La Conversa de ARI | Un mes después de los sismos el reto está en gestionar las donaciones
Coordinar esfuerzos y garantizar que la asistencia llegue de manera oportuna a las personas y comunidades más afectadas son los desafíos que deben enfrentar las organizaciones que se encuentran en el país atendiendo a las víctimas de los terremotos que dejaron hasta este momento, según cifras oficiales actualizadas hasta este 21 de julio, 5346 fallecidos
La gestión de la asistencia humanitaria en Venezuela entra en una etapa crítica de transición tras cumplirse un mes de los movimientos sísmicos que causaron la muerte de 5.346 personas y dejaron a 17.265 damnificadas, según los datos oficiales actualizados al 21 de julio. Las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que operan en las zonas afectadas enfrentan el reto de coordinar la distribución de recursos y planificar la reconstrucción en un escenario caracterizado por la disminución progresiva de las donaciones voluntarias. De acuerdo con los análisis presentados en el espacio "La Conversa", producido por la Alianza Rebelde Investiga (ARI), integrada por los medios El Pitazo, TalCual y Runrunes, la atención de la emergencia debe pasar de la asistencia inmediata a un esquema de recuperación planificado que evite la permanencia prolongada de las víctimas en refugios temporales.
La administración de la ayuda ante el descenso de las donaciones
Durante los primeros veinte días posteriores al desastre natural, el flujo de ayuda nacional e internacional se mantuvo activo, un comportamiento que Janeth Márquez, directora de Cáritas de Venezuela, describió como inusual en comparación con emergencias previas. Según la experiencia de la organización, el apoyo civil suele concentrarse en los primeros diez días del evento, para luego descender a medida que la población general retoma sus actividades cotidianas.
Con la disminución del ingreso de insumos y aportes monetarios, la planificación de la ayuda entra en una fase de priorización. En el programa de la alianza ARI, donde participaron los periodistas Víctor Amaya, director de TalCual, y Luis Ernesto Blanco, director de Runrunes, Márquez detalló que las necesidades actuales varían según la condición de los afectados.
La clasificación de prioridades incluye a las personas ubicadas en albergues transitorios, aquellas que se han alojado en viviendas de familiares y los denominados afectados secundarios. Estos últimos son ciudadanos que, aunque no sufrieron daños estructurales en sus viviendas, perdieron sus fuentes de empleo debido a la paralización de la actividad económica local. La directora de Cáritas de Venezuela ejemplificó esta dualidad con la situación geográfica del estado Vargas, donde coexisten sectores residenciales en las zonas altas que no registraron pérdidas físicas directas junto a zonas bajas impactadas por la destrucción, estando ambas poblaciones en condición de vulnerabilidad.
El reto de la coordinación y el relevo de los actores humanitarios
El mantenimiento de la asistencia integral requiere de una estructura de coordinación organizada entre los diferentes actores que permanecen en el terreno. Márquez señaló que al cumplirse un mes del desastre se activa un patrón común en la ayuda humanitaria internacional: la retirada progresiva de los equipos de rescate, el personal de los hospitales de campaña y los voluntarios temporales que operan bajo protocolos de respuesta inmediata.
Frente a esta reducción de personal externo, la continuidad de las operaciones recae sobre las organizaciones con presencia permanente en el país. Cáritas de Venezuela forma parte de la plataforma de Organizaciones de Acción Humanitaria Nacional (PAHNAL), una red que agrupa a las entidades que ya trabajaban en la atención de la crisis humanitaria preexistente y que ahora centralizan el intercambio de información para evitar la duplicación de esfuerzos y garantizar que la ayuda cubra la totalidad de las familias afectadas.
Esta fase de recuperación temprana, definida por las directrices de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tiene como meta restablecer la estabilidad básica y permitir que las comunidades reconstruyan sus condiciones de vida. Aunque los estándares internacionales estiman que este período de transición debe prolongarse por un lapso de seis meses, la realidad histórica de los procesos de asistencia en Venezuela muestra términos más extensos, con familias que han permanecido durante años en refugios temporales sin acceder a soluciones habitacionales definitivas.
Transferencias monetarias y la búsqueda de autonomía
Como parte de las estrategias para mitigar el impacto del desplazamiento y fomentar la recuperación económica familiar, Cáritas de Venezuela implementa un programa de transferencias monetarias directas. Este mecanismo consiste en la asignación de recursos financieros específicos durante un período de cuatro meses, diseñado para proporcionar un margen de maniobra a los afectados.
La aplicación de estos fondos se orienta a dos objetivos principales. Por un lado, busca que las personas que se hospedan en casas de vecinos o familiares puedan aportar económicamente al sustento del hogar receptor, evitando convertirse en una carga financiera para su entorno de apoyo. Por otro lado, permite que aquellas familias cuyas viviendas sufrieron daños parciales puedan adquirir materiales para reparar elementos estructurales básicos, como paredes o cerramientos, facilitando un retorno seguro a sus hogares.
La directora de Cáritas de Venezuela precisó que estas medidas forman parte de la asistencia de escala comunitaria para disminuir el daño inmediato, pero aclaró que las soluciones definitivas de infraestructura y reubicación de damnificados corresponden a políticas públicas de gran envergadura que deben ser ejecutadas por el Estado venezolano.
Reconstrucción física y el desafío de la accesibilidad
La fase de reconstrucción post-sismo también plantea exigencias específicas en el área de la salud y la integración social. Entre las organizaciones que atienden las consecuencias físicas del desastre se encuentra la Fundación Juan Pablo Dos Santos, la cual trabaja en la canalización de donaciones y la articulación de redes de apoyo para proveer prótesis a niños, adolescentes y adultos que sufrieron amputaciones de extremidades a causa de los derrumbes.
Juan Pablo Dos Santos, presidente de la fundación, enfatizó durante su participación en el encuentro de ARI que el proceso de recuperación de movilidad y autonomía de estas personas se enfrenta a un entorno urbano y social que carece de condiciones de accesibilidad básicas.
De acuerdo con las estimaciones de la organización, se proyecta que al menos 120 niños requerirán adaptaciones especiales debido a discapacidades adquiridas tras los sismos. Dos Santos advirtió sobre la falta de infraestructura adecuada en escuelas y universidades, la ausencia de rampas y ascensores operativos en espacios públicos, y las limitaciones del sistema de transporte colectivo para trasladar a personas en sillas de ruedas. El directivo instó a que los planes de reconstrucción de las zonas afectadas contemplen criterios de diseño universal e inclusión, señalando que el Estado tiene la responsabilidad fundamental de garantizar que las obras públicas cumplan con las normativas de accesibilidad para permitir el desarrollo y la formación de los ciudadanos con discapacidad física.
