El Colapso de la Protección Civil: Una Institución Desmantelada
La crítica de Rivero se extiende a la propia institución que una vez dirigió: Protección Civil. El experto denunció un desmantelamiento progresivo de la organización durante las últimas dos décadas, un proceso que ha limitado drásticamente su capacidad operativa, la formación de sus funcionarios y la dotación de equipos esenciales. Esta regresión ha transformado lo que debería ser un organismo integral de prevención y gestión de riesgos en una mera "institución de respuesta", y una respuesta, además, ineficaz.
La politización, según Rivero, ha sido un factor determinante en este declive, impidiendo el crecimiento y desarrollo que una entidad de esta magnitud requiere. El concepto constitucional de Protección Civil, que abarca la protección y anticipación como derechos fundamentales de toda persona, ha sido relegado. En un contexto de crisis institucional generalizada en Venezuela, Protección Civil no ha escapado a la erosión, sufriendo una reducción significativa en su dotación y perdiendo el enfoque transversal que debería tener en la planificación y ejecución de políticas públicas. Esta situación es particularmente grave en un país expuesto a múltiples amenazas naturales, donde la anticipación y la preparación son tan vitales como la capacidad de reacción. La inoperancia actual no es un fallo aislado, sino el resultado de un patrón de desinversión y manipulación política que ha dejado a la población a merced de los eventos adversos.
La Parálisis del Liderazgo y la Resiliencia Ciudadana
En medio de la tragedia, la falta de un liderazgo claro y coordinado por parte del Estado ha sido una constante. Rivero lamentó la ausencia de una autoridad única que tome decisiones rápidas y movilice eficientemente a los organismos de protección y prevención, de acuerdo con sus funciones operativas. La ineficacia del sistema y la desorganización son evidentes, atribuyéndolas a una "visión política protagónica" de individuos sin el conocimiento técnico ni el equipamiento necesario para salvar vidas. Hasta el momento de las declaraciones del general, no se había designado una autoridad unificada para coordinar la respuesta en las zonas afectadas, abarcando estados como La Guaira, Caracas, Aragua y Carabobo.
Esta parálisis contrasta dramáticamente con la respuesta espontánea y organizada de la ciudadanía. Desde las primeras horas de la emergencia, la solidaridad venezolana se ha manifestado con fuerza, con decenas de voluntarios desplazándose a las zonas afectadas para remover escombros y ofrecer apoyo a las familias damnificadas. Esta movilización ciudadana, si bien vital, pone en evidencia el vacío dejado por la inacción estatal. Aunque el gobierno anunció un registro para voluntarios, las denuncias sobre retrasos y burocracia en el proceso reflejan una vez más la dificultad del Estado para articular una respuesta eficiente, incluso cuando la sociedad civil está dispuesta a suplir sus carencias. La resiliencia y el espíritu colaborativo de los venezolanos se convierten, así, en el principal pilar de apoyo en momentos de crisis, ante un sistema oficial que demuestra su colapso.
El Silencio Oficial y la Urgencia de la Transparencia
Un elemento fundamental para la gestión efectiva de cualquier crisis es la comunicación clara y continua, así como el acceso a la información. Rivero subrayó la necesidad de permitir a los periodistas el acceso a las zonas de desastre para informar sobre la situación en el terreno y las necesidades de las personas afectadas. Esta recomendación no es trivial en el contexto venezolano, donde el ejercicio del periodismo se desenvuelve en un entorno hostil, marcado por la censura, la criminalización de la palabra y la opacidad informativa.
La restricción al acceso de la prensa independiente en situaciones de emergencia no solo vulnera el derecho a la información de los ciudadanos, sino que también dificulta la coordinación de la ayuda y la fiscalización de la respuesta estatal. En un escenario donde la desinformación puede ser tan peligrosa como la inacción, la transparencia se convierte en una herramienta esencial para la rendición de cuentas y para garantizar que la asistencia llegue a quienes más la necesitan. La insistencia en la necesidad de una comunicación abierta y fluida es un llamado a reconocer el rol vital del periodismo en la construcción de confianza y en la movilización de recursos en tiempos de calamidad, una práctica que el Estado venezolano ha sistemáticamente socavado.
La reciente catástrofe sísmica en la región costera de Venezuela ha actuado como un doloroso recordatorio de las profundas fallas estructurales y la desidia institucional que caracterizan al Estado. Las advertencias del general Antonio Rivero no son solo críticas a una respuesta puntual, sino una denuncia del desmantelamiento de sistemas de protección y prevención que tardaron décadas en construirse. La falta de liderazgo, la politización de organismos técnicos y la restricción a la información dejan a la población en una situación de extrema vulnerabilidad. Es imperativo que esta tragedia sirva como catalizador para un cambio radical en la forma en que el país aborda la prevención de desastres y la gestión de emergencias, priorizando la vida humana y la integridad del territorio por encima de cualquier interés político o burocrático. La resiliencia ciudadana no puede ser la única tabla de salvación frente a la inoperancia estatal.
