Cuando los amigos de Mariel le advierten que tenga cuidado en las calles de Santiago de Chile porque los carabineros están inspeccionando los documentos de identidad de los extranjeros para saber si están irregulares, ella les responde: “¿Dónde estarán? Para que, de una vez, me regresan a Venezuela”. La mujer, de 34 años, emigró sin visados ni pasaportes en junio 2021. Al entrar, por caminos no habilitados, derivó en lo que hoy, asegura, le ha hecho sentirse al margen de la sociedad: no tener documentos legales.
“Todos los días quiero regresar a Venezuela, porque tengo un hijo de 12 años allá, al cuidado de mi mamá, y porque en Chile, estar sin papeles, es como remar y siempre estar en el mismo punto”, dijo. No quiere ser identificada con su nombre real porque teme represalias laborales (trabaja informalmente), como quedar desempleada mientras no se resuelve cuánto tiempo más transcurrirá para poder abandonar el país sudamericano.
El deseo que tiene Mariel, de salir voluntariamente de Chile, no es mayoritario entre los más de 336.000 migrantes en situación irregular –afirman quienes les ayudan con procesos legales–, pues muchos piden una regularización masiva que no ocurre desde 2021 y que, según el Gobierno del ultraconservador José Antonio Kast, tampoco sucederá en los siguientes cuatro años. La mayoría de estos inmigrantes, un 75%, son venezolanos, una población que se enfrenta a una crisis humanitaria compleja y que, en algunos casos, tiene dificultades para acceder a documentos oficiales en su país. Una encuesta de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), conocida en marzo, mostró que solo un 35% de los venezolanos en América Latina tiene la intención de retornar a su país, pese a la salida de Nicolás Maduro del poder el 3 de enero tras una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.
En Chile, Kast prometió, en su campaña presidencial, expulsar a los inmigrantes sin papeles y luego, cuando ya había ganado las elecciones el 14 de diciembre, les invitó a abandonar el país. También propuso a algunos gobiernos, como Ecuador, Perú y Argentina, participar en un corredor humanitario para devolver a extranjeros irregulares a sus países, pero el plan recibió, en enero, un portazo del entonces presidente peruano José Jerí.
Desde que fue electo presidente solo 2.180 venezolanos irregulares decidieron irse de manera voluntaria (entre 2022 y 2025, hubo 24.525), informó el Gobierno el jueves y tras realizar su primer vuelo de expulsión de 40 extranjeros (colombianos, bolivianos y ecuatorianos). Máximo Pavez, subsecretario del Interior, y Frank Sauerbaum, director del Servicio Nacional de Migraciones, señalaron que evalúan “posibilidades de facilitar esa salida voluntaria”, una medida de la que se pudieran conocer detalles esta semana. Y el canciller Francisco Pérez Mackenna dijo a El Mercurio que iniciaron gestiones para retomar las relaciones consulares con Venezuela: “Esta es una prioridad para poner orden en materia migratoria”.
