Oliveros: Venezuela no tiene capacidad para asumir la reconstrucción tras los terremotos del 24 de junio
El economista venezolano Asdrúbal Oliveros advirtió que Venezuela no cuenta con la capacidad financiera para asumir la reconstrucción de La Guaira y Caracas tras la dupla de terremotos registrada el pasado 24 de junio, un proceso que, según sus estimaciones, requerirá inversiones de entre 13.000 y 15.000 millones de dólares. La información fue presentada por
Caracas, Venezuela – La tierra tembló el pasado 24 de junio, y con ella, se sacudieron las ya frágiles estructuras de la capital y el litoral central de Venezuela. La "dupla de terremotos" que impactó a Caracas y La Guaira no solo dejó a su paso daños materiales y un profundo temor en la población, sino que también desnudó una cruda realidad: Venezuela, en su actual estado de profunda crisis económica e institucional, carece por completo de la capacidad para afrontar la monumental tarea de la reconstrucción. El economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, ha sido categórico en su advertencia: la inversión necesaria para restaurar lo perdido oscila entre los 13.000 y 15.000 millones de dólares, una cifra astronómica e inalcanzable para un país con el Producto Interno Bruto (PIB) desmantelado y unas finanzas públicas devastadas.
Los eventos telúricos del 24 de junio, aunque aún se evalúa su magnitud total en vidas humanas y heridos, han dejado una cicatriz visible en el tejido urbano y económico de dos de las regiones más vitales del país. La Guaira, con su puerto y aeropuerto internacional, y Caracas, el epicentro político y financiero, son neurálgicos para la ya moribunda actividad económica venezolana. Oliveros, en un análisis detallado publicado en la página Ecosistema bajo el título "Un terremoto que lo cambia todo", ha desglosado las implicaciones de este desastre natural, pintando un panorama desolador para la recuperación.
Según las estimaciones preliminares del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), basadas en una evaluación satelital rápida, los daños físicos directos superan los 6.700 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 6% del PIB venezolano. Sin embargo, el equipo de Oliveros proyecta que el rango de pérdidas asociadas exclusivamente a daños estructurales podría situarse entre 4.700 y 8.700 millones de dólares. A esto se suma la estimación de reconstrucción que, según el economista, asciende a un rango de 13.000 a 15.000 millones de dólares. Estas cifras no son meros números; representan la necesidad de reconstruir miles de viviendas, reparar infraestructuras críticas (carreteras, puentes, servicios básicos), revitalizar el comercio y restablecer las cadenas de transporte y logística que conectan al país con el mundo.
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"El impacto financiero es masivo y redefine nuestras prioridades", afirmó Oliveros, subrayando la urgencia de atender la necesidad de viviendas para los damnificados, la reactivación comercial y la reparación de la infraestructura logística en el litoral central, con especial énfasis en el puerto de La Guaira y el aeropuerto de Maiquetía. Ambos son puntos de entrada vitales para las importaciones que sostienen el consumo interno y la poca actividad productiva que aún subsiste. La conclusión del experto es lapidaria: "Lamentablemente, cuando estamos hablando de estas cifras, vemos que Venezuela no tiene capacidad para asumir la reconstrucción".
El historial de Venezuela con desastres naturales, particularmente el trágico deslave de Vargas en 1999, que dejó miles de muertos y desaparecidos, así como una devastación de infraestructura sin precedentes, sirve como un sombrío recordatorio de la vulnerabilidad del país. Aquella tragedia, aunque manejada por un gobierno recién llegado al poder con un fuerte apoyo popular, puso a prueba la capacidad de respuesta estatal. Dos décadas después, la situación es drásticamente diferente y mucho más precaria. El aparato estatal venezolano se ha desmantelado progresivamente, la corrupción ha carcomido las instituciones, la fuga de cerebros ha diezmado el capital humano calificado y la infraestructura pública ha colapsado por falta de mantenimiento e inversión. La capacidad de respuesta ante una emergencia de esta magnitud es hoy, más que nunca, una quimera.
Oliveros advierte que la recuperación será un proceso lento y tortuoso, cuyas consecuencias trascienden la mera destrucción de edificaciones. "Destruye la productividad, el empleo, ingresos fiscales, cadenas logísticas y confianza", sentenció. Miles de empresas verán sus operaciones interrumpidas, las familias pospondrán decisiones de consumo e inversión, y la ya anémica actividad económica perderá aún más dinamismo durante meses e incluso años. La incertidumbre económica, que ha sido una constante en la vida del venezolano por años, persistirá por un período prolongado, profundizando la desesperanza.
Implicaciones de un desastre en un Estado fallido
La advertencia de Oliveros no puede ser subestimada. Las implicaciones de esta incapacidad para asumir la reconstrucción son múltiples y devastadoras, abarcando esferas económicas, sociales y políticas.
En el ámbito económico, la cifra de 13.000 a 15.000 millones de dólares representa una carga financiera inasumible para Venezuela. El PIB venezolano ha caído dramáticamente en la última década, reduciéndose a una fracción de lo que fue. Las reservas internacionales están en mínimos históricos, los ingresos petroleros, que alguna vez fueron el motor de la nación, son pírricos debido a la destrucción de PDVSA y las sanciones internacionales. El gobierno carece de acceso creíble a mercados de capital internacionales y su capacidad de endeudamiento es prácticamente nula, salvo por acuerdos opacos con aliados geopolíticos que rara vez se traducen en inyecciones de capital líquido para este tipo de emergencias. Intentar financiar la reconstrucción a través de la emisión monetaria, como ha sido la práctica recurrente del régimen, solo profundizaría la hiperinflación y la devaluación del bolívar, pulverizando aún más el poder adquisitivo de los ciudadanos.
La destrucción de la productividad y el empleo en La Guaira y Caracas es un golpe directo al corazón de la economía. Centros comerciales, pequeñas y medianas empresas, almacenes y oficinas han sido dañados o destruidos, cerrando fuentes de empleo e ingresos vitales. Esto se traduce en una reducción drástica de los ingresos fiscales, lo que a su vez limita la capacidad del Estado para financiar cualquier tipo de programas sociales o de recuperación. La interrupción de las cadenas logísticas, especialmente en el puerto de La Guaira, significa que las importaciones de alimentos, medicinas y bienes esenciales se verán afectadas, exacerbando la escasez y aumentando los precios en un país que ya depende casi exclusivamente de lo que llega del exterior. La confianza, un intangible crucial para cualquier economía, se verá aún más mermada, ahuyentando cualquier atisbo de inversión privada, tanto nacional como extranjera.
Desde una perspectiva social, las consecuencias serán calamitosas. Miles de familias han perdido sus hogares y sus medios de vida. Esto no solo genera una crisis humanitaria inmediata de desplazamiento y necesidad de refugio, sino que también profundiza la pobreza y la desigualdad. Aquellos sectores de la población que ya vivían en condiciones precarias serán los más afectados, empujados aún más al borde de la subsistencia. La falta de acceso a servicios básicos como agua, electricidad y telecomunicaciones, ya deteriorados antes del terremoto, se agravará, haciendo la vida insostenible para muchos. Es previsible que esta situación impulse una nueva ola de migración interna o, incluso, externa, a medida que los venezolanos buscan desesperadamente un futuro fuera de las zonas afectadas o del país. El trauma psicológico colectivo de vivir un desastre natural sin un Estado capaz de ofrecer protección y apoyo es un factor que no debe subestimarse.
En el plano político, la crisis post-terremotos pone a prueba la ya cuestionada legitimidad y capacidad del gobierno. La respuesta del Estado, o la falta de ella, será observada con lupa tanto a nivel nacional como internacional. La gestión de desastres en un contexto de fragilidad institucional es un caldo de cultivo para la ineficiencia, la corrupción y la politización de la ayuda. La posibilidad de que el gobierno rechace o condicione la ayuda internacional, o que la opaque en su distribución, es una preocupación real, dadas las complejidades de las relaciones internacionales de Venezuela y la desconfianza histórica en la transparencia de la administración de recursos. La tragedia podría ser utilizada para justificar la centralización de más poder o para desviar la atención de otros problemas apremiantes, en lugar de ser una oportunidad para una verdadera reconstrucción y rendición de cuentas.
Oliveros, aludiendo a estudios del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la literatura académica especializada, enfatizó que "el impacto de un desastre natural depende mucho menos de la intensidad del fenómeno, que de la fortaleza institucional del país afectado". En el caso venezolano, la fragilidad institucional es una enfermedad crónica que amplifica exponencialmente las consecuencias de cualquier adversidad. La debilidad de las instituciones, la falta de transparencia, la ausencia de un marco legal robusto y de una administración pública eficiente, y la erosión de la confianza ciudadana en el Estado, son factores que no solo retrasarán, sino que podrían anular cualquier esfuerzo de recuperación.
Un futuro incierto y la necesidad de un nuevo pacto
La advertencia de Asdrúbal Oliveros resuena como una campana de alarma en el ya sombrío panorama venezolano. El doble terremoto del 24 de junio no es solo un desastre natural; es la catalizador de una crisis económica prolongada que expone la vulnerabilidad de un país cuya estructura institucional ha sido sistemáticamente desmantelada. La reconstrucción de Caracas y La Guaira no es solo una cuestión de ladrillos y cemento; es una cuestión de recuperar la confianza, de reconstruir la institucionalidad y de reestablecer la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.
La magnitud de la tarea excede con creces las capacidades actuales del gobierno venezolano. La ayuda internacional será indispensable, pero deberá venir acompañada de mecanismos de transparencia y supervisión rigurosos para asegurar que los recursos lleguen a quienes los necesitan y no se desvíen en el laberinto de la corrupción. Más allá de la asistencia externa, esta tragedia debería ser un punto de inflexión para que Venezuela emprenda un camino real hacia la reconstrucción de su Estado de derecho, sus instituciones y su economía. Sin un cambio profundo en la gobernanza y un compromiso genuino con la transparencia y la eficiencia, cualquier esfuerzo por levantar las ruinas materiales estará condenado al fracaso.
El pueblo venezolano, históricamente resiliente, se enfrenta a una prueba más de su fortaleza. Pero la resiliencia tiene límites cuando el Estado, que debería ser su garante, se muestra incapaz e ineficaz. La reconstrucción post-terremotos es más que una emergencia; es una oportunidad, aunque dolorosa, para que Venezuela reevalúe sus prioridades, reconstruya la confianza y, finalmente, ponga los cimientos para un futuro donde la vida de sus ciudadanos no dependa de la suerte o la caridad, sino de un Estado funcional y comprometido con su bienestar. La libertad de expresión, en este contexto, es más vital que nunca para denunciar las fallas, exigir responsabilidades y guiar el camino hacia una verdadera recuperación.
