ONU rechaza la salida de Venezuela de la CPI y exige revertir decisión avalada por EE.UU.
El retiro formal de Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI) tardará un año en surtir efecto legal pleno de acuerdo con los procedimientos del tratado. Caracas. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela condenó la decisión del gobierno de Delcy Rodríguez de desvincular al país […]
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La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela rechazó la determinación de la administración de Delcy Rodríguez de retirar al país de la Corte Penal Internacional (CPI). De acuerdo con el organismo multilateral, esta medida representa un intento por afianzar la impunidad y evitar la rendición de cuentas respecto a las denuncias por crímenes de lesa humanidad en el territorio nacional. El anuncio se produce en un contexto de tensiones sobre el acceso a la justicia y el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos.
Postura de la Misión de las Naciones Unidas
La delegación de expertos de la ONU señaló que la medida adoptada el pasado 24 de julio por la gestión de Rodríguez ocurre en una coyuntura especialmente compleja para la población venezolana. Según el reporte del organismo, la prioridad del Estado debería centrarse en asegurar el derecho a la verdad, el esclarecimiento de los hechos históricos y la aplicación de mecanismos de justicia efectivos para las víctimas.
La Misión cuestionó la inacción de las instituciones locales frente a los expedientes de abusos graves. En sus declaraciones, el órgano internacional enfatizó que las autoridades de Caracas no han implementado medidas concretas ni avances significativos para investigar judicialmente las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y los ilícitos internacionales que diversas organizaciones y agencias han documentado durante más de diez años.
A juicio de la representación de Naciones Unidas, la desvinculación del Estatuto de Roma tiene como propósito principal evadir el escrutinio de los tribunales externos y neutralizar las vías de cooperación destinadas a promover la justicia en el ámbito doméstico. Ante este panorama, los integrantes de la Misión hicieron un exhorto formal al Ejecutivo venezolano para que reconsidere y revoque la denuncia del tratado, instándolo a reanudar la colaboración con los sistemas de protección internacional y con la propia fiscalía de la CPI.
El mecanismo de retiro y la justificación oficial
El proceso formal de separación comenzó tras una instrucción de la presidencia encargada de Delcy Rodríguez. En cumplimiento de esta orden, el canciller de la República, Félix Plasencia, remitió una comunicación oficial al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres. En dicha correspondencia, el funcionario notificó la decisión de denunciar el Estatuto de Roma, el documento fundacional de la CPI, invocando los procedimientos contemplados en el artículo 127 de dicho acuerdo multilateral.
Desde la perspectiva de la cancillería venezolana, la salida de la jurisdicción de La Haya se fundamenta en un supuesto sesgo en el funcionamiento del tribunal internacional. Los voceros gubernamentales en Caracas argumentaron que la Corte Penal Internacional mantiene un sesgo geográfico en sus actuaciones, acusando al organismo de dirigir sus acciones de manera desproporcionada en contra de las naciones pertenecientes al Sur Global.
No obstante, la Misión de Determinación de los Hechos desestimó estos alegatos, insistiendo en que el argumento del sesgo geográfico no exime al Estado de sus obligaciones fundamentales ni justifica la ausencia de investigaciones judiciales internas que sean transparentes y efectivas. De acuerdo con las normas que rigen el Estatuto de Roma, la solicitud de retiro no tiene un efecto inmediato. El texto convencional estipula que el proceso de desvinculación formal requiere un lapso de doce meses para completarse y surtir plenos efectos jurídicos, período durante el cual el Estado sigue sujeto a los compromisos previamente adquiridos bajo el tratado.
Posición y respaldo de la administración estadounidense
Un elemento en el desarrollo de este conflicto diplomático fue el pronunciamiento de los Estados Unidos. El gobierno estadounidense, bajo la gestión de Donald Trump, manifestó su respaldo público a la decisión tomada por la administración de Delcy Rodríguez de apartarse del tribunal de La Haya.
Por medio de una declaración oficial emitida por el Departamento de Estado, la diplomacia de Washington ofreció su apoyo a la medida de la gestión venezolana. En el documento oficial, las autoridades norteamericanas cuestionaron la validez del tribunal internacional, afirmando que la Corte Penal Internacional carece de la credibilidad, la independencia y la legitimidad necesarias para ejercer su mandato global.
Con este posicionamiento, la Casa Blanca coincidió con los cuestionamientos de Caracas hacia la corte, sumando su influencia a las corrientes que promueven la reducción del alcance jurisdiccional de este tribunal de justicia internacional.
Perspectivas sobre la justicia y el monitoreo internacional
La decisión de denunciar el Estatuto de Roma abre un periodo de transición de un año en el que se mantendrán las tensiones entre las exigencias de los organismos de derechos humanos y la política exterior del gobierno venezolano. Durante este intervalo, la comunidad internacional y los defensores de derechos fundamentales mantendrán su atención en la evolución de los casos abiertos y en la disposición de las autoridades locales para responder a los requerimientos de información de los entes de supervisión.
La insistencia de la Misión de la ONU en demandar reformas internas y procesos judiciales transparentes choca con el argumento de soberanía y las críticas al multilateralismo judicial esgrimidas por el Ejecutivo y sus aliados externos. El desarrollo de este proceso definirá el acceso de los ciudadanos a instancias de apelación internacional y la viabilidad de los mecanismos de supervisión de derechos humanos en el país en el mediano plazo.
