta roja", lo que significa que presentan daños estructurales severos no reparables a corto plazo y se consideran no habitables. Por otra parte, 157 inmuebles recibieron la "etiqueta amarilla", que identifica daños parciales susceptibles de reparación bajo estricta supervisión técnica.
Desafíos económicos y de reconstrucción
La preservación de los derechos sobre el suelo plantea un debate complejo sobre el futuro urbano de las zonas afectadas en el área metropolitana de Caracas. Aunque la ley protege la propiedad del terreno, la capacidad económica de los copropietarios para financiar una reconstrucción autónoma es limitada debido a la situación financiera general del país y la ausencia de créditos bancarios a largo plazo para el sector construcción.
Especialistas en urbanismo y derecho inmobiliario señalan que el destino de estas parcelas dependerá de la viabilidad de establecer alianzas estratégicas entre las juntas de condominio, el sector privado y las autoridades gubernamentales. La venta del terreno de manera colectiva se perfila como una de las opciones para que las familias recuperen una parte del valor de su patrimonio perdido, aunque esto requiere el acuerdo unánime de todos los copropietarios o de sus herederos legales, un proceso que podría demorarse debido a los trámites de declaración de presunción de muerte y la resolución de las sucesiones pendientes.
