Urge reconstruir escuelas y comunidades para un regreso a clases seguro, alerta Cecodap
La ONG Cecodap mostró en su último informe que uno de cada tres centros educativos tiene áreas clausuradas por peligro inminente. A esta realidad se suma la paralización de los servicios básicos. Educadores insisten a las autoridades en brindar información sobre las inspecciones técnicas y reparaciones para garantizar la habitabilidad de las escuelas antes del […]
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El inicio del período escolar programado para el 14 de septiembre enfrenta un escenario complejo en el Área Metropolitana de Caracas, La Guaira y Miranda, regiones afectadas por los sismos registrados hace dos meses. Organizaciones civiles y de derechos humanos advierten que las condiciones de infraestructura, el colapso de los servicios básicos y el impacto emocional en las comunidades escolares dificultan un retorno seguro a las aulas. De acuerdo con el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), intentar retomar las actividades académicas sin las debidas revisiones técnicas y sin un plan de contención psicológica profundizará las dificultades que ya arrastraba el sistema educativo venezolano.
El diagnóstico presentado por Cecodap muestra que múltiples planteles no se encuentran aptos para recibir a estudiantes y docentes. El gremio educativo y las organizaciones de protección a la infancia insisten en que la prioridad debe ser la seguridad física y emocional de los alumnos, especialmente tras registrarse pérdidas humanas y daños materiales de consideración en las zonas costeras y del centro del país.
Evaluación de daños estructurales y servicios básicos
Un estudio de campo realizado por Cecodap entre el 27 de junio y el 4 de agosto en 26 centros educativos de Caracas, La Guaira y Miranda revela el estado de la planta física escolar. Según los datos recopilados entre directivos y trabajadores de la educación, el 27,3 % de los planteles evaluados presenta daños estructurales graves, que incluyen fallas en vigas y columnas, así como desprendimiento de techos. Asimismo, el 65,7 % de los consultados reportó deterioros leves que, aunque no comprometen la estabilidad inmediata del edificio, requieren de una inspección técnica especializada para descartar riesgos futuros.
La investigación también señala que uno de cada tres planteles mantiene áreas clausuradas debido al peligro de derrumbe. A esta situación de riesgo físico se suma el deterioro crónico de los servicios públicos esenciales. El informe de Cecodap detalla que el 56,6 % de la población escolar sufre interrupciones constantes en los servicios de telefonía e internet, mientras que el 43 % carece de suministro regular de agua potable por tuberías. La falta de energía eléctrica, la escasez de gas para el funcionamiento de los comedores y las deficiencias en el transporte público completan el cuadro de dificultades logísticas.
El impacto en las redes de educación subvencionada también es considerable. La Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) reportó daños estructurales severos en 28 de sus planteles, afectando directamente a 4.000 estudiantes. Por su parte, la red Fe y Alegría informó que, tras evaluar 93 centros educativos a nivel nacional, 84 de ellos presentan daños en sus estructuras, lo que compromete la seguridad de sus comunidades.
El impacto humano y el desplazamiento de las comunidades
Más allá de los daños materiales, las consecuencias humanas del evento sísmico marcan de forma profunda el contexto de este año escolar. Registros independientes de organizaciones como La Vida de Nos y Monitor de Víctimas indican que la cifra de niños, niñas y adolescentes fallecidos a causa de los temblores ascendió a 603. Esta cifra representa un incremento respecto a los balances iniciales de Cecodap, que un mes antes documentaban 221 decesos verificados.
El impacto social incluye también el desplazamiento forzado y la desaparición de personas. Datos previos de Cecodap daban cuenta de al menos 1.405 menores de edad directamente afectados, incluyendo a quienes perdieron sus hogares por encontrarse en zonas de alto riesgo. En la parroquia Caraballeda, en el estado La Guaira, la matrícula de uno de los planteles locales disminuyó de 809 a 399 alumnos debido a la migración interna y la pérdida de viviendas.
Las encuestas de percepción ciudadana realizadas en las zonas afectadas muestran la cercanía de la pérdida: el 51 % de los consultados manifestó tener personas fallecidas en su entorno inmediato, el 58,6 % reportó familiares damnificados y el 45,5 % cuenta con allegados en condición de desaparición. Ante este panorama, el equipo de comunicaciones de Cecodap logró mapear un total de 900 escuelas con afectaciones de diversa gravedad en las entidades estudiadas.
Aulas como refugios y la alternativa virtual
La habitabilidad de las escuelas se ve comprometida por su uso actual como centros de asistencia humanitaria. El informe de Cecodap identificó que el 17 % de los planteles educativos funciona hoy como refugio temporal para familias que perdieron sus hogares. Esta ocupación requiere el diseño de planes de reubicación habitacional y de un saneamiento profundo de las instalaciones antes de que puedan volver a ser utilizadas para actividades pedagógicas.
Ante la falta de condiciones óptimas, Noelbys Aguilar, directora nacional del programa Escuelas de Fe y Alegría, explicó que la institución tiene a más de 30.000 alumnos afectados en su red. Como medida de contingencia, contemplan iniciar el año escolar bajo la modalidad virtual mientras se ejecutan las obras de reparación y se obtienen las certificaciones técnicas necesarias. Aguilar enfatizó que no se debe permitir el ingreso de estudiantes sin antes contar con avales oficiales de habitabilidad que garanticen que las estructuras son seguras.
Demandas de apoyo psicosocial y garantías docentes
La respuesta a la crisis no se limita a la reconstrucción de paredes y techos. Gloriana Faría, abogada y coordinadora del Servicio de Atención Jurídica de Cecodap, señaló que las comunidades escolares demandan atención en salud mental de manera prioritaria. De acuerdo con las consultas de la organización, el 61 % de los encuestados solicita primeros auxilios psicológicos, el 62 % requiere talleres de prevención y actuación ante réplicas sísmicas, y el 58 % exige soporte emocional para el personal docente, que también lidia con las secuelas de la catástrofe.
Por otro lado, Carla Serrano, secretaria general adjunta de la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), cuestionó que la convocatoria oficial para el reinicio de clases se realizara a solo 81 días del sismo y sin la difusión de informes técnicos detallados sobre el estado real de las escuelas. Serrano recordó que el entorno escolar debe ser un espacio de protección y no un factor de riesgo para la vida de los estudiantes. Asimismo, las organizaciones demandan que los esfuerzos de reconstrucción no ignoren la situación laboral de los maestros, cuyo desempeño se ve afectado por la precariedad salarial previa.
El regreso a las aulas en las zonas afectadas por los sismos requiere de una planificación estatal que priorice la habitabilidad de las plantas físicas, el restablecimiento de los servicios básicos y la atención psicológica de las comunidades. Sin estas garantías, la apertura de los planteles expone a la población escolar a riesgos estructurales y dificulta el desarrollo de un proceso educativo adecuado y seguro.
