La Guaira | Civil y milicianos entorpecen búsqueda de personas en Oasis Beach para extraer vehículos
Por: Liz Gascón Este lunes 29 de junio, pasadas las 10:40 de la mañana, un hombre, acompañado de milicianos, trató de irrumpir con maquinaria en los escombros del edificio Oasis Beach de Playa Grande, La Guaira, para sacar vehículos del sótano, según se evidencia en un video grabado por la madre de una desaparecida. Ver
La Guaira, Venezuela. En medio del dolor, la desesperación y la incesante búsqueda de vida entre los escombros del edificio Oasis Beach, colapsado tras la reciente y devastadora dupla sísmica, un incidente de profunda indignación ha sacudido a los familiares de las víctimas y a la opinión pública venezolana. El pasado lunes 29 de junio, cinco días después del terremoto que sacudió la costa venezolana, un hombre identificado como Sulbarán, acompañado por efectivos de la Milicia Bolivariana, intentó irrumpir con maquinaria pesada en la zona de desastre de Playa Grande, La Guaira, con el objetivo de extraer vehículos del sótano de la edificación. Esta acción arbitraria, documentada en videos por los propios familiares, no solo puso en grave riesgo las delicadas labores de rescate, sino que expuso una vez más la cruda realidad de un país donde las prioridades humanas a menudo parecen sucumbir ante intereses materiales, y donde la organización ciudadana suple la ineficiencia estatal.
La imagen de un grupo de milicianos, que en teoría deberían estar al servicio de la protección ciudadana, facilitando una operación para recuperar bienes materiales mientras decenas de personas permanecen sepultadas bajo toneladas de concreto, ha desatado una ola de críticas y un profundo cuestionamiento sobre la capacidad de respuesta del Estado venezolano y la ética de sus cuerpos auxiliares. "¿Quién a estas alturas en las condiciones como está el edificio está pensando en carros si la gente quiere es sacar personas de ahí?", clamó con frustración un pariente de Jorgelys Velásquez, una de las jóvenes atrapadas en el conjunto residencial. La pregunta, cargada de dolor y lógica, resuena como un eco de la tragedia que se agrava con la percepción de abandono y la priorización de lo material sobre lo humano.
Un Desastre Anunciado y una Respuesta Tardía
El contexto de este suceso es tan trágico como revelador. El 24 de junio, una dupla sísmica de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudió la región central de Venezuela, causando un colapso estructural en el edificio Oasis Beach, una torre de 13 niveles ubicada en Playa Grande, La Guaira. Según un listado extraoficial del grupo de WhatsApp "Rescate Oasis", una iniciativa de los familiares para coordinar las tareas y pedir apoyo, había 66 personas dentro del inmueble al momento del terremoto. Hasta el 29 de junio, solo se habían recuperado diez cuerpos y una única sobreviviente, rescatada el mismo día del sismo.
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La respuesta oficial a la catástrofe fue, una vez más, lenta y deficiente. Durante las primeras 72 horas cruciales, la ayuda especializada y el equipamiento necesario brillaron por su ausencia. Fueron los propios familiares, armados con su desesperación y una admirable resiliencia, quienes asumieron la titánica tarea de remover escombros, logrando rescatar a la única sobreviviente y varios cuerpos. Testimonios de médicos que recorrieron la zona confirman que los grupos de rescate con equipamiento adecuado no llegaron sino hasta el 27 de junio, tres días después del desastre. Brigadas internacionales, como los reconocidos "topos" de México, brigadistas de Bolívar y rescatistas de Estados Unidos, se unieron a las labores el 28 de junio, realizando pruebas en busca de señales de vida, aunque sin resultados positivos hasta el momento del incidente.
En un país marcado por la escasez y la precariedad de los servicios básicos, los familiares no solo enfrentaron el trauma de la tragedia, sino también la carga logística de mantener las operaciones de rescate. Son ellos quienes se encargan de conseguir combustible, provisiones y los implementos básicos para los equipos, una muestra desgarradora de la autogestión ciudadana ante la inoperancia estatal. Esta situación evoca el doloroso recuerdo de la tragedia de Vargas en 1999, donde la magnitud de la devastación también expuso las profundas carencias en la preparación y respuesta del Estado venezolano ante desastres naturales. En aquel entonces, la solidaridad civil y la ayuda internacional fueron pilares fundamentales, una lección que parece no haber sido aprendida del todo.
La Sombra de la Milicia y la Ética en Crisis
El intento de extracción de vehículos por parte de Sulbarán y los milicianos no es un hecho aislado, sino un síntoma de problemas estructurales más profundos que afectan a Venezuela. La Milicia Bolivariana, que fue elevada a cuerpo con rango constitucional en 2020 y forma parte integral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), ha sido presentada por el gobierno como una expresión de la "unión cívico-militar" y un baluarte de la defensa integral de la nación. Sin embargo, su despliegue y sus acciones han sido objeto de controversia, con acusaciones de politización, adoctrinamiento y participación en tareas que exceden su ámbito constitucional.
En el contexto de una emergencia humanitaria como la de Oasis Beach, la presencia de milicianos facilitando la recuperación de bienes materiales, en lugar de priorizar el rescate de vidas, genera serias preguntas sobre su entrenamiento, sus protocolos de actuación y, fundamentalmente, sus prioridades éticas. La denuncia de los familiares no solo apuntaba a la interrupción de las labores de búsqueda, sino al riesgo inminente de un colapso mayor de la estructura ya debilitada, lo que podría haber sepultado a más personas y a los propios rescatistas. Este acto de imprudencia, con el aval de una fuerza armada, subraya la peligrosa desprofesionalización y la confusión de roles que a menudo se observa en las instituciones del Estado venezolano.
La actuación de la Milicia en este caso particular es un reflejo de cómo las líneas entre lo militar, lo civil, lo político y lo particular se han desdibujado en Venezuela. En lugar de ser un apoyo para la protección civil y el orden público en momentos de vulnerabilidad extrema, su intervención en Oasis Beach se percibió como un obstáculo, una fuerza al servicio de intereses particulares que chocan frontalmente con el imperativo humanitario. Esto no solo mina la confianza en las instituciones armadas, sino que agrava la sensación de desamparo de una población que ya se siente vulnerable ante la crisis económica, social y política del país.
Implicaciones: Entre la Desconfianza Social y la Ineficiencia Política
Las implicaciones de este incidente son multifacéticas y profundas, afectando el tejido social, la credibilidad política y la moral pública.
En el ámbito social, el intento de sabotaje a las labores de rescate por parte de un civil con el respaldo de milicianos profundiza la ya erosionada confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado. Cuando las fuerzas que deberían proteger y servir a la población en momentos de crisis actúan de manera contraria a estos principios, la brecha entre gobernantes y gobernados se ensancha. Esta situación alimenta la percepción de que en Venezuela la vida humana, especialmente la de los ciudadanos comunes, es de menor valor que los intereses materiales o los privilegios de unos pocos. La frustración y la indignación de los familiares son un reflejo de un pueblo que se siente abandonado a su suerte, obligado a la autogestión y a la solidaridad interna para suplir las carencias del Estado.
Políticamente, el incidente de Oasis Beach es un testamento de la ineficiencia y las prioridades distorsionadas del gobierno. La tardía y precaria respuesta oficial al sismo, sumada a la polémica intervención de la Milicia, expone graves fallas en los protocolos de gestión de desastres y en la cadena de mando. Un gobierno que no puede garantizar una respuesta humanitaria eficaz y rápida ante una catástrofe natural, y cuyas fuerzas de apoyo priorizan la recuperación de bienes sobre la vida, proyecta una imagen de debilidad, desorganización y desinterés por el bienestar de sus ciudadanos. Esto se suma a un historial de críticas por la falta de inversión en infraestructuras, la corrupción y la militarización de la vida pública, elementos que contribuyen a la vulnerabilidad del país ante cualquier eventualidad. La falta de transparencia y la ausencia de rendición de cuentas en este tipo de situaciones solo refuerzan la percepción de impunidad.
Desde una perspectiva ética, la colisión entre el imperativo de salvar vidas y el afán de recuperar bienes materiales es un reflejo de una crisis de valores. La tragedia de Oasis Beach, con sus víctimas sepultadas, es un recordatorio brutal de la fragilidad de la existencia. Que en tal escenario se intente priorizar lo material sobre lo humano es una afrenta a la dignidad de las víctimas y al dolor de sus familiares. Este tipo de actos socava la moral de una sociedad ya golpeada, y envía un mensaje desolador sobre la humanidad en tiempos de adversidad.
Un Clamor por la Humanidad y la Justicia
El incidente en Oasis Beach es más que una simple noticia; es una parábola de la Venezuela actual. Es la historia de un pueblo que, frente a la adversidad de la naturaleza y la ineficiencia de sus instituciones, encuentra fuerza en su propia solidaridad. Es también la historia de cómo la politización de los cuerpos de seguridad y la priorización de intereses particulares pueden corroer los cimientos de una sociedad y deshumanizar la respuesta ante la tragedia.
Mientras los familiares de las víctimas continúan su angustiosa vigilia, aferrándose a la esperanza de un milagro o, al menos, de poder dar cristiana sepultura a sus seres queridos, la sociedad venezolana observa con una mezcla de dolor e indignación. Este episodio debe servir como un llamado urgente a la reflexión sobre el papel del Estado en la protección de sus ciudadanos, la ética de sus fuerzas armadas y la necesidad imperiosa de que la vida humana sea siempre la prioridad incuestionable. La libertad de expresión, en este contexto, se convierte en un faro para denunciar estas injusticias y exigir la rendición de cuentas que nuestra sociedad tanto necesita. Solo así, con transparencia, empatía y una gestión pública comprometida con el bienestar de todos, podrá Venezuela comenzar a reconstruir no solo sus infraestructuras, sino también la confianza y la dignidad de su gente.
