La Conversa de ARI | La crisis multidimensional en Venezuela limita la capacidad de respuesta
En la edición del programa de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, TalCual y El Pitazo, el exdirector de Protección Civil, Ángel Rangel Sánchez, advirtió que la crisis multidimensional que vive el país limita la capacidad de respuesta del Estado y la sociedad civil frente a la emergencia natural que
La profunda crisis multidimensional que atraviesa Venezuela ha mermado drásticamente la capacidad del Estado y de la sociedad civil para responder de manera efectiva ante desastres naturales, dejando al país en una situación de extrema vulnerabilidad. Esta alarmante realidad, denunciada por el exdirector de Protección Civil, Ángel Rangel Sánchez, pone en evidencia las consecuencias de dos décadas de desinversión en organismos de prevención y la priorización de agendas distintas a la protección ciudadana.
Un Estado Desmantelado Frente a la Calamidad
La nación venezolana se encuentra inmersa en una crisis de proporciones históricas que trasciende lo económico, impactando severamente el tejido social y la infraestructura institucional. Esta coyuntura ha provocado que tanto las estructuras gubernamentales como la sociedad civil carezcan de los recursos y la preparación necesarios para afrontar emergencias de gran escala. Según Rangel Sánchez, la alarmante tasa de pobreza no es solo un indicador socioeconómico, sino un factor crítico que incrementa exponencialmente la vulnerabilidad de la población ante cualquier evento catastrófico. Las instituciones que deberían liderar la respuesta, como los cuerpos de bomberos y Protección Civil, operan con una carencia casi total de equipos y medios operativos esenciales, reflejo de un desmantelamiento progresivo.
Durante las últimas dos décadas, la política de inversión del Estado ha sido objeto de severas críticas por su marcado sesgo hacia el sector militar y policial, relegando a un segundo plano el fortalecimiento de los organismos dedicados a la prevención y atención de desastres. Esta orientación presupuestaria ha dejado a los servicios de emergencia, bomberos y el sistema de salud en una precariedad crónica. El experto subraya que, mientras se destinan cuantiosos recursos a la preparación para el control de disturbios internos, la nación permanece peligrosamente desprotegida ante las amenazas naturales que, paradójicamente, constituyen el riesgo más significativo para la vida y el patrimonio de los venezolanos. La actual coyuntura, marcada por eventos climáticos extremos y sus devastadoras consecuencias, ha expuesto sin filtros la inoperancia y la limitada capacidad de respuesta que esta política ha engendrado.
La Paradoja de la Ausencia y la Descoordinación
En medio de una emergencia, la claridad en la comunicación y la centralización de la toma de decisiones son pilares fundamentales para una gestión eficiente. Sin embargo, la situación en Venezuela se caracteriza por una notoria ausencia de una vocería oficial unificada y de una autoridad claramente definida que coordine la respuesta estatal. Esta falta de liderazgo y coherencia informativa, incluso con figuras como Delcy Rodríguez al frente de la gestión gubernamental, genera un vacío crítico. La sociedad venezolana y la comunidad internacional quedan desprovistas de información oportuna y veraz sobre lo que realmente ocurre, cómo pueden canalizar su ayuda o dónde buscar datos sobre sus seres queridos afectados. Esta descoordinación se traduce en una respuesta fragmentada y poco efectiva, donde cada organismo parece operar de manera aislada, sin un hilo conductor estratégico que optimice los esfuerzos de atención.
Un elemento particularmente llamativo y preocupante, señalado por el exdirector de Protección Civil, es la sorprendente inacción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en situaciones de emergencia civil. A pesar de ser la institución que, por su estructura y dotación, posee la mayor cantidad de recursos humanos y materiales –incluyendo equipamiento pesado, logística, transporte y personal profesional como médicos e ingenieros– su presencia ha sido mínima o nula en eventos de gran magnitud. Esta ausencia resulta paradójica, dado que la FANB está teóricamente preparada para movilizarse con rapidez y eficiencia. La crítica no apunta a su participación en labores de control o represión, sino a su rol vital en el apoyo logístico y humano para las labores de rescate y asistencia, un papel que, en momentos de tragedia, se percibe como ausente. La principal fuerza operativa del país parece reservarse para otras funciones, dejando desasistida a la población ante el embate de la naturaleza.
Voluntad Ciudadana Ante la Inacción Estatal
La cultura venezolana, históricamente, ha mostrado una tendencia a la reactividad frente a los desastres. En lugar de desarrollar una sólida estrategia preventiva y anticipatoria, el país se ha acostumbrado a actuar únicamente después de que los eventos trágicos ya han ocurrido, concentrando los esfuerzos en la recolección de víctimas y la gestión de daños ya consumados. Esta mentalidad, que prioriza la reacción sobre la prevención, es un obstáculo significativo para la construcción de una verdadera resiliencia nacional. Rangel Sánchez enfatiza la urgencia de transitar hacia un paradigma proactivo, donde la planificación y la mitigación de riesgos sean el eje central de la política pública.
Ante la evidente precariedad y la ineficacia de la respuesta estatal, son los voluntarios y la sociedad civil organizada quienes, con frecuencia, asumen el rol protagónico en las zonas de desastre. El testimonio de bomberos y personal de Protección Civil que llegan a los lugares afectados con sus propias herramientas, en muchos casos 48 horas después del suceso, ilustra dramáticamente cómo la iniciativa ciudadana suple las carencias institucionales. Estos actos heroicos, aunque admirables, no pueden ocultar la deficiencia estructural del Estado. La dependencia de la voluntad y los recursos personales de los ciudadanos para atender emergencias de gran escala es una señal inequívoca del colapso de las capacidades de gestión de riesgos del país, evidenciando que el modelo actual está lejos de ser adecuado para la magnitud de las tragedias que Venezuela está experimentando.
La crítica situación actual de Venezuela exige una reevaluación profunda de las prioridades del Estado. La desinversión crónica en los organismos de prevención y atención de desastres, junto con una alarmante falta de coordinación y la inacción de instituciones con vastos recursos, ha dejado al país en una situación de vulnerabilidad extrema. Es imperativo un cambio de paradigma hacia una cultura preventiva y una reconstrucción institucional que priorice la vida y la seguridad de los ciudadanos por encima de cualquier otra agenda, si se aspira a mitigar el impacto de futuras emergencias y a evitar que la voluntad ciudadana siga siendo el único bastión frente a la calamidad.
