Venezolanos en Colombia buscan regularizarse ante el riesgo de deportaciones
La posibilidad de ser deportados mantiene en alerta a miles de venezolanos que viven en Colombia sin haber regularizado su situación migratoria. Para algunos, el temor no solo implica perder el empleo o la vivienda que han construido durante años, sino también dejar atrás a sus familias y tratamientos médicos. Es el caso de Dariana
La afluencia de ciudadanos venezolanos en las oficinas de Migración Colombia en el norte de Bogotá registró un incremento de entre el 300% y el 400% recientemente, de acuerdo con datos provistos por fuentes de esa institución a la agencia de noticias EFE. Este aumento en la asistencia de usuarios coincide con la creciente preocupación de la comunidad migrante ante la posibilidad de que se ejecuten medidas de deportación masiva contra personas en situación irregular.
El temor a la pérdida del empleo, el desalojo de las viviendas construidas durante años de residencia en el país vecino, la interrupción de tratamientos médicos de alta complejidad y la separación de núcleos familiares constituidos son algunos de los factores que han impulsado a miles de venezolanos a buscar mecanismos de regularización en territorio colombiano.
El impacto de los anuncios de control migratorio
La inquietud dentro de la comunidad de migrantes venezolanos se intensificó tras las declaraciones emitidas el 24 de agosto por Abelardo de la Espriella, según reportó la agencia EFE. En dicha comparecencia, se anunció la implementación de operativos de identificación dirigidos en primera instancia a ciudadanos extranjeros involucrados en actividades delictivas, seguidos por acciones de control sobre aquellos que no cuenten con un estatus migratorio regularizado en el país.
De acuerdo con el reporte de los medios de comunicación locales, las directrices gubernamentales contemplan la deportación de los migrantes irregulares en el menor tiempo posible. Esta postura generó una reacción inmediata en los puntos de atención de Migración Colombia, donde se han multiplicado las solicitudes de información y los intentos por formalizar la estadía legal.
En los alrededores de las sedes oficiales también se ha registrado un incremento en la oferta de servicios informales de asesoría legal, gestión de visados, trámites para la obtención de duplicados del Permiso por Protección Temporal (PPT) y procedimientos de corrección de datos personales en las plataformas estatales.
El panorama actual de los mecanismos de regularización
La viabilidad de obtener un estatus legal en Colombia varía de manera significativa según las condiciones particulares de cada solicitante, debido a que las políticas migratorias han experimentado modificaciones en los últimos meses. El Permiso por Protección Temporal (PPT), que constituyó la principal herramienta de regularización masiva implementada por el Estado colombiano, ya no se encuentra disponible para nuevas solicitudes de la población adulta en general.
No obstante, las autoridades colombianas mantienen vigentes ciertos canales específicos para poblaciones vulnerables y casos particulares:
- Protección a la infancia y adolescencia: Se conservan mecanismos de registro y regularización dirigidos de forma exclusiva a niños, niñas y adolescentes de origen venezolano que cumplan con los requisitos de permanencia y escolaridad establecidos en la normativa.
- Permisos para tutores legales: Existe un esquema de regularización especial diseñado para los padres, representantes legales o custodios de menores de edad venezolanos que ya cuentan con su documentación en regla.
- Visa V-Visitante Especial: Esta modalidad permite a los ciudadanos venezolanos autorizados permanecer y trabajar de manera legal en Colombia por un período de dos años. El beneficio está restringido a aquellas personas que hayan ingresado al territorio colombiano antes del 4 de diciembre de 2024 y que demuestren el cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos exigidos por la cancillería.
Estas limitaciones técnicas y temporales han provocado que un sector considerable de la población migrante quede excluido de las opciones más accesibles, viéndose obligado a recurrir a trámites de visado ordinarios que conllevan costos económicos más elevados y requisitos difíciles de consignar.
Historias de vulnerabilidad y trabas administrativas
Detrás de las cifras de solicitudes y del incremento de usuarios en las oficinas públicas se encuentran casos de vulnerabilidad familiar. Dariana Andrea, una migrante venezolana que reside en Colombia desde hace cinco años, relató a EFE que cuenta con su Permiso por Protección Temporal (PPT) vigente. Sin embargo, su esposo se encuentra en situación irregular.
El núcleo familiar incluye a un hijo menor de edad nacido en Colombia, quien padece de epilepsia y requiere de controles médicos continuos con especialistas en neurología. Dariana Andrea expresó su preocupación ante la posibilidad de que una eventual deportación de su pareja obligue a la familia a retornar a Venezuela, un escenario en el cual considera que enfrentarían severas dificultades para garantizar la continuidad del tratamiento médico indispensable para la salud de su hijo.
A pesar de haber acudido a las oficinas de Migración Colombia para iniciar el proceso de regularización de su esposo, la ciudadana manifestó que las indicaciones recibidas implican la solicitud de una cita a través de la plataforma de internet y el pago de una tasa económica, un trámite que hasta la fecha no ha logrado concretar de manera exitosa debido a las dificultades técnicas del sistema de citas.
Por otra parte, existen casos de migrantes que, habiendo obtenido la regularidad en el pasado, cayeron nuevamente en la irregularidad debido a pérdidas de documentos o vacíos administrativos. Es el caso de José, un ciudadano venezolano que obtuvo su PPT en el año 2022, pero extravió el documento físico tras realizar un viaje de retorno temporal a Venezuela.
A pesar de llevar tres años residiendo nuevamente en Colombia, José no ha logrado obtener un duplicado de su permiso. Según explicó a EFE, los funcionarios de Migración Colombia lo remitieron a las instancias consulares de Venezuela para tramitar documentos de identidad adicionales, sin obtener respuesta por parte de la representación diplomática de su país de origen. Los intentos posteriores de realizar una nueva solicitud a través de los canales digitales tampoco han prosperado por la falta de confirmaciones en los sistemas de mensajería electrónica de la institución.
Este tipo de situaciones evidencia que una parte de la población en condición irregular no está compuesta por recién llegados, sino por personas con años de arraigo en el país cuyas condiciones de legalidad se vieron interrumpidas por extravíos de documentos, procesos administrativos inconclusos o la falta de articulación entre las entidades consulares y las oficinas migratorias locales.
Implicaciones sociales de la irregularidad migratoria
La falta de un estatus legal definido no solo expone a los migrantes al riesgo de la repatriación forzosa, sino que limita de manera estructural su acceso a derechos fundamentales y al desarrollo de una vida productiva en el país de acogida. La irregularidad administrativa suele traducirse en la exclusión del sistema formal de salud, la imposibilidad de cotizar al sistema de pensiones y la dificultad para abrir cuentas bancarias o firmar contratos de arrendamiento legalmente respaldados.
En el ámbito laboral, la población irregular queda expuesta a condiciones de informalidad, subempleo y desprotección frente a abusos de carácter laboral, al no poder ser contratados bajo las normativas vigentes en el código del trabajo colombiano. Esta situación no solo afecta la calidad de vida de las familias migrantes, sino que también limita la recaudación fiscal del Estado y la formalización de la economía local.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos y de apoyo al migrante han señalado de forma reiterada la necesidad de mantener canales de regularización accesibles y ágiles para evitar que miles de familias queden desprotegidas ante los cambios en las políticas de control fronterizo e interno.
