Mariana Parra sobre Bancamiga: partes de las acciones se traspasaron a cuñada de Carlos Erik Malpica Flores
El abogado y banquero Carmelo De Grazia Suárez está detenido junto a su Daniel desde De Grazia 2024 por el caso de Pdvsa-Cripto, y su esposa, Mariana Parra, en una entrevista en Punto y Contexto con el director de El Pitazo, César Batiz, denunció que los bienes incautados no pasaron a manos del Estado sino
Denuncia Explosiva: Acciones de Bancamiga Traspasadas a Cuñada de Carlos Erik Malpica Flores en Medio de la Purga Judicial
Caracas, Venezuela – En un país donde la opacidad y la presunta captura institucional se han convertido en la norma, una nueva y explosiva denuncia sacude los cimientos del sector bancario y judicial venezolano. Mariana Parra, esposa del banquero Carmelo De Grazia Suárez –detenido desde enero de 2024 por el resonante caso PDVSA-Cripto– ha alzado su voz para señalar una trama de irregularidades que, según sus palabras, despojó a su familia de sus acciones en Bancamiga, uno de los bancos más prominentes del país, para transferirlas a particulares con vínculos directos al poder. La acusación más grave: una parte significativa de esas acciones habría terminado en manos de Carla Hurtado de Malpica, cuñada de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la primera dama Cilia Flores y figura con un historial de altos cargos públicos y sanciones internacionales.
La revelación, hecha pública en una entrevista con César Batiz, director de El Pitazo, expone una presunta operación de despojo que, de confirmarse, dibuja un sombrío panorama sobre la seguridad jurídica y la integridad de las instituciones en Venezuela. Parra no solo denuncia la dilución forzada de la participación de su esposo y su cuñado, Daniel De Grazia, sino que también apunta a la presunta complicidad de entes reguladores y a un proceso judicial viciado, donde la justicia parece ser un mero instrumento para la reconfiguración de activos en favor de una élite conectada.
La Trama del Despojo: Detenciones, Dilución y Traspasos Irregulares
La cronología de los hechos, según Mariana Parra, es escalofriante. Carmelo y Daniel De Grazia Suárez, fundadores y accionistas de Bancamiga, fueron detenidos a principios de 2024 en el marco de la operación anticorrupción conocida como PDVSA-Cripto. Este caso, que ha involucrado a decenas de funcionarios y empresarios, se ha caracterizado por su hermetismo y por las graves acusaciones de miles de millones de dólares desaparecidos de las arcas estatales. Los hermanos De Grazia, junto a otros empleados del banco como Ernesto Vivanco y Kerly López –quien además denunció el robo de 2 millones de dólares de una bóveda durante un allanamiento de la DGCIM–, fueron recluidos en el centro penitenciario Rodeo I, mientras un hermano menor, Levin De Grazia, recibió medida de casa por cárcel.
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Es en este contexto de incomunicación y privación de libertad que, de acuerdo con Parra, se fraguó el presunto despojo. Estando sus familiares detenidos y sin acceso a llamadas, visitas o contacto con sus abogados, se convocó una asamblea de accionistas de Bancamiga. La ausencia forzada de Carmelo y Daniel De Grazia, imposibilitados físicamente de asistir o enviar un representante legal, fue utilizada como un "tecnicismo administrativo". La no presentación a dicha asamblea, argumenta Parra, llevó a que los fundadores perdieran su preferencia accionaria, permitiendo que un nuevo grupo adquiriera esas acciones y tomara el control del banco.
El principal beneficiario de esta operación, según la denunciante, es el empresario José Simón Elarba, conocido por ser dueño de Fospuca, quien figura ahora como accionista mayoritario y ha tomado el control del banco. Pero la acusación más grave y que enciende todas las alarmas es que, “recientemente, luego del 3 de enero, supimos que la mitad de las acciones fueron traspasadas a Carla Hurtado de Malpica, cuñada de Carlos Erik Malpica Flores”. Esto significaría que un 46% de las acciones de Bancamiga, un banco privado de gran envergadura en Venezuela, habría pasado a una persona directamente ligada a una de las familias más influyentes del poder político.
La celeridad con la que se aprobaron estas transacciones también levanta sospechas. Parra señala como una flagrante irregularidad que Sudeban, el organismo regulador del sector bancario, aprobara el aumento de capital de Elarba en menos de 24 horas, un proceso que a su esposo le había sido negado previamente y que usualmente toma semanas o meses. Esta disparidad en el trato regulatorio sugiere una posible injerencia o trato preferencial que mina la credibilidad de la institución supervisora.
El Contexto de la PDVSA-Cripto y la Impunidad Selectiva
El caso Bancamiga no puede desvincularse del macro-caso PDVSA-Cripto, una investigación que ha revelado un desfalco monumental a la nación. Transparencia Venezuela estima que el dinero desaparecido en esta purga de empresas del Estado supera los 16.000 millones de dólares. Sin embargo, Mariana Parra critica que, a pesar de la magnitud de la corrupción, el juicio no es público, el acceso de la prensa y familiares es severamente restringido (solo cuatro familiares para la totalidad de acusados), y lo que es más grave, “la fiscalía y los abogados no preguntan por el paradero del dinero desaparecido”.
Esta ausencia de una investigación profunda sobre el destino de los fondos contrasta con la celeridad en la reconfiguración de activos privados. Además, Parra resalta que figuras de alto perfil como Delcy Rodríguez, Jorge Giménez, los hermanos Majed y Khaled Khalil Majzoub, y el panameño Ramón Carretero, no han sido nombrados en el proceso judicial, a pesar de que sus nombres han surgido en diversas investigaciones sobre tramas de corrupción. Esta "impunidad selectiva" ha sido una constante en la Venezuela contemporánea, donde los allegados al poder rara vez rinden cuentas, mientras que otros son objeto de persecución.
La sombra de Carlos Erik Malpica Flores es particularmente relevante. Sobrino de Cilia Flores, Malpica ha ocupado numerosas posiciones clave en la administración pública desde la era de Hugo Chávez, incluyendo la Tesorería Nacional y la vicepresidencia de Finanzas de PDVSA. Aunque ha sido sancionado por Estados Unidos debido a su presunta participación en corrupción y lavado de dinero, su nombre sigue fuera de los tribunales venezolanos. Que su cuñada, Carla Hurtado de Malpica, aparezca como beneficiaria de acciones de un banco en estas circunstancias, mientras los legítimos dueños están presos e incomunicados, añade una capa de cinismo y refuerza la percepción de un entramado de poder que se beneficia de la debilidad institucional.
La intervención de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en los hechos también es motivo de profunda preocupación. Parra relató cómo su cuñado, Daniel De Grazia, fue supuestamente coaccionado por ocho funcionarios de la DGCIM para firmar el traspaso de una entidad financiera, Compass Bank and Truss, mientras estaba detenido. Esta práctica, que implica el uso de la fuerza y la privación de libertad para obtener beneficios económicos, es un patrón alarmante que ha sido denunciado por diversas organizaciones de derechos humanos en Venezuela. El caso de Roland González, un contador que se encontraba de visita en casa de los De Grazia y fue detenido arbitrariamente, completa el cuadro de un sistema que parece operar con total discreción y sin respeto por las garantías fundamentales.
Las Implicaciones: Erosión de la Confianza y Captura del Estado
Las denuncias de Mariana Parra, si bien requieren una investigación exhaustiva e independiente, pintan un cuadro desolador para el estado de derecho y la economía venezolana.
Implicaciones Económicas:
La presunta expropiación de facto de activos privados, disfrazada bajo tecnicismos administrativos y facilitada por la detención de sus dueños, envía un mensaje devastador a cualquier potencial inversionista, tanto nacional como extranjero. Si la propiedad privada no está garantizada y puede ser arrebatada por medio de procesos judiciales opacos y conexiones políticas, la confianza en el sistema económico se pulveriza. Esto agrava la ya precaria situación económica del país, ahuyentando la inversión, fomentando la fuga de capitales y perpetuando un ciclo de estancamiento y empobrecimiento. La banca, pilar fundamental de cualquier economía, se ve comprometida cuando sus accionistas pueden ser despojados de sus bienes de esta manera. La celeridad de Sudeban en aprobar una operación tan cuestionada, mientras se negó a otros, sugiere que la regulación financiera no opera bajo principios de equidad e independencia, sino bajo intereses particulares.
Implicaciones Sociales:
La percepción de que la justicia es selectiva y que la riqueza se acumula a través de la influencia política y no por mérito o legalidad, genera una profunda frustración y cinismo en la sociedad. La gente común, que lucha día a día por sobrevivir en medio de la crisis, ve cómo las élites conectadas al poder prosperan en la opacidad. La falta de transparencia en los juicios, la restricción del acceso a la información y el uso de la fuerza para coaccionar a los detenidos son elementos que socavan la cohesión social y la fe en las instituciones. Además, el silencio sobre el paradero de los miles de millones de dólares del caso PDVSA-Cripto, mientras se litigan activos privados, es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos.
Implicaciones Políticas:
Este caso refuerza la narrativa de la "captura del Estado", donde las instituciones públicas –desde el sistema judicial hasta los entes reguladores– son utilizadas como herramientas para el beneficio de un grupo reducido con acceso al poder. La figura de Carlos Erik Malpica Flores y la presunta participación de su cuñada en este traspaso de acciones, mientras él mismo ha sido objeto de sanciones internacionales por corrupción, pone de manifiesto la persistencia de redes de influencia que operan al margen de la ley y la ética. La ausencia de un verdadero control y contrapeso en el sistema político venezolano permite que estas prácticas se perpetúen, consolidando un modelo de gobernanza basado en el clientelismo y la impunidad.
La Respuesta de Elarba y la Necesidad de Transparencia
José Simón Elarba, en su momento, respondió a El Pitazo negando las presiones para transferir acciones y asegurando que su incorporación como accionista del banco respondió a una compra formal de paquetes accionarios bajo la supervisión de Sudeban, en el marco de un proceso legal. También afirmó que es "absolutamente falso" que Karla Hurtado sea directiva o empleada de Bancamiga, si bien su nombre aparece en el directorio como parte del consejo consultivo, una discrepancia que merece ser aclarada.
