Las corporaciones privadas procesadas penalmente en el contexto de la investigación conocida como "Pdvsa-Cripto" sostienen una relación de acreedoras frente a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y no de deudoras, de acuerdo con los datos presentados por la organización no gubernamental Justicia y Proceso Venezuela. Esta afirmación se basa en las declaraciones judiciales de los propios funcionarios de investigación del Estado, obtenidos durante las sesiones del juicio oral y público que se efectúa en el Juzgado Especial Tercero en funciones de Juicio de Caracas, según reportó el portal informativo El Pitazo.
Theresly Malavé, abogada y directora de la mencionada organización no gubernamental, detalló las incidencias de las audiencias recientes. Durante la jornada correspondiente al 22 de julio, compareció el comisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Alexis Paolini, en calidad de testigo clave de la Fiscalía. Paolini estuvo a cargo de elaborar la Inspección Técnica Número 0080, un procedimiento ejecutado en mayo de 2023 en las oficinas principales de la corporación petrolera estatal.
De acuerdo con el testimonio de Paolini bajo interrogatorio, las compañías que actualmente enfrentan el proceso penal completaron diversas obras de infraestructura y servicios para la estatal petrolera. Sin embargo, estas operaciones no han sido canceladas por la administración de Pdvsa, lo que sitúa a las empresas privadas en una posición de reclamantes de pagos pendientes, contradiciendo la narrativa inicial de un desfalco directo mediante deudas no honradas por parte de los contratistas.
Las revelaciones del interrogatorio judicial
La defensa técnica de los procesados cuestionó la metodología utilizada para la selección de las empresas objeto de escrutinio. Al ser consultado sobre el origen de los datos que sustentaron la Inspección Técnica Número 0080, el comisario del Sebin admitió que la información procedía de un sistema consolidado de Pdvsa.
No obstante, ante las preguntas de los abogados defensores, Paolini reconoció que el rastreo no respondió a un análisis técnico aleatorio o general de las finanzas de la estatal, sino que se ejecutó de forma focalizada. Esta búsqueda selectiva de personas naturales y jurídicas específicas se realizó atendiendo a instrucciones directas de instancias superiores, lo que introduce variables de discrecionalidad en la fase de instrucción del caso.
El cruce de las cuentas internas reflejó que estas compañías ejecutaron de manera efectiva los contratos asignados, quedando los compromisos financieros del lado de la corporación estatal, la cual mantiene las facturas en estado de mora.
