ONG explica que salida de la CPI no detendrá investigación contra el chavismo
Laboratorio de Paz dijo que no es un proceso inmediato. Toma al menos un año desde que el secretario general de la ONU recibe la notificación
La decisión del Ejecutivo venezolano de iniciar el proceso para retirar al país de la Corte Penal Internacional (CPI) no frenará la investigación en curso por presuntos crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con un análisis técnico de la organización no gubernamental Laboratorio de Paz, difundido por el medio digital El Pitazo, el marco jurídico internacional que rige al tribunal de La Haya contiene cláusulas específicas que impiden a los Estados eludir sus responsabilidades previas mediante la denuncia del tratado.
La medida, anunciada por el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, representa un intento por desvincular al Estado venezolano de la jurisdicción del Estatuto de Roma. Sin embargo, los tratados internacionales de derechos humanos y el derecho penal internacional contemplan mecanismos de salvaguarda para garantizar que los procesos de justicia en desarrollo sigan su curso independiente de las decisiones políticas de los gobiernos bajo investigación.
El marco legal del artículo 127 y los plazos de salida
La clave jurídica que impide la paralización del caso radica en el diseño del propio Estatuto de Roma, el documento fundacional de la CPI ratificado por Venezuela en el año 2000. La ONG Laboratorio de Paz detalló que el artículo 127.2 de este instrumento legal establece con claridad que la retirada de un Estado parte no tiene efectos retroactivos sobre los procedimientos que ya se encuentran en marcha.
La norma señala que la denuncia del tratado no afecta las investigaciones y los procesos judiciales que hubieran comenzado antes de que la retirada se haga efectiva. Asimismo, el texto legal impide que la Corte deje de examinar los asuntos que ya estaban bajo su consideración con anterioridad a la fecha de la notificación de salida.
Adicionalmente, el proceso de desvinculación no ocurre de forma automática ni inmediata. El Estatuto de Roma determina que la denuncia del tratado surte efecto un año después de que el Secretario General de las Naciones Unidas reciba la notificación oficial por parte del Estado denunciante. Durante ese período de doce meses de transición, el país mantiene todas las obligaciones jurídicas derivadas de su condición de Estado miembro, lo que incluye el deber de cooperar con las autoridades judiciales de La Haya.
El origen de la jurisdicción en Venezuela
La relación de Venezuela con la Corte Penal Internacional se remonta a la presidencia de Hugo Chávez, bajo cuya gestión el país ratificó el Estatuto de Roma el 7 de junio de 2000. Posteriormente, a partir del 1 de julio de 2002, la CPI adquirió plena jurisdicción para investigar y juzgar los crímenes contemplados en el estatuto que fuesen cometidos en territorio venezolano o por ciudadanos de esta nacionalidad.
La investigación formal que adelanta la Fiscalía de la CPI, denominada técnicamente caso "Venezuela I", abarca hechos acontecidos a partir del 12 de febrero de 2014. Dado que todos estos sucesos ocurrieron mientras Venezuela era un miembro pleno de la comunidad del Estatuto de Roma, la competencia del tribunal sobre estos eventos específicos queda blindada frente a cualquier intento de desvinculación posterior. La Corte conserva la atribución para procesar las denuncias, evaluar las pruebas y determinar responsabilidades individuales sobre los hechos ocurridos durante el período de vigencia del tratado.
Evolución cronológica del caso "Venezuela I"
La fase de investigación del caso venezolano se consolidó tras un prolongado proceso de evaluación técnica y presión diplomática internacional. En el año 2018, un grupo de Estados miembros de la CPI compuesto por Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, al que posteriormente se sumaron Uruguay y Ecuador, solicitó formalmente a la Fiscalía de la Corte que investigara la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país. Aunque Argentina formó parte del grupo inicial de denunciantes, su representación retiró posteriormente el apoyo a la solicitud durante la gestión del presidente Alberto Fernández.
Tras tres años de examen preliminar, en noviembre de 2021, el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció en Caracas el paso a la fase de investigación formal. El anuncio se realizó en el Palacio de Miraflores en presencia de Nicolás Maduro. Desde ese momento, la defensa del Estado venezolano ha presentado múltiples recursos legales ante los jueces de la Corte con el propósito de detener o postergar el avance del expediente.
En abril de 2022, las autoridades venezolanas solicitaron formalmente el aplazamiento de la investigación de la CPI, bajo el argumento de que el sistema de justicia doméstico ya se encontraba investigando los mismos hechos. No obstante, la Fiscalía de la CPI determinó que las actuaciones internas no cumplían con los estándares de complementariedad requeridos, por lo que solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares la autorización para continuar con el proceso internacional. Dicha autorización fue concedida por los magistrados en junio de 2023.
Los intentos de apelación presentados por la representación del gobierno venezolano, el último de ellos desestimado en marzo de 2024, no han logrado frenar el avance de las pesquisas. En paralelo, la Corte también rechazó en marzo de 2024 una solicitud presentada por Caracas para que se investigaran las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos como presuntos crímenes de lesa humanidad.
Implicaciones para el futuro del monitoreo internacional
La decisión de denunciar el Estatuto de Roma genera un escenario de transformaciones en cuanto a la protección de los derechos humanos en el mediano y largo plazo. Según la explicación técnica de Laboratorio de Paz, el principal cambio que introduce esta medida se proyecta hacia el futuro.
Una vez que transcurra el año reglamentario y la salida de Venezuela de la CPI se haga efectiva, la Fiscalía de la Corte no tendrá la facultad de iniciar nuevas investigaciones de oficio sobre hechos delictivos que ocurran con posterioridad a esa fecha de desconexión. La jurisdicción de la CPI para eventos futuros quedaría anulada, a menos que se presenten escenarios excepcionales, tales como una remisión del caso por parte del Consejo de Seguridad de la ONU o que un futuro gobierno venezolano decida aceptar nuevamente de forma voluntaria la competencia del tribunal.
Este escenario plantea desafíos para la sociedad civil y los defensores de derechos humanos en el país, quienes deberán depender de otros mecanismos internacionales de supervisión y documentación. No obstante, para las víctimas de los sucesos ocurridos entre 2014 y el término del periodo de transición de un año, el proceso judicial en La Haya sigue siendo una vía activa de búsqueda de justicia, dado que los expedientes acumulados conservan su validez procesal y la Fiscalía de la CPI mantiene sus facultades de investigación sobre dichos eventos.
