Abogados de acusados en caso Pdvsa-Cripto denuncian “juicio político” y exigen transparencia  

Pero las presuntas anomalías no se detienen ahí. Los abogados aseguran que se les impidió la incorporación de la defensa privada en los momentos iniciales y más críticos del proceso judicial, un derecho inalienable en cualquier sistema que se precie de ser justo. Además, se les habría restringido el acceso a actas fundamentales del expediente y se les obstaculizó la presentación de recursos legales a los que, por ley, tenían derecho. Estas limitaciones, de confirmarse, minarían gravemente la capacidad de los acusados para ejercer una defensa efectiva.

De la sala de audiencias a la pantalla: la polémica del juicio telemático

Un punto de inflexión en las quejas de la defensa ha sido la reciente decisión de continuar el juicio de forma telemática. Después de 16 audiencias presenciales, los abogados fueron notificados la semana pasada de que el proceso se trasladaría al ámbito virtual. Esta determinación ha generado un fuerte rechazo por parte de los juristas, quienes cuestionan la idoneidad de este formato para garantizar la plenitud del debate oral y público, especialmente en un caso de esta envergadura.

Jeset García señaló directamente al director del Servicio Penitenciario de Máxima Seguridad (Sesmas) del Rodeo I como responsable de la situación, al acusarlo de negarse a acatar órdenes judiciales de traslado de los imputados a la sede del Poder Judicial. Este incidente habría provocado el diferimiento de la audiencia en dos ocasiones, sumando retrasos y frustración al ya complejo proceso. A esto se añade la denuncia de traslados de algunos acusados desde El Helicoide sin que mediara una solicitud previa del tribunal a cargo de la causa, lo que sugiere una cadena de decisiones administrativas opacas y posiblemente extralimitadas.

Un expediente con sombras y derechos vulnerados

Más allá de las trabas procesales, los juristas han detectado "evidentes irregularidades" en el expediente mismo. Hablan de actas y autos sin las firmas correspondientes de los intervinientes, así como de "piezas desconocidas" que siembran dudas sobre la integridad y completitud del archivo judicial. La situación se agrava al destacar que varios de los acusados llevan más de tres años detenidos sin que se haya dictado sentencia alguna, una flagrante violación al derecho a un juicio rápido y a la presunción de inocencia.

Pero las denuncias del equipo legal van más allá de lo procesal, adentrándose en el terreno de los derechos humanos fundamentales. Han reportado que varios de los acusados han sido sometidos a tratos crueles e inhumanos, especialmente en lo referente a la atención de sus problemas de salud. "Han desatendido el deber de custodia, el derecho a la vida, la integridad física y mental", afirmó García, pintando un cuadro de desprotección y abandono que, de ser cierto, es inaceptable en cualquier Estado de derecho.

Ante este cúmulo de señalamientos, la defensa ha reiterado su llamado a que se retomen las audiencias de juicio orales y públicas, permitiendo el acceso a diplomáticos interesados y acreditados para seguir el proceso. Además, han solicitado la presencia de la Defensoría del Pueblo, relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como observadores, con el fin de asegurar un proceso judicial "efectivo, transparente e imparcial".

Pdvsa-Cripto: el desfalco que desnuda las debilidades institucionales

El caso Pdvsa-Cripto no es un escándalo menor; es, de hecho, una de las mayores tramas de corrupción en la historia venezolana. Su descubrimiento en marzo de 2023, tras una reestructuración en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), reveló un sofisticado esquema que, según Transparencia Venezuela, operaba mediante ventas de petróleo venezolano a través de operaciones paralelas y embarques de crudo controlados por la Sunacrip y particulares. El mecanismo permitía evadir los controles financieros del Estado, desviando las ganancias hacia el mercado de criptomonedas y empresas fantasmas, en lugar de ingresar a las arcas de la nación.

El daño patrimonial estimado por el Ministerio Público oscila entre los 5.500 millones y los 23.000 millones de dólares, cifras que por sí solas dan cuenta de la magnitud del desfalco. Sin embargo, firmas de investigación y organizaciones no gubernamentales elevan esta estimación a más de 16.900 millones de dólares. Estas cantidades representan un golpe devastador para la economía de un país ya sumido en una profunda crisis, afectando directamente la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales y programas sociales.

En medio de este complejo escenario, y como un eco de las preocupaciones que rodean el caso, se ha mencionado que la familia de Víctor Quero, otro de los implicados, ha acusado al Ministerio Público de intentar "exonerar de sus responsabilidades" a otros funcionarios, lo que añade otra capa de controversia y opacidad al proceso.

Las denuncias de los abogados en el caso Pdvsa-Cripto no son solo un alegato en defensa de sus clientes, sino un grito de alerta sobre la salud del sistema de justicia en Venezuela. La exigencia de transparencia y la solicitud de observación internacional ponen de manifiesto la urgencia de garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos humanos, no solo para los implicados en este escándalo, sino como un pilar fundamental para la confianza ciudadana y la credibilidad de las instituciones del Estado. En un país que clama por justicia y rendición de cuentas, el manejo de este caso será un indicador crucial de la voluntad política para sanear las estructuras y asegurar que la verdad prevalezca.