Nicaragua también se pelea con República Dominicana por repudiar la prohibición de elecciones
El régimen de Nicaragua arremetió contra la República Dominicana por condenar en los términos “más enérgicos” las recientes declaraciones del tan cuestionado copresidente nicaragüense,
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua emitió un pronunciamiento de rechazo contra el gobierno de la República Dominicana, luego de que esta nación caribeña condenara las declaraciones del mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, referidas a la suspensión de procesos electorales en el país centroamericano. La disputa diplomática evidencia las crecientes tensiones en la región tras los discursos emitidos durante la conmemoración de la revolución sandinista.
La declaración de Daniel Ortega y la reacción dominicana
El origen del conflicto bilateral se remonta a las afirmaciones realizadas por Daniel Ortega el pasado 19 de julio, en el marco del cuadragésimo séptimo aniversario de la revolución sandinista. Durante su alocución, el gobernante nicaragüense aseveró que en su nación no se organizarían nuevos comicios destinados a permitir que los sectores de la oposición política accedieran al poder del Estado. De acuerdo con el reporte de las declaraciones, Ortega argumentó que no se darían facilidades para que factores adversos a su gestión lograran controlar la administración pública a través del voto.
Ante estas afirmaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana reaccionó mediante un comunicado oficial en el cual rechazó de manera firme las palabras del mandatario centroamericano. La cancillería del país caribeño calificó la postura de Ortega como un desconocimiento directo de las bases de la democracia representativa. Según el documento emitido por las autoridades dominicanas, la pretensión de clausurar la vía electoral vulnera el derecho de la ciudadanía nicaragüense a elegir de forma periódica, transparente y plural a sus representantes gubernamentales.
Los argumentos de Santo Domingo bajo la Carta Democrática
En su pronunciamiento, la diplomacia de la República Dominicana fundamentó sus reclamos en los instrumentos jurídicos internacionales que rigen el continente americano. La institución citó específicamente el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, el cual establece de manera taxativa que los pueblos de América poseen un derecho fundamental a la democracia, mientras que sus respectivos gobiernos asumen la obligación de promoverla y defenderla de manera activa.
La administración de Santo Domingo enfatizó que ningún poder ejecutivo tiene la facultad de privar a sus ciudadanos de expresar la soberanía popular mediante el sufragio. Asimismo, el texto oficial dominicano señaló que la alternancia en el ejercicio del poder político representa un principio ineludible que no puede ser cancelado por determinaciones unilaterales de un gobierno en funciones. Por tales motivos, la cancillería dominicana instó formalmente a las autoridades de Managua a rectificar sus planteamientos y a ofrecer plenas garantías para el ejercicio de los derechos políticos y las libertades civiles en el territorio nicaragüense.
La réplica de Managua y las alusiones históricas
La respuesta del gobierno de Nicaragua se formalizó el miércoles 22 de julio a través de una nota oficial de su Ministerio de Relaciones Exteriores. En dicho documento, la cancillería nicaragüense cuestionó la legitimidad de las críticas provenientes de la República Dominicana, acusando a las autoridades de ese país de adoptar posturas alineadas con intereses externos. El texto del ministerio nicaragüense señaló como contradictorio que una nación con un historial de resistencia frente a intervenciones extranjeras posea en la actualidad representantes institucionales con posiciones que calificó de sumisas.
Para argumentar su posición, el despacho diplomático nicaragüense recurrió a referencias históricas comunes entre ambos países. El comunicado recordó la figura de Gregorio Urbano Gilbert, un activista y combatiente dominicano que durante el siglo pasado cooperó con el líder revolucionario nicaragüense Augusto C. Sandino en sus campañas armadas. La cancillería de Managua utilizó esta referencia para señalar que las sociedades de ambos países comparten una memoria histórica de lucha por la soberanía, desvinculando la conducta de los ciudadanos dominicanos de las decisiones y declaraciones emitidas por sus actuales gobernantes. El documento concluyó este apartado citando la máxima del respeto al derecho ajeno como base fundamental para la convivencia pacífica.
Reformas constitucionales y el futuro electoral en Nicaragua
De manera paralela al intercambio de notas diplomáticas, otros altos funcionarios del Estado nicaragüense buscaron precisar el alcance de las declaraciones de Daniel Ortega sobre el sistema de votación. El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, ofreció declaraciones el miércoles 22 de julio en las que sostuvo que los procesos electorales en el país no serán suspendidos definitivamente, sino que se someterán a una profunda reestructuración legal.
Según lo expuesto por Porras, el parlamento nicaragüense trabaja en el diseño de un nuevo marco constitucional destinado a regular la participación política. El legislador sandinista explicó que las futuras reformas tendrán como objetivo principal impedir la postulación de personas o agrupaciones que el gobierno califique como promotores de golpes de Estado o traidores a la patria. De igual manera, la nueva normativa prohibirá de forma explícita la participación de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y candidatos que reciban cualquier tipo de financiamiento económico por parte de agencias de cooperación, gobiernos o entidades extranjeras. Con estas medidas, el legislativo nicaragüense pretende blindar el sistema político frente a lo que consideran injerencias externas en los asuntos internos de la nación.
La confrontación verbal entre las cancillerías de Nicaragua y la República Dominicana se suma a una serie de fricciones diplomáticas recientes de Managua con otros gobiernos de la región que también han expresado su preocupación por el rumbo de las instituciones en el país centroamericano. El debate sobre las garantías electorales y el respeto a los tratados internacionales de derechos políticos continúa siendo un punto de tensión en la agenda diplomática de América Latina.
