Los sismos aceleraron crisis de infraestructura escolar y la calidad de la enseñanza
Carlos Calatrava, exdirector de la Escuela de Educación de la UCAB, advirtió que el panorama para el nuevo año escolar es complejo para alumnos y docentes damnificados. Mientras que el sociólogo, Tulio Ramírez, asegura que ya la educación sufría un “colapso silencioso”, previo al doblete sísmico. Caracas. Previo al doblete sísmico el sistema escolar venezolano […]
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El doble evento sísmico registrado el pasado 24 de junio evidenció el deterioro acumulado en la infraestructura escolar de Venezuela, un problema que ya afectaba al sistema educativo antes de los temblores. De acuerdo con un reporte del medio digital Crónica Uno, la paralización de las actividades en los estados más afectados y la reubicación de las comunidades escolares ponen de manifiesto la falta de mantenimiento preventivo en los planteles. Esta situación compromete el inicio del próximo ciclo lectivo y plantea dificultades para asegurar el derecho a la educación en condiciones seguras.
El impacto del sismo sobre una estructura debilitada
Los movimientos telúricos del 24 de junio no crearon la crisis de la infraestructura escolar, sino que aceleraron el colapso de edificaciones que ya presentaban daños severos por la falta de inversión. Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), al menos 432 escuelas sufrieron daños en Caracas debido al doble sismo. Esta afectación directa limita el acceso de niños, niñas y adolescentes a espacios de aprendizaje seguros y añade dificultades para la planificación del retorno a las aulas.
Tulio Ramírez, sociólogo y profesor universitario, explicó a Crónica Uno que las deficiencias en las plantas físicas de los planteles son un problema histórico no resuelto. El especialista señaló que la falta de presupuesto impidió realizar reparaciones oportunas, lo que dejó a las escuelas sin defensas estructurales ante un evento natural. Históricamente, el inicio de cada año escolar en el país ha estado marcado por la existencia de un porcentaje significativo de escuelas que no reciben el mantenimiento necesario durante el período vacacional.
Ante la gravedad de los daños, el Ministerio de Educación tomó la medida de suspender las actividades escolares restantes del período en los municipios de los estados Aragua, Carabobo, La Guaira, Miranda, Falcón y el Distrito Capital. En las regiones donde las estructuras no sufrieron daños, las clases se reanudaron el 6 de julio. Un ejemplo de la gravedad del evento ocurrió en El Junquito, donde el colapso de una institución educativa dejó a casi 200 estudiantes sin sus aulas de clase.
Servicios básicos y el dilema de los refugios
La emergencia habitacional generada por los sismos obligó a las autoridades a utilizar los centros educativos como espacios de refugio temporal para las familias damnificadas. En el estado La Guaira, que registró los mayores niveles de afectación, el Ministerio de Educación habilitó 10 escuelas para albergar a los ciudadanos que perdieron sus hogares.
Esta medida de contingencia genera un conflicto operativo dentro del sistema educativo. Ramírez apuntó que, aunque la asignación de escuelas como refugios responde a una necesidad humanitaria inmediata, también interrumpe el retorno de los estudiantes a sus rutinas escolares. Asimismo, la permanencia de grupos familiares acelera el desgaste de unas instalaciones que ya presentaban fallas estructurales previas y que carecen de las condiciones de habitabilidad necesarias para albergar personas a mediano plazo.
La falta de servicios públicos esenciales agrava la situación dentro de los planteles. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2025 ya advertía que las fallas constantes en el suministro de agua potable y energía eléctrica en las escuelas eran responsables del 44 % del ausentismo estudiantil en el país. El uso de estas instalaciones como refugios, sin contar con servicios básicos garantizados, expone tanto a los refugiados como a la población infantil a riesgos de carácter sanitario.
Por otra parte, la creación de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles) en el año 2022 representó, según Ramírez, un reconocimiento implícito por parte del Gobierno sobre el deterioro de la red escolar. Aunque se anunció que estas brigadas recuperarían 21.000 planteles reportados mediante la plataforma Ven App, el sociólogo indicó que el programa perdió efectividad con el tiempo, lo que impidió consolidar un mantenimiento preventivo antes de la ocurrencia de los sismos.
El déficit estructural de la educación venezolana
La discusión sobre la calidad educativa en el país abarca tanto las condiciones físicas como el acceso real al sistema. Carlos Calatrava, exdirector de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), señaló a Crónica Uno que, según las directrices del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 de las Naciones Unidas, la calidad del aprendizaje está directamente vinculada a la cobertura escolar y a la utilidad de los conocimientos adquiridos.
El primer indicador de este estándar internacional requiere que la totalidad de la población en edad escolar asista de forma regular a las aulas. Sin embargo, las estimaciones de Calatrava previas al sismo mostraban una tasa de exclusión escolar que oscilaba entre el 23 % y el 27 % en el territorio nacional.
De igual forma, el especialista detalló que la población en edad escolar en Venezuela se calcula en casi 11 millones de estudiantes. Para atender a este volumen de alumnos sin generar hacinamiento y garantizar un promedio de entre 15 y 20 estudiantes por docente, el país requiere la construcción de aproximadamente 17.000 nuevas escuelas. El colapso de los planteles tras el sismo reduce aún más la capacidad instalada del Estado para garantizar la escolaridad. Calatrava precisó que, si bien el sismo no destruyó la totalidad del sistema, sí generó una situación de vulnerabilidad extrema para las familias, estudiantes y docentes vinculados directamente a las 437 escuelas que terminaron destruidas.
Costos y desafíos para el próximo período escolar
La culminación anticipada del año escolar en las zonas afectadas traslada la presión hacia el inicio del próximo período académico. El Ministerio de Educación enfrenta el reto de reubicar a una población de 157.000 estudiantes y más de 6.000 docentes que se quedaron sin espacios de aprendizaje seguros debido a los daños estructurales.
De acuerdo con las proyecciones económicas realizadas por Calatrava, la sustitución y reconstrucción de las escuelas afectadas por el doble sismo requerirá una inversión estimada de 190 millones de dólares. El especialista advirtió que la solución no consiste únicamente en levantar nuevas paredes, sino en diseñar una política pública integral que contemple la actualización del diseño curricular, la formación y remuneración de los docentes, y el equipamiento tecnológico de las aulas.
Por su parte, Ramírez insistió en que la restitución del derecho a la educación en las zonas afectadas demanda una planificación detallada por parte del Estado, la asignación de recursos financieros específicos y la publicación de información clara sobre el estado de las obras. Ambos analistas coincidieron en que el diseño del próximo año escolar debe contar con garantías de seguridad física para evitar que las consecuencias de la emergencia sísmica se prolonguen en el rendimiento de los estudiantes.
