La negativa de visado a periodistas internacionales y la obstrucción a equipos de rescate y médicos en la frontera de Cúcuta, evidencia una escalada en la política de opacidad del régimen venezolano, que busca controlar la narrativa informativa incluso en contextos de emergencia. Este bloqueo no solo afecta el derecho a la información, sino que impacta directamente la capacidad de respuesta humanitaria ante situaciones críticas.
El Cerco Migratorio: Silenciando Voces y Obstaculizando la Ayuda
La situación vivida por el equipo de Canal 13 de Chile, conformado por el periodista Alejandro Rivera y el camarógrafo Javier Rocha, tras una espera infructuosa de cinco días a las puertas del Consulado de Venezuela en Cúcuta, es un reflejo de una política deliberada. Inicialmente, al presentarse ante el cónsul Javier Zambrano, se les permitió el acceso. Sin embargo, la situación dio un giro abrupto al identificarse como profesionales de la prensa, momento en el que fueron expulsados y se les negó rotundamente la posibilidad de obtener un visado. Según el testimonio de Rivera, el argumento consular fue la falta de competencia para autorizar el ingreso de periodistas, remitiéndolos a un trámite digital centralizado a través del Ministerio del Interior en Caracas, mediante la plataforma web https://mippci.gob.ve/visa/.
A pesar de seguir el procedimiento indicado, que teóricamente prometía una aprobación expedita desde la capital venezolana, la visa nunca llegó. La persistencia del equipo chileno los llevó a regresar al consulado, solo para recibir la misma respuesta evasiva, un bloqueo absoluto que incluso se extendió a la opción de ingresar como turistas, sin sus equipos, con la intención de regularizar su situación en Caracas. Esta inflexibilidad llevó a los comunicadores a considerar seriamente su retorno a Chile, frustrados por la imposibilidad de cumplir con su labor informativa.
Lo más alarmante de esta situación, sin embargo, es que el veto migratorio no se limita exclusivamente a los medios de comunicación. La denuncia de Rivera pone de manifiesto que este patrón de obstrucción se extiende a profesionales de la salud y equipos de rescate. Se ha documentado la negación de ingreso a bomberos chilenos, otros periodistas canadienses y, de manera preocupante, a personal de Médicos Sin Fronteras. Esta política de aislamiento no solo vulnera la libertad de prensa, sino que pone en riesgo la vida y el bienestar de las poblaciones afectadas, al impedir la llegada de asistencia vital y la difusión de información crucial sobre las verdaderas dimensiones de cualquier crisis.
