Acceso a la Justicia exige transparencia en proceso de reinstitucionalización del TSJ
La ONG Acceso a la Justicia exigió que el proceso de reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), previsto en los diálogos que comenzarán el 1 de agosto, esté marcado por la transparencia, el apego al texto constitucional y la garantía de independencia judicial. A través de una nota difundida en su portal web, Acceso
La organización no gubernamental Acceso a la Justicia demandó que el proceso de reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia, proyectado para comenzar en el contexto de las negociaciones pautadas a partir del 1 de agosto, se ejecute bajo estrictos criterios de transparencia, apego al texto constitucional y plenas garantías de independencia judicial. De acuerdo con el pronunciamiento oficial difundido en el portal web de la referida asociación civil, la renovación de la máxima instancia judicial del país debe corregir las omisiones de los intentos previos que no cumplieron con las exigencias mínimas de publicidad contempladas en la legislación venezolana.
Antecedentes y omisiones en el proceso de selección
De acuerdo con el monitoreo detallado por Acceso a la Justicia, el proceso de postulación y selección de las autoridades judiciales ha presentado inconsistencias desde sus etapas iniciales. Conforme a los datos suministrados por la organización civil, el proceso de selección correspondiente comenzó en abril de 2026. Para el mes de junio de ese mismo periodo, se hizo pública una lista que contenía los nombres de 561 ciudadanos postulados para ocupar cargos de magistrados dentro del Tribunal Supremo de Justicia.
El reporte de la organización detalla que el proceso no se limitó únicamente a las magistraturas de la alta corte, sino que también abarcó otras instituciones fundamentales para el funcionamiento del sistema de justicia en el país. Específicamente, el listado incluyó a 63 aspirantes dirigidos a ocupar cargos en la Inspectoría General de Tribunales, así como a 33 personas que optaban a puestos en la Escuela Nacional de la Magistratura.
A pesar de la publicación de estos listados con los nombres de los aspirantes, la organización civil denunció que las autoridades competentes omitieron publicar información básica indispensable para garantizar la pulcritud del proceso. Entre los datos que no se dieron a conocer públicamente se encuentran el número exacto de vacantes disponibles en cada una de las instancias, el cronograma oficial con las fases detalladas del proceso y, de manera primordial, el baremo técnico de evaluación que se emplearía para calificar a los candidatos.
El impacto de las reformas legales y la composición del comité
Las irregularidades señaladas por la asociación civil se profundizaron debido a decisiones legislativas y organizativas previas. Según el análisis de Acceso a la Justicia, la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales no ofreció las condiciones necesarias para asegurar la neutralidad política de sus integrantes, lo que afectó la confianza en la imparcialidad de las evaluaciones.
A este escenario se sumó la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Esta reforma legal contempló la ampliación de la estructura del máximo tribunal del país, elevando a 32 el número total de magistrados que integran sus distintas salas. De acuerdo con la postura de la organización, estas modificaciones legislativas y la estructura del comité encargado de las postulaciones debilitaron los pilares de la carrera judicial en el país.
Ante esta situación, la organización civil sostiene que la ruta idónea para restituir la institucionalidad judicial consiste en redactar una nueva reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Esta propuesta tiene como finalidad diseñar y ejecutar, por primera vez desde la aprobación de la Constitución de 1999, un mecanismo de selección y nombramiento de magistrados que se ajuste de manera estricta y sin excepciones a los principios y mandatos consagrados en la carta magna nacional.
La exigencia de un baremo público y técnico
En el supuesto de que las autoridades decidan retomar el proceso de selección en el punto exacto en el que fue interrumpido, la organización civil advierte que resulta indispensable aplicar un conjunto de salvaguardas adicionales. Estas medidas complementarias tendrían como único propósito garantizar niveles óptimos de claridad y asegurar que los nombramientos recaigan sobre profesionales del derecho que actúen con absoluta autonomía.
Para la asociación civil, la elaboración y difusión de un baremo detallado de calificación representa una obligación legal ineludible, fundamentada de manera directa en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. La ausencia de este instrumento técnico impide que la ciudadanía y los sectores especializados conozcan las bases científicas y profesionales sobre las cuales se mide a los aspirantes.
La organización enfatiza que la carencia de un baremo de evaluación de acceso público anula cualquier posibilidad de verificar de forma objetiva si las personas seleccionadas para los cargos judiciales cuentan con las mejores credenciales académicas y profesionales, o si, por el contrario, su designación responde a criterios de afinidad o preferencia de carácter estrictamente partidista.
Propuesta de veeduría técnica e internacional
Con el fin de dotar de legitimidad y credibilidad al proceso de reinstitucionalización del sistema de justicia, Acceso a la Justicia propuso la creación de un comité técnico de carácter independiente. Este equipo de trabajo estaría conformado por profesionales del derecho y especialistas en materia de administración de justicia, tanto de trayectoria nacional como internacional.
La propuesta de la organización contempla la incorporación de representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como de delegados provenientes de las facultades de derecho de las universidades del país y de organizaciones de la sociedad civil con un historial comprobado en la defensa del Estado de derecho.
La labor de este equipo de especialistas independientes no estaría orientada a suplantar las atribuciones legales que la Constitución y las leyes otorgan a la Asamblea Nacional o al Comité de Postulaciones Judiciales. Por el contrario, su tarea consistiría en proporcionar un diagnóstico estrictamente técnico, imparcial y auditable que certifique si cada uno de los postulados cumple de manera efectiva con los requisitos de idoneidad, moralidad y capacidad jurídica exigidos para el ejercicio de la función judicial.
La implementación de este mecanismo de evaluación externa permitiría, según la perspectiva de la organización, incrementar de forma sustancial la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, reducir de manera drástica los márgenes de discrecionalidad en la toma de decisiones y ofrecer certezas claras de que el ingreso al Poder Judicial se fundamenta en el mérito profesional y no en compromisos de índole política.
El planteamiento de exigir reglas claras, metodologías públicas de evaluación y un comportamiento apegado a la legalidad constitucional no persigue el beneficio ni la defensa de ninguna candidatura en particular. De acuerdo con las conclusiones de la organización, se trata de una acción orientada a resguardar el derecho de la población venezolana a contar con un sistema de justicia independiente, accesible e imparcial.
