Pronunciamiento sindical a dos años del 28 de julio de 2024
Hace dos años, el pueblo venezolano protagonizó una jornada épica al derrotar mediante el voto a la tiranía gobernante. Sin emplear la violencia, millones de ciudadanos asestaron un revés definitivo al régimen que los ha oprimido a lo largo del siglo XXI. El resultado de esa victoria popular todavía no se concreta, lo que ha
Diversas organizaciones de la sociedad civil, coaliciones políticas, centrales de trabajadores y sindicatos no confederados se movilizaron ante las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas y en varias regiones de Venezuela para reclamar el reconocimiento de los resultados de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024. De acuerdo con una publicación del portal informativo Runrun.es, los manifestantes presentaron un documento conjunto en el que exigen la restitución del hilo democrático, la juramentación de Edmundo González Urrutia y la ejecución de un plan de asistencia urgente para abordar la crisis social y económica, la cual se ha visto profundizada tras los sismos registrados en el país durante el año 2026.
La manifestación pacífica, coordinada por agrupaciones como el Comité Cúmplela en Defensa de la Constitución, la plataforma Espacio Consenso y el Frente Norte de Caracas, junto a diversas federaciones gremiales, enfatizó que la voluntad expresada por la ciudadanía hace dos años sigue vigente como un mandato constitucional que debe ser acatado por las instituciones del Estado. Los portavoces de estas agrupaciones señalaron que la superación de la actual parálisis institucional requiere el cumplimiento estricto de los preceptos de soberanía popular contemplados en la legislación nacional.
Exigencia de soberanía y restitución institucional
El documento presentado por las organizaciones civiles y sindicales sostiene que la recuperación de la estabilidad democrática y el bienestar social en Venezuela están directamente vinculados al respeto del artículo 5 de la Constitución de la República, el cual establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Según el reporte de Runrun.es, los firmantes del pronunciamiento demandan que se reconozca la victoria electoral de la oposición del 28 de julio de 2024, lo que debe traducirse en la juramentación de Edmundo González Urrutia para asumir la conducción del Poder Ejecutivo.
La propuesta de los sectores sociales contempla la conformación de un Gobierno de Emergencia y Unidad Nacional bajo la dirección de González Urrutia. Esta administración transitoria tendría como tareas prioritarias la atención inmediata de la emergencia humanitaria compleja y el diseño de un cronograma para la reorganización del sistema electoral venezolano. Los manifestantes insistieron en que el país requiere la conformación de un nuevo Poder Electoral que sea independiente, técnicamente calificado y desprovisto de sesgos partidistas, garantizando que los futuros procesos de votación gocen de plena confianza y legitimidad ante la comunidad nacional e internacional.
El impacto de la crisis social y el sismo de 2026
La declaración de los gremios y organizaciones comunitarias contextualiza la situación del país en el marco de una crisis estructural que se agravó de manera significativa tras los terremotos del 24 de junio de 2026. Según los datos recopilados en el manifiesto difundido por Runrun.es, los efectos del evento sísmico generaron severos daños materiales y humanos, dejando a miles de familias en condiciones de extrema vulnerabilidad y evidenciando la fragilidad de los servicios públicos e infraestructuras del Estado.
Los firmantes del documento denunciaron que la respuesta gubernamental ante el desastre natural ha sido insuficiente, caracterizando la gestión estatal como una estructura debilitada que no cuenta con la capacidad institucional para proteger a la población. Ante este escenario de desatención oficial, el pronunciamiento destaca el rol que asumieron las comunidades organizadas, las cuales establecieron de forma autónoma redes de auxilio y miles de centros de acopio en todo el territorio nacional para atender a los damnificados. Asimismo, las organizaciones expresaron su reconocimiento al apoyo brindado por la comunidad internacional durante la emergencia.
Reivindicaciones laborales y agenda sindical
Las centrales sindicales y los gremios profesionales que respaldaron la movilización incorporaron un pliego de demandas orientadas a revertir el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores venezolanos. El bloque laboral exigió la implementación de un plan de emergencia nacional que contemple un ajuste general y progresivo de los salarios y de las pensiones de vejez, con el fin de equiparar los ingresos al costo real de la canasta básica y garantizar la seguridad social de las familias.
Entre las peticiones específicas dirigidas a las autoridades del sector laboral se encuentra la derogación inmediata del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y del memorando 2792, instrumentos administrativos que, según los sindicatos, han suprimido de manera sistemática las escalas salariales y los derechos adquiridos en las contrataciones colectivas. Los representantes de los trabajadores señalaron que la recuperación del aparato productivo nacional debe fundamentarse en el respeto absoluto a la libertad sindical, la autonomía de las organizaciones gremiales y el cumplimiento estricto de los convenios internacionales suscritos por el Estado venezolano ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Derechos humanos y reconciliación nacional
El restablecimiento del orden constitucional, de acuerdo con el manifiesto reseñado por Runrun.es, exige una serie de medidas políticas urgentes destinadas a cesar la persecución contra los sectores disidentes. Las organizaciones firmantes demandaron la liberación inmediata de todos los presos políticos, la restitución plena de las libertades públicas, el cese de los mecanismos de censura aplicados contra los medios de comunicación independientes y la anulación de las normativas legales diseñadas para penalizar la protesta y la libre expresión de ideas.
El documento concluye con un llamado a iniciar un proceso de reinstitucionalización democrática y reconciliación nacional que permita superar la polarización social fomentada desde las esferas del poder. Los voceros de la sociedad civil afirmaron que las políticas públicas del Estado y la planificación económica deben reorientarse de manera prioritaria hacia la defensa de la dignidad humana, la protección de los sectores más vulnerables, tales como la infancia en situación de abandono, las mujeres embarazadas, los adultos mayores y los desempleados, y la reconstrucción del tejido ético de la sociedad venezolana.
