En un grito colectivo que resuena con años de frustración y abandono, los adultos mayores de Venezuela, congregados en diversas organizaciones de jubilados y trabajadores activos, acudieron a la Defensoría del Pueblo para exigir "dignidad", no limosna. Su reclamo, presentado a la titular de la institución, Eglée González Lobato, abarca salarios y pensiones justas, un sistema de salud funcional que les garantice atención y el pago de deudas históricas que el Estado mantiene con ellos, una lucha que se intensifica en vísperas del Día del Adulto Mayor, el próximo 29 de mayo de 2026.
La imagen de estos hombres y mujeres, muchos de ellos con el peso de décadas de servicio a la nación sobre sus hombros, buscando una respuesta en la sede de la Defensoría en el Centro Financiero Latino de Caracas, es un doloroso recordatorio de la profunda crisis humanitaria que atraviesa el país. No es una petición nueva; es la enésima vez que elevan su voz ante las instancias del poder público, con la esperanza de que esta vez, finalmente, sus clamores sean escuchados y se traduzcan en acciones concretas que les permitan vivir una vejez con el mínimo de decoro.
La Lucha por una Vejez Digna: Más Allá de los Números
La voz de Luisa Rada, presidenta de la Federación de Jubilados de la Educación, se alzó como un faro de la desesperación colectiva. Su mensaje fue claro: la principal demanda es un salario que permita vivir, que honre los derechos al trabajo, a la libre asociación y, sobre todo, a disfrutar de una vejez tranquila, lejos de la angustia por la falta de dinero o la imposibilidad de acceder a servicios de salud básicos. Para estos abuelos y abuelas, la subsistencia se ha convertido en una odisea diaria, una carrera contra la inflación galopante y la indiferencia estatal.
Los jubilados, que alguna vez contribuyeron con su esfuerzo al desarrollo del país, ahora ven cómo sus ingresos se pulverizan. Rada explicó la necesidad imperante de que sus vacaciones y aguinaldos se calculen sobre una base equivalente a los 240 dólares que el gobierno denomina "salario mínimo integral", una suma que, aunque aún precaria, al menos representaría un paliativo frente a la miseria actual. La brecha entre lo que perciben los jubilados y el personal activo es abismal, una injusticia que vulnera el principio de igualdad y condena a los mayores a una pobreza extrema.
El trasfondo de esta exigencia es el congelamiento del salario mínimo oficial en 130 bolívares desde marzo de 2022. Una cifra que, frente a la dolarización informal de la economía venezolana, es apenas un vestigio de valor. El Ejecutivo ha optado por una política de bonificaciones que, si bien ofrecen un respiro temporal, no tienen ninguna incidencia en el cálculo de prestaciones sociales, vacaciones, utilidades o aguinaldos. "Cuando hay libre disponibilidad de los bonos, eso pasa a ser salario", sentenció Rada, enfatizando que sus exigencias no son "limosna", sino el cumplimiento de la ley y el respeto a sus derechos adquiridos. Este es un reclamo recurrente de sindicatos y gremios del sector público, que ven en esta política un mecanismo para evadir responsabilidades laborales y contractuales.
Pero la precariedad económica no se detiene allí. La dirigente también denunció la situación de cientos de adultos mayores que, en gobernaciones y alcaldías de todo el país, llevan hasta 15 años sin cargos fijos en la Administración Pública, atrapados en la figura de "contratados". Esta condición los despoja de estabilidad laboral y de los beneficios previstos en las convenciones colectivas y escalas salariales, dejándolos en un limbo legal y económico. Y, como si fuera poco, Rada hizo una grave acusación: la existencia de aproximadamente 5 millones de personas "fantasmas" en la nómina del Estado con sueldos asignados, aunque sin presentar balances oficiales ni auditorías que respalden esta afirmación, la magnitud de la denuncia refleja la percepción de corrupción y desidia que permea la administración pública.
