Ronald Balza pidió transparencia institucional y datos económicos para reconstruir Venezuela
El economista Ronald Balza aseguró este lunes que es necesario tener transparencia absoluta en el manejo de los recursos y datos oficiales, para la
La reconstrucción de la infraestructura afectada por los movimientos telúricos del pasado 24 de junio en Venezuela exige la implementación de políticas de transparencia en la administración de fondos públicos y la divulgación de estadísticas oficiales detalladas. De acuerdo con los planteamientos del economista Ronald Balza, decano de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en una entrevista concedida al Circuito Éxitos, la nación debe superar severas limitaciones de información económica para diseñar una estrategia de recuperación viable. Este proceso de planificación se presenta ante un escenario financiero complejo, donde el Banco Mundial calcula que las pérdidas materiales ascienden a 19.600 millones de dólares, mientras que el presupuesto estimado para la reconstrucción global podría alcanzar los 50.000 millones de dólares.
Para abordar la magnitud de estos daños, el especialista sostiene que la opacidad en las variables macroeconómicas representa un obstáculo primario que debe corregirse antes de ejecutar cualquier asignación de recursos. La ausencia de datos actualizados impide determinar con precisión la capacidad real de respuesta del Estado y de los agentes económicos independientes.
Evaluación técnica frente a la ausencia de estadísticas
El diseño de un plan de recuperación nacional requiere transitar por tres etapas metodológicas bien definidas, según la perspectiva expuesta por el decano de la UCAB. La primera de estas fases consiste en la elaboración de un diagnóstico técnico sustentado en el comportamiento macroeconómico del país durante los últimos cinco años, bajo estándares internacionales de contabilidad pública.
Esta tarea inicial enfrenta dificultades estructurales debido a que Venezuela no cuenta con un registro completo de sus cuentas nacionales ni con una balanza de pagos desagregada. Las cuentas nacionales son registros sistemáticos que permiten conocer el estado de la producción, el consumo y la inversión de un país, mientras que la balanza de pagos detalla las transacciones monetarias entre una nación y el resto del mundo. Sin estos dos instrumentos, resulta complejo medir el impacto real de la pérdida de infraestructura sobre el aparato productivo y evaluar la sostenibilidad de un endeudamiento o de un flujo de donaciones internacionales para la reconstrucción.
La aplicación de metodologías internacionales para reconstruir la base de datos de los últimos cinco años permitiría a los organismos multilaterales y a los inversionistas privados conocer la viabilidad de los proyectos de infraestructura propuestos. La claridad en el origen y destino de los fondos es indispensable para generar la confianza técnica que exigen los financistas externos ante compromisos de la envergadura señalada por el Banco Mundial.
Descentralización y gestión de recursos locales
La atención de las contingencias en las regiones afectadas por los sismos requiere una redefinición de las competencias administrativas dentro del territorio nacional. El economista Ronald Balza señaló que la descentralización constituye una herramienta indispensable para garantizar que la ayuda humanitaria y los recursos financieros lleguen de manera oportuna a las comunidades perjudicadas.
La centralización de los procesos de toma de decisiones suele generar retrasos burocráticos en la asignación de presupuestos de emergencia. Al otorgar mayor autonomía a los municipios y alcaldías, se facilita una respuesta adaptada a las necesidades específicas de cada localidad. No obstante, para que este esquema funcione sin desvíos de recursos, Balza advierte que es necesario evitar duplicaciones o bloqueos en las funciones de contraloría sobre los gobiernos locales.
La fiscalización de los recursos destinados a la reconstrucción debe ser ágil y transparente, permitiendo que las autoridades municipales ejecuten las obras prioritarias de servicios públicos, vialidad y vivienda sin enfrentar trabas administrativas centralizadas que dilaten la asistencia a la población afectada. La contraloría social y técnica a nivel local se presenta como una alternativa para vigilar el uso correcto de los presupuestos asignados a las regiones.
Coordinación entre el sector público y el sector privado
La estimación de 50.000 millones de dólares requeridos para la reconstrucción total del país, según los datos proporcionados por el Banco Mundial, supera las capacidades financieras individuales del sector público venezolano. Ante esta realidad, la cooperación entre el sector estatal y la empresa privada se define como un mecanismo indispensable para la ejecución de las obras civiles y la reactivación de las zonas afectadas.
Esta alianza requiere un marco regulatorio claro que defina las responsabilidades de cada sector. Las empresas privadas pueden aportar capacidad técnica, maquinaria, logística y fuentes de financiamiento alternativas, mientras que el sector público debe encargarse de la planificación territorial, la seguridad jurídica y la coordinación de las prioridades sociales. La transparencia en los procesos de licitación y adjudicación de contratos de obras públicas es un requisito técnico indispensable para asegurar la participación de empresas calificadas y evitar sobrecostos en la ejecución de los proyectos de reconstrucción.
La articulación de estos esfuerzos también permite orientar la inversión privada hacia áreas críticas como el restablecimiento de servicios de electricidad, agua potable y telecomunicaciones, cuya paralización afecta directamente la productividad de las regiones y la calidad de vida de los ciudadanos damnificados por los terremotos.
Planificación institucional en tres fases
La superación de la emergencia estructural causada por los sismos del pasado 24 de junio no puede resolverse mediante medidas coyunturales o aisladas. La propuesta del decano de la UCAB enfatiza que la reconstrucción debe entenderse como un proceso secuencial que inicia con la transparencia informativa y culmina con la ejecución eficiente de las obras físicas.
La primera fase de diagnóstico y homologación de datos bajo estándares internacionales proporciona la base científica indispensable para las fases subsiguientes. Una vez establecida la realidad financiera y macroeconómica del país, la segunda fase debe concentrarse en la articulación de los acuerdos institucionales entre el poder central, las regiones descentralizadas y los actores privados. Finalmente, la tercera fase abarca la ejecución física de las obras de infraestructura bajo esquemas de auditoría permanente que garanticen el rendimiento de cada recurso invertido.
La reconstrucción de Venezuela, por tanto, trasciende la mera reparación de los daños materiales estimados en 19.600 millones de dólares. El proceso representa un desafío de rediseño institucional donde la publicación de estadísticas oficiales del Banco Central de Venezuela y de otros entes estatales resulta obligatoria para devolver la previsibilidad a la economía nacional y asegurar la viabilidad de los planes de desarrollo a mediano y largo plazo.
