La profunda crisis multidimensional que atraviesa Venezuela ha mermado drásticamente la capacidad del Estado y de la sociedad civil para responder de manera efectiva ante desastres naturales, dejando al país en una situación de extrema vulnerabilidad. Esta alarmante realidad, denunciada por el exdirector de Protección Civil, Ángel Rangel Sánchez, pone en evidencia las consecuencias de dos décadas de desinversión en organismos de prevención y la priorización de agendas distintas a la protección ciudadana.
Un Estado Desmantelado Frente a la Calamidad
La nación venezolana se encuentra inmersa en una crisis de proporciones históricas que trasciende lo económico, impactando severamente el tejido social y la infraestructura institucional. Esta coyuntura ha provocado que tanto las estructuras gubernamentales como la sociedad civil carezcan de los recursos y la preparación necesarios para afrontar emergencias de gran escala. Según Rangel Sánchez, la alarmante tasa de pobreza no es solo un indicador socioeconómico, sino un factor crítico que incrementa exponencialmente la vulnerabilidad de la población ante cualquier evento catastrófico. Las instituciones que deberían liderar la respuesta, como los cuerpos de bomberos y Protección Civil, operan con una carencia casi total de equipos y medios operativos esenciales, reflejo de un desmantelamiento progresivo.
Durante las últimas dos décadas, la política de inversión del Estado ha sido objeto de severas críticas por su marcado sesgo hacia el sector militar y policial, relegando a un segundo plano el fortalecimiento de los organismos dedicados a la prevención y atención de desastres. Esta orientación presupuestaria ha dejado a los servicios de emergencia, bomberos y el sistema de salud en una precariedad crónica. El experto subraya que, mientras se destinan cuantiosos recursos a la preparación para el control de disturbios internos, la nación permanece peligrosamente desprotegida ante las amenazas naturales que, paradójicamente, constituyen el riesgo más significativo para la vida y el patrimonio de los venezolanos. La actual coyuntura, marcada por eventos climáticos extremos y sus devastadoras consecuencias, ha expuesto sin filtros la inoperancia y la limitada capacidad de respuesta que esta política ha engendrado.
