Un Hospital Sin Esperanza: El Caso de la CVG
Ramón Gómez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos Profesionales y Técnicos de la Corporación Venezolana de Guayana (Sunep-CVG), dibuja un panorama igualmente sombrío. Sus palabras resuenan con la misma urgencia y desesperación: las muertes de trabajadores y sus familiares por la falta de una atención médica adecuada son una constante dolorosa. La esperanza de vida de quienes dedicaron su juventud y esfuerzo a la construcción de la nación se ve truncada por la carencia de lo más elemental en el sistema de salud laboral.
El epicentro de esta crisis para los trabajadores de la CVG es el llamado Hospital de los Trabajadores. Lo que una vez fue un edificio administrativo, adaptado para la atención médica, hoy es una estructura que languidece, desprovista de los equipos, insumos y medicamentos más básicos. “El personal puede tener disposición de trabajar, pero si no existen equipos, medicinas ni tratamientos, seguirán ocurriendo fallecimientos que pudieron evitarse con atención a tiempo”, enfatiza Gómez, señalando la impotencia del personal médico ante la escasez crónica. La buena voluntad no puede suplir la falta de recursos, y cada día que pasa sin una solución, la lista de víctimas se alarga.
La Desaparición de un Beneficio Vital
La memoria colectiva de los trabajadores de la CVG evoca tiempos en los que la seguridad social no era una quimera. Anteriormente, contaban con un robusto servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) de cobertura nacional, un beneficio que garantizaba atención inmediata en clínicas privadas ante cualquier emergencia. Este sistema, que ofrecía tranquilidad y certeza en momentos de vulnerabilidad, fue eliminado de manera abrupta, dejando a miles de familias a la deriva. La promesa de una atención integral se desvaneció, y en su lugar, se les remite exclusivamente al Hospital de los Trabajadores, cuya capacidad es notoriamente insuficiente para atender la vasta demanda y la complejidad de las patologías.
La cruda realidad se manifestó recientemente en el caso de un trabajador de la CVG que, al no poder recibir la atención adecuada en el hospital designado, tuvo que ser trasladado de emergencia. Lamentablemente, su vida se apagó poco después en el hospital de Ferrominera. Este trágico suceso, que no es un hecho aislado, subraya la urgencia de la situación y la necesidad imperante de un cambio. Cada traslado de emergencia, cada espera por un insumo, cada puerta cerrada en una clínica privada por falta de un seguro, se convierte en un capítulo más de este drama humano que se desarrolla en el corazón industrial de Venezuela.
Un Llamado Desesperado a la Acción
La voz de Ramón Gómez resuena con un llamado a la acción inmediata: “Esto no puede seguir ocurriendo. Es necesario un plan de emergencia que incluya clínicas privadas para atender casos urgentes”. La vida de los trabajadores y sus familias no puede seguir siendo moneda de cambio en la ineficiencia y la desidia. Es una cuestión de dignidad y de justicia social. A su vez, el líder sindical exige a las autoridades de la CVG que ejecuten soluciones concretas e inmediatas ante el deterioro alarmante del sistema de salud laboral. La hora de las promesas vacías ha terminado; la hora de la acción es ahora.
Los jubilados del holding CVG, con la angustia reflejada en sus rostros, han elevado su clamor directamente a las más altas esferas del poder, con un mensaje claro y contundente: “No queremos más muertos”. Este grito desesperado es el eco de una generación que construyó los cimientos de la riqueza nacional y que hoy se ve abandonada a su suerte. Es un recordatorio doloroso de que la vida humana no tiene precio, y que la responsabilidad de proteger a los más vulnerables recae en quienes ostentan el poder. La indiferencia no puede ser la respuesta ante el sufrimiento de quienes lo dieron todo por el país.
La persistencia de estas muertes por desatención médica en Guayana no es solo una cifra, sino la manifestación más cruel de una crisis humanitaria que exige una respuesta urgente y humana. Es un llamado a la conciencia de las autoridades, a recordar que detrás de cada expediente hay una vida, una historia, una familia que espera justicia y, sobre todo, una atención digna en los años dorados que deberían ser de merecido descanso, no de angustia y abandono. La deuda con estos hombres y mujeres no es solo económica, es una deuda moral que clama por ser saldada antes de que más vidas se pierdan en el olvido.
