Un rescatista que salvó decenas de vidas ahora teme ser detenido por la Dgcim
La organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció este jueves 2 de julio que el rescatista Nelson Molina presuntamente enfrenta
CARACAS, Venezuela – En medio de la desolación y el caos que dejaron los recientes terremotos en el estado La Guaira, una historia de heroísmo y, paradójicamente, de profunda preocupación, emerge como un crudo recordatorio de la compleja realidad venezolana. Nelson Molina, un rescatista voluntario que, según sus propios testimonios y los de su familia, coordinó la salvación de al menos 48 personas y la recuperación de siete cuerpos de entre los escombros en Catia La Mar, ahora teme por su libertad. La denuncia, formulada por la organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), apunta directamente a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), cuyos funcionarios habrían intentado obstaculizar las labores de rescate y, tras un enfrentamiento, habrían puesto a Molina en riesgo de detención arbitraria.
Este incidente no es un caso aislado; es la manifestación más reciente de un patrón de criminalización de la sociedad civil y de la injerencia estatal en esferas que, por su naturaleza humanitaria, deberían estar exentas de politización y represión. La figura de Molina, un ciudadano común que se convierte en héroe ante la tragedia, contrasta brutalmente con la sombra de una institución como la DGCIM, señalada repetidamente por organismos internacionales por graves violaciones a los derechos humanos. En un país donde la emergencia humanitaria compleja ha degradado la capacidad de respuesta estatal, la persecución de quienes actúan por solidaridad es un golpe devastador no solo para la libertad individual, sino para la cohesión social y la esperanza de recuperación.
Entre Escombros y Amenazas: La Crónica de un Rescate y un Enfrentamiento
Los días posteriores a los terremotos en La Guaira se tiñeron de angustia y desesperación. El Bloque 3 de la urbanización Páez, en Catia La Mar, se convirtió en el epicentro de una tragedia humana, con decenas de personas atrapadas bajo toneladas de concreto y acero. En este escenario de vida o muerte, la labor de equipos de rescate, tanto oficiales como voluntarios, fue crucial. Nelson Molina, con una vasta experiencia en este tipo de operativos, se sumó a las tareas, coordinando esfuerzos y dirigiendo la búsqueda de sobrevivientes. Según un video difundido por sus familiares y la denuncia de Clippve, Molina no solo participó activamente, sino que sus acciones fueron decisivas para el rescate de 48 personas con vida y la recuperación de siete cuerpos, además de la identificación de otras 98 víctimas aún entre los escombros. Estas cifras, de ser confirmadas plenamente, lo posicionan como una figura central en la respuesta ciudadana a la catástrofe.
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Sin embargo, la nobleza de su misión se vio empañada por la intromisión de la DGCIM. La denuncia de Clippve, a través de Emilia Carmona, hermana de Molina, detalla que funcionarios de este organismo militar intentaron detener las labores de búsqueda y rescate que se desarrollaban el miércoles 1 de julio. El motivo de esta interrupción no ha sido especificado claramente por las autoridades, pero la experiencia venezolana sugiere que podría estar relacionado con la intención de centralizar el control de la información, la logística o, simplemente, la desconfianza hacia cualquier iniciativa que no provenga directamente del aparato estatal. Molina, en defensa de la continuidad de los rescates y la urgencia de la situación, se habría enfrentado verbalmente a estos funcionarios. Este acto de valentía, de priorizar la vida humana sobre la burocracia o la imposición autoritaria, es lo que, según la denuncia, lo ha colocado ahora bajo el riesgo de una detención arbitraria.
Emilia Carmona ha responsabilizado directamente al “régimen venezolano” por cualquier afectación contra la vida, la libertad o la integridad de su hermano, exigiendo garantías para su protección. Este llamado no solo busca resguardar a Nelson Molina, sino que resuena como una voz de alarma sobre la vulnerabilidad de cualquier ciudadano que, en Venezuela, se atreva a actuar de manera independiente o a cuestionar las directrices de los organismos de seguridad del Estado, incluso en situaciones de emergencia.
Un Patrón Represivo en Medio de la Emergencia Humanitaria Compleja
La situación de Nelson Molina no puede entenderse sin el telón de fondo de la compleja emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela y la sistemática represión que ha caracterizado la actuación del Estado en los últimos años. Históricamente, Venezuela ha enfrentado desastres naturales de gran magnitud, siendo la Tragedia de Vargas en 1999 un punto de inflexión que evidenció la fragilidad de las infraestructuras y la necesidad de una respuesta coordinada que incluyera a la sociedad civil. Sin embargo, en la Venezuela actual, la capacidad de respuesta estatal se ha visto mermada por la crisis económica, la corrupción y la priorización de intereses políticos sobre las necesidades ciudadanas.
En este contexto, la labor de organizaciones no gubernamentales y voluntarios se ha vuelto indispensable. No obstante, el espacio cívico se ha reducido drásticamente. El régimen ha implementado una política de control total, viendo cualquier iniciativa independiente, incluso las de carácter humanitario, como una potencial amenaza a su hegemonía. Leyes restrictivas, campañas de desprestigio y la persecución de líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas son herramientas utilizadas para silenciar voces disidentes y coartar la organización ciudadana.
La DGCIM, en particular, ha sido señalada en múltiples informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas y de otras organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, por su implicación en detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas de opositores políticos, militares disidentes y, cada vez más, de civiles. Su intervención en una labor de rescate, intentando detenerla y luego generando una amenaza contra un voluntario, es un ejemplo escalofriante de la militarización de la vida pública y de la extensión de sus prácticas represivas a ámbitos que deberían ser sagrados. Clippve, al denunciar que este caso “evidencia la continuidad de un patrón represivo ampliamente documentado por las Naciones Unidas y otros mecanismos internacionales de derechos humanos”, subraya precisamente esta conexión.
Implicaciones: El Costo de la Represión en Vidas y en el Tejido Social
Las implicaciones de la situación de Nelson Molina son profundas y multifacéticas, afectando el tejido social, la gobernabilidad y la imagen internacional de Venezuela.
1. Implicaciones Políticas:
La actuación de la DGCIM en Catia La Mar refuerza la percepción de un Estado que prioriza el control absoluto sobre la vida de sus ciudadanos. La obstaculización de labores de rescate y la persecución de voluntarios no solo son inhumanas, sino que demuestran una profunda desconfianza hacia la sociedad civil organizada. El régimen parece temer la autonomía y el liderazgo que pueden surgir de iniciativas ciudadanas, incluso en un contexto de tragedia. Esto erosiona aún más la legitimidad de las instituciones y la confianza pública en la capacidad del Estado para proteger a su población. Además, este incidente se suma al voluminoso expediente de violaciones de derechos humanos, intensificando el escrutinio internacional sobre Venezuela y dificultando cualquier intento de normalización o de acercamiento con la comunidad global. La DGCIM, al actuar de esta manera, envía un mensaje claro: ninguna acción, por noble que sea, está por encima del control estatal.
2. Implicaciones Sociales:
La persecución de un rescatista como Nelson Molina tiene un efecto devastador sobre la moral social y el espíritu de solidaridad. Si quienes actúan desinteresadamente para salvar vidas son criminalizados, se envía un mensaje desalentador a otros ciudadanos que podrían estar dispuestos a ofrecer su ayuda en futuras emergencias. Esto desincentiva la participación voluntaria y la organización comunitaria, pilares fundamentales en la resiliencia de cualquier sociedad frente a desastres. En un país ya profundamente polarizado y con una crisis humanitaria que requiere de la máxima cooperación, estas acciones fracturan aún más la cohesión social, generando miedo y desconfianza. El sufrimiento de las víctimas de los terremotos se ve agravado al saber que quienes intentaron ayudarlas pueden ser objeto de represión.
3. Implicaciones para la Gestión de Riesgos y Desastres:
A nivel práctico, la injerencia de organismos como la DGCIM en operaciones de rescate puede costar vidas. La coordinación efectiva en una emergencia es crucial, y cualquier interrupción o intento de control desmedido por parte de entes no especializados puede entorpecer la llegada de ayuda, la extracción de sobrevivientes y la atención médica urgente. La falta de respeto por los protocolos humanitarios y la experticia de los rescatistas profesionales y voluntarios, en aras de una agenda política, pone en riesgo la vida de las personas atrapadas y la seguridad de los propios equipos de rescate. Esto revela una profunda debilidad en la capacidad de gestión de riesgos y desastres del Estado venezolano, que, en lugar de fortalecerla mediante la cooperación con la sociedad civil, la debilita mediante la represión.
Un Llamado a la Razón y al Respeto por la Vida
La organización Clippve ha sido enfática: “Ninguna autoridad debe perseguir, intimidar u obstaculizar a quienes participan en labores de rescate o asistencia humanitaria. Actuaciones como estas no solo vulneran derechos fundamentales, sino que también cuestan vidas y agravan el sufrimiento de las víctimas”. Este pronunciamiento encapsula la esencia de la denuncia y la urgencia de la situación.
El caso de Nelson Molina es un espejo de la Venezuela contemporánea: un país donde la generosidad y el coraje de su gente chocan frontalmente con un aparato estatal que parece priorizar el control y la represión sobre la protección y el bienestar de sus ciudadanos. En "Libertad VZLA", nuestra misión es precisamente arrojar luz sobre estas realidades, denunciar las arbitrariedades y defender los principios de libertad de expresión y respeto a los derechos humanos.
La persecución de un héroe en medio de la tragedia es un acto que no solo deshonra a quienes lo perpetran, sino que debilita aún más la ya frágil esperanza de una sociedad que anhela paz, justicia y la posibilidad de reconstruirse. Es imperativo que las autoridades venezolanas cesen cualquier acción contra Nelson Molina y garanticen su integridad y libertad, permitiendo que la solidaridad y la humanidad prevalezcan sobre la lógica de la represión. Solo así se podrá empezar a sanar las heridas, tanto las físicas como las sociales, que los terremotos y la intransigencia estatal han abierto en el corazón de La Guaira y de toda Venezuela.
