Decenas de organizaciones no gubernamentales han elevado una contundente voz de alerta ante la militarización del estado La Guaira, una medida implementada tras el reciente y devastador terremoto que sacudió al país. Las coaliciones cívicas advierten que la respuesta a la emergencia debe estar intrínsecamente ligada a un riguroso respeto por los derechos humanos, evitando la repetición de los sombríos episodios de abusos estatales documentados en crisis pasadas. Esta preocupación surge de la memoria histórica de Venezuela, donde la intervención castrense en situaciones de desastre ha derivado en graves violaciones a las garantías fundamentales.
El Fantasma de Vargas: Un Precedente Inquietante
La decisión de colocar La Guaira bajo control militar evoca de inmediato el trágico precedente del deslave de Vargas en 1999. Aquella catástrofe natural, que devastó vastas zonas de la entidad, fue seguida por una intervención militar que, según reportes y testimonios documentados por organizaciones de derechos humanos, se tradujo en una alarmante serie de atropellos. La ausencia de controles civiles efectivos y la concentración de poder en manos de cuerpos armados generaron un escenario propicio para la arbitrariedad, con denuncias que incluyeron detenciones ilegales, desapariciones forzadas y hasta ejecuciones extrajudiciales. Estos hechos, que dejaron una profunda cicatriz en la memoria colectiva, sirven hoy como un crudo recordatorio de los riesgos inherentes a la suspensión de las garantías constitucionales bajo el pretexto de la emergencia.
Las cuarenta organizaciones, en un comunicado conjunto, subrayan que ninguna circunstancia de urgencia, por más grave que sea, puede justificar la eliminación o flexibilización de los mecanismos de control civil y la rendición de cuentas. Argumentan que la experiencia venezolana demuestra que la militarización de zonas de desastre no solo es ineficaz para garantizar una respuesta humanitaria adecuada, sino que además incrementa exponencialmente la vulnerabilidad de la población ante posibles abusos de poder. La Guaira, una región ya golpeada por un desastre natural de gran magnitud, no puede permitirse el lujo de revivir un capítulo de violaciones a los derechos humanos, que agravaría el sufrimiento de sus habitantes. La prioridad, insisten, debe ser el rescate de vidas y la protección de la dignidad humana, siempre bajo el amparo de la ley y con una estricta supervisión civil.
