Un país autogestionado por su pueblo: la otra cara de la tragedia que dejó los terremotos en La Guaira
La Guaira, ese territorio de contraposiciones que para los venezolanos era paz, risas y alegría, pero al mismo tiempo un territorio golpeado en reiteradas
La población del estado La Guaira ha tenido que estructurar sistemas de autogestión para afrontar las consecuencias del doble terremoto ocurrido el 24 de julio de 2026, ante la limitada capacidad de respuesta de los organismos del Estado venezolano. De acuerdo con un balance presentado por Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede, la ausencia de una infraestructura de atención inmediata obligó a las comunidades organizadas, organizaciones no gubernamentales y universidades a asumir las labores de rescate, acopio y distribución de insumos en las zonas afectadas. Esta participación ciudadana se ha convertido en el principal soporte de las familias afectadas, quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad extrema un mes después del evento sísmico.
La iniciativa ciudadana ante la ausencia institucional
El doble sismo del 24 de julio de 2026 evidenció las carencias del sector público para atender contingencias de gran magnitud en el litoral central venezolano. Según el reporte de la Fundación Juntos Se Puede, las primeras horas posteriores al desastre transcurrieron sin la presencia de equipos de rescate oficiales en los sectores más vulnerables, incluidos los urbanismos de interés social construidos por el gobierno. En estas zonas, los propios residentes, entre los que se encuentran trabajadores de la administración pública, denunciaron el retraso en la llegada de la asistencia gubernamental.
La falta de equipos especializados llevó a los sobrevivientes a realizar búsquedas manuales entre los escombros para localizar a familiares y vecinos atrapados. Ante esta situación, se estructuró una red de apoyo civil integrada por jóvenes, organizaciones de la sociedad civil, instituciones universitarias y familias de la misma localidad. Las viviendas que resistieron el sismo y diversas estructuras provisionales, como carpas, fueron transformadas por los ciudadanos en centros de acopio improvisados para almacenar y distribuir alimentos, ropa y medicinas enviados desde distintos puntos del país y del exterior.
Condiciones sanitarias y riesgos en la zona de desastre
La situación ambiental y de salubridad en las zonas afectadas de La Guaira presenta serias complejidades que dificultan la recuperación de los habitantes. Conforme a las observaciones de la directora de la Fundación Juntos Se Puede, los sobrevivientes conviven en espacios improvisados donde predominan el polvo, los escombros y la proliferación de moscas, factores que incrementan el riesgo de brotes epidemiológicos.
El informe técnico señala que las familias no disponen de espacios adecuados para la preparación de alimentos de forma higiénica. Asimismo, las condiciones de ventilación son deficientes, lo que afecta directamente a las personas enfermas y de la tercera edad que deben soportar las altas temperaturas de la región costera. Por otra parte, se ha observado que los cuerpos de seguridad del Estado limitan sus funciones a la documentación audiovisual de los daños, sin integrarse de manera activa en la remoción manual de escombros o en la búsqueda directa de personas desaparecidas en los sectores residenciales colapsados.
Obstáculos logísticos, inseguridad y el proceso de reubicación
La distribución de la ayuda humanitaria ha requerido de gestiones y conversaciones complejas para facilitar el ingreso de camiones y aeronaves con suministros esenciales a la entidad costera. La población afectada exige que la recepción y entrega de estos recursos se realice bajo condiciones de transparencia y dignidad, evitando la politización de la asistencia.
A la par de las dificultades logísticas, los sobrevivientes enfrentan presiones para desalojar las áreas afectadas y aceptar propuestas de reubicación habitacional. Sin embargo, de acuerdo con la Fundación Juntos Se Puede, estas alternativas de traslado carecen de garantías jurídicas y materiales claras, lo que genera temor entre los ciudadanos de perder los pocos bienes que lograron recuperar de las estructuras colapsadas. A este escenario se suma el riesgo de hurtos y hechos delictivos en las zonas desalojadas, lo que obliga a los jefes de familia a permanecer cerca de las ruinas de sus hogares para resguardar sus pertenencias.
La vulnerabilidad se extiende de manera particular a la población infantil. El reporte destaca la presencia de niños, tanto de nacionalidad venezolana como extranjera, que transitan y colaboran de manera informal en las labores de remoción de tierra y escombros, quedando expuestos a accidentes físicos y a condiciones de desprotección sin que existan mecanismos formales del Estado para garantizar su seguridad integral en el área del desastre.
El desafío financiero y la reconstrucción de La Guaira
La recuperación física de la infraestructura de La Guaira plantea un reto financiero y operativo de gran escala para la región. Datos de fuentes locales indican que la remoción de las miles de toneladas de escombros generadas por el doble terremoto requiere una inversión estimada de cinco millones de dólares, recursos con los que no cuentan las administraciones locales de forma inmediata.
A un mes del suceso, la incertidumbre sobre el paradero de personas desaparecidas y la falta de un plan de reconstrucción organizado mantienen a la comunidad en un estado de tensión constante. La autogestión comunitaria ha permitido
