Raúl Ochoa Cuenca: Constitucionalmente ¿que somos?
Desde esa fecha, marzo del 2021 cuando escribí algunas reflexiones que ante el marasmo y la desventura con los administradores de la cosa pública durante
La situación política y constitucional de Venezuela atraviesa un período de profunda incertidumbre tras los acontecimientos del pasado 3 de enero, cuando una operación militar de los Estados Unidos derivó en la captura y traslado de Nicolás Maduro y Cilia Flores para ser sometidos a la justicia estadounidense. A pesar de las expectativas iniciales de un cambio estructural hacia la democracia, la posterior designación de la administración interna bajo el control de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, con el respaldo de Washington, ha dejado al país en una continuidad de precariedad económica y social. Este escenario, analizado por el columnista Raúl Ochoa Cuenca, plantea serias interrogantes sobre la soberanía nacional y el destino institucional de la república tras más de doscientos días de transcurrido dicho evento.
La transición bajo tutela externa y los nuevos intermediarios
De acuerdo con el análisis de Raúl Ochoa Cuenca, la expectativa de la población venezolana tras la remoción de Maduro por parte de la administración de Donald Trump no se tradujo en la conformación de un gobierno de transición integrado por sectores civiles independientes. En su lugar, la conducción del Palacio de Miraflores fue delegada a Delcy y Jorge Rodríguez, quienes fuera de los planes de la mayoría ciudadana, asumieron la gestión diaria bajo la supervisión de delegados estadounidenses.
En este esquema de control político, Ochoa Cuenca identifica a figuras clave de la política norteamericana como los principales enlaces de esta estructura. Por un lado, Richard Grenell, exembajador de Estados Unidos en Alemania, actúa como representante comercial vinculado al vicepresidente J.D. Vance y mantiene una relación cercana con Jorge Rodríguez. Por el otro, Mauricio Claver-Carone, quien ejerce desde el 20 de enero de 2025 como enviado especial del Departamento de Estado para América Latina bajo la recomendación de Marco Rubio, opera como el otro canal de influencia directa sobre las decisiones del Ejecutivo venezolano. Esta configuración de poder ha generado cuestionamientos sobre quién ejerce realmente la autoridad en el territorio nacional.
El estancamiento de las condiciones de vida y servicios públicos
Transcurridos 207 días desde la intervención del 3 de enero, los indicadores sociales y económicos no muestran mejoría para la población, según los datos recopilados por Ochoa Cuenca. El ingreso mensual básico de los ciudadanos se mantiene en el equivalente a un dólar americano, lo que perpetúa la situación de pobreza extrema en la mayoría de los hogares.
La crisis de los servicios públicos esenciales continúa sin resolverse bajo la actual gestión compartida. El servicio eléctrico presenta fallas críticas recurrentes, afectando al 80% de la población con racionamientos que oscilan entre las 5 y las 8 horas diarias. En el ámbito de la salud, el sistema hospitalario público sigue desprovisto de insumos básicos, obligando a los pacientes y sus familiares a suministrar desde gasas hasta agua oxigenada, además de gestionar de manera privada los donantes de sangre necesarios para cualquier intervención médica.
El sector educativo presenta un panorama similar de abandono. Durante los últimos siete meses no se han registrado obras de reparación en la infraestructura escolar. Asimismo, los salarios del personal docente continúan congelados en los niveles previos, percibiendo entre 130 bolívares (aproximadamente 30 dólares según el tipo de cambio oficial) y un máximo de 450 bolívares (cerca de 100 dólares) para aquellos educadores con mayor trayectoria y escalafón profesional.
La respuesta estatal ante desastres y la situación de los presos políticos
La capacidad de respuesta de las instituciones estatales y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quedó bajo escrutinio tras un terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Richter, ocurrido 175 días después de la acción militar de enero. Según el reporte de Ochoa Cuenca, las unidades militares tardaron 24 horas en hacer presencia en las zonas afectadas por el sismo para iniciar las labores de asistencia, lo que evidencia fallas de coordinación y despliegue en momentos de emergencia nacional.
Por otra parte, la situación judicial de los detenidos por motivos políticos no ha experimentado avances significativos. Más de 500 prisioneros, entre civiles y militares, permanecen en una situación de limbo legal tras casi siete meses del cambio de administración. La falta de claridad sobre la jurisdicción y la responsabilidad directa de sus custodias, dividida entre las directrices de Washington y las decisiones de Delcy Rodríguez, mantiene paralizados los procesos de liberación o juicio justo.
Recursos petroleros y el debate sobre la soberanía constitucional
Uno de los puntos financieros más complejos de la actual coyuntura es la comercialización de los recursos energéticos del país. Conforme a una publicación del semanario económico l’Expansion, filial en España del diario británico Financial Times, la administración estadounidense ha coordinado la venta de petróleo venezolano por un monto que asciende a los 13.000 millones de dólares. No obstante, Ochoa Cuenca advierte que el destino y uso de estos fondos no se han traducido en mejoras visibles para la calidad de vida de los ciudadanos ni en la reconstrucción de los servicios públicos, sembrando dudas sobre la transparencia en el manejo de dichos recursos por parte de los administradores locales en Miraflores.
Este control directo sobre la principal industria del país ha reabierto el debate sobre el estatus constitucional de Venezuela. Tras años de una fuerte influencia de la República de Cuba sobre las decisiones estratégicas de la nación, iniciada durante el mandato de Hugo Chávez, el país parece haber transitado hacia una pérdida de autonomía frente a los Estados Unidos. Las declaraciones de la presidencia estadounidense, que asume las reservas de crudo venezolanas como parte de sus propios inventarios estratégicos, generan rechazo en diversos sectores del país.
Ante esta realidad, la discusión jurídica y política se centra en definir la naturaleza actual del Estado venezolano. La falta de instituciones autónomas y la tutela extranjera plantean la interrogante de si la nación se encamina a convertirse de facto en un territorio bajo administración directa de una potencia externa, perdiendo de manera definitiva los atributos de una república soberana e independiente contemplados en la carta magna.
