41 escuelas de Aragua siguen con daños sísmicos a menos de dos semanas del inicio del año escolar
El Centro de Ingenieros del estado Aragua rexhorta a no reanudar clases en escuelas sin revisar tras avalar solo 45 de 86 planteles en la región. La inspección tras los sismos en 1945 inmuebles halló nueve edificios en peligro y tres escuelas en alto riesgo, por lo que el gremio exige reparaciones antes del inicio […]
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Un total de 41 instituciones educativas públicas en el estado Aragua presentan daños estructurales y no deberían retomar las actividades escolares para el período 2026-2027 sin antes recibir reparaciones urgentes. Así lo advirtió el Centro de Ingenieros de Aragua (Ceinar), tras realizar una serie de inspecciones técnicas luego de los movimientos telúricos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados el pasado 24 de junio. El gremio profesional detalló que, de las escuelas evaluadas, tres se encuentran en una situación crítica y otras 38 registran afectaciones de diversa consideración que comprometen la seguridad de las comunidades educativas.
El diagnóstico de la infraestructura educativa en Aragua
La evaluación realizada por los especialistas del Ceinar abarcó un total de 86 escuelas públicas en la entidad. De acuerdo con los datos presentados por el presidente encargado del gremio, Piero Mora, únicamente 45 de estos planteles recibieron la certificación verde, lo que indica que se encuentran en condiciones seguras y habitables para recibir a los estudiantes, docentes y personal administrativo. Las restantes 41 instituciones educativas requieren intervenciones físicas antes de poder reabrir sus puertas.
Mora explicó que las 38 escuelas clasificadas bajo la etiqueta amarilla muestran una combinación de problemas estructurales. En muchos casos, estas edificaciones ya presentaban un cuadro de deterioro acumulado por la falta de mantenimiento preventivo durante años, una situación que se vio agravada por el impacto del doble sismo de junio. Los temblores generaron nuevas grietas, fallas en elementos de mampostería y desprendimientos que deben ser corregidos para evitar incidentes mayores.
Respecto a las tres escuelas marcadas con la etiqueta roja, el representante de los ingenieros aclaró que esta categorización no significa necesariamente que las estructuras deban ser demolidas. Según los análisis de habitabilidad, estos planteles registran daños severos pero recuperables mediante obras de ingeniería especializada. Sin embargo, el Ceinar enfatizó que permitir el inicio de las clases en estas instalaciones sin antes ejecutar las obras de refuerzo necesarias representa un riesgo directo para la integridad física de los estudiantes.
Evaluaciones globales y zonas de mayor vulnerabilidad
La situación de los planteles escolares forma parte de un censo general de daños realizado por los ingenieros en los 18 municipios de Aragua. En total, el equipo de voluntarios del Ceinar inspeccionó 1,945 inmuebles de diversa índole. El reporte final de la institución civil revela que 1,461 construcciones, equivalentes al 75.4 % del total evaluado, recibieron la etiqueta verde, lo que confirma que no poseen daños estructurales significativos y son completamente habitables.
No obstante, el panorama es distinto en zonas urbanas específicas. En Maracay, la capital del estado, nueve edificaciones permanecen bajo la clasificación roja debido a daños severos que comprometen su estabilidad. Estas estructuras se encuentran bajo un análisis técnico continuo para determinar si es factible su recuperación o si se debe proceder a la demolición controlada, al constituir el foco de mayor peligro identificado por el gremio de ingenieros.
Por otra parte, el municipio Santiago Mariño registró el escenario más crítico del informe general, donde la actividad telúrica provocó el colapso total de una vivienda. Este hecho mantiene en alerta a los equipos técnicos, quienes continúan priorizando las inspecciones en las zonas que reportaron mayor intensidad durante los movimientos sísmicos de junio.
Coordinación institucional y planes de recuperación
Las labores de inspección técnica se han desarrollado bajo la coordinación de la Comisión de Habitabilidad, un espacio de trabajo conjunto que integra al Ceinar con funcionarios de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Gobernación del estado Aragua y el Ministerio de Hábitat y Vivienda. Para la clasificación de los daños, los especialistas aplican los parámetros científicos y sismológicos dictados por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el ente público encargado de regir las políticas de investigación sísmica en el país.
Para canalizar las soluciones a los daños detectados, algunas de las estructuras con etiqueta amarilla han comenzado a ser intervenidas a través de "Venezuela Renace", un plan gubernamental de reconstrucción diseñado para atender los efectos de los sismos. En paralelo, en el sector residencial privado, varias juntas de condominio han asumido la autogestión de las reparaciones de sus edificios, presentando los proyectos correspondientes ante el Ceinar para su respectiva validación técnica.
Mora señaló que la mayoría de los administradores de los inmuebles en amarillo han cumplido con la elaboración de sus informes técnicos, los cuales han sido consignados y revisados progresivamente por el colegio profesional para garantizar que las obras cumplan con las normas de sismorresistencia vigentes.
El llamado a la acción gubernamental
Ante la proximidad del inicio del año escolar, las recomendaciones del Ceinar trasladan la responsabilidad de ejecución a las autoridades regionales y nacionales. El gremio de ingenieros insistió en que el gobierno regional debe priorizar la asignación de recursos y la ejecución de obras civiles en las 41 escuelas afectadas para garantizar un retorno a las aulas sin contratiempos.
Los especialistas sostienen que la prevención y el respeto a las evaluaciones técnicas son las únicas vías para resguardar la vida de las comunidades locales y evitar pérdidas materiales adicionales. La decisión de postergar el inicio de las actividades en los planteles comprometidos o de acelerar las obras de restauración queda ahora bajo la tutela de los organismos públicos que tienen en sus manos los informes detallados de la Comisión de Habitabilidad.
