La arremetida de Delcy Rodríguez contra la CPI y la excusa que dio para sacar al país del organismo (VIDEO)
Delcy Rodríguez acusó a la Corte Penal Internacional (CPI) de acumular expedientes para supuestamente agredir a los pueblos del “sur global”, entre ellos Venezuela,
Delcy Rodríguez ratificó la decisión de la administración oficialista de retirar a Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI), bajo el argumento de que dicho tribunal acumula expedientes con el propósito de accionar contra las naciones del hemisferio sur. Esta postura, secundada por la Cancillería de la República, generó una respuesta inmediata por parte del tribunal internacional con sede en La Haya, el cual recordó que la desvinculación de un Estado miembro no exime al país de sus compromisos legales ni paraliza los procesos de investigación que ya se encuentran en desarrollo.
Argumentos oficiales para la desvinculación
La declaración de Rodríguez se produjo durante un acto de ascensos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el cual contó con la cobertura y transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). En su intervención, la funcionaria expuso que la administración venezolana fundamenta su posición en la supuesta existencia de un sesgo institucional dentro del organismo judicial internacional, señalando que la corte ha instrumentalizado sus funciones en perjuicio de los países que integran el denominado sur global.
De acuerdo con las declaraciones transmitidas por el medio estatal, Rodríguez enfatizó que la posición de su administración responde a la defensa de un modelo de justicia que considera auténtico, desmarcando al país de la estructura de la CPI. Asimismo, la vocera estatal manifestó que la corte internacional ha agredido directamente al territorio venezolano, razón por la cual justificó la conveniencia de avanzar en la salida definitiva del organismo. En sus palabras, el relacionamiento externo del país debe regirse estrictamente por el respeto mutuo y las normas generales del derecho internacional, elementos que, según su perspectiva, no se ven reflejados en el proceder actual del tribunal de La Haya.
El rol de la Cancillería y la notificación a Naciones Unidas
Previo a las declaraciones de Rodríguez, el ministro de Relaciones Exteriores de la administración oficialista, Félix Plasencia, había formalizado el anuncio de la renuncia al Estatuto de Roma, el tratado fundacional que rige las competencias de la CPI. Según el reporte de la Cancillería, esta determinación posee un carácter firme y no admite retractación por parte del Ejecutivo nacional, fundamentándose en la premisa de que el tribunal ejerce sus facultades con una marcada selectividad geográfica.
Plasencia argumentó que la labor de la fiscalía y los magistrados de la corte se concentra de manera desproporcionada en evaluar situaciones correspondientes a naciones ubicadas en los continentes africano y latinoamericano. A juicio de la representación diplomática venezolana, esta distribución de los casos responde a presiones e intereses políticos de actores externos que distorsionan los objetivos de la justicia penal internacional. Con el fin de iniciar el trámite correspondiente, la administración venezolana informó que la decisión de retirarse del Estatuto de Roma fue comunicada de manera directa al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, quien funge como depositario de los tratados internacionales de esta índole.
La respuesta de la Corte Penal Internacional y el Artículo 127
Desde la sede del tribunal en La Haya, las autoridades de la Corte Penal Internacional emitieron un pronunciamiento en el que lamentaron la postura adoptada por el Estado venezolano. No obstante, el organismo judicial fue enfático al precisar los alcances técnicos y jurídicos que conlleva la solicitud de retiro de un miembro signatario, aclarando que el proceso de desvinculación no posee un carácter de ejecución inmediata ni suspende las causas penales que se encuentran bajo su jurisdicción.
La corte fundamentó su réplica en lo establecido por el artículo 127 del Estatuto de Roma. Este apartado legal determina de manera explícita que la renuncia de cualquier Estado parte solo comenzará a surtir efectos jurídicos un año después de que la notificación formal haya sido depositada y registrada ante la Secretaría General de las Naciones Unidas. Por consiguiente, durante este lapso de doce meses de transición, Venezuela continúa bajo la obligación de cumplir plenamente con todos los compromisos adquiridos como Estado miembro, lo que incluye cooperar activamente con las investigaciones, comparecencias y requerimientos que la fiscalía del tribunal determine pertinentes.
Adicionalmente, los voceros de la CPI indicaron a los medios de comunicación que, hasta el momento de emitir su postura, la Oficina de Tratados de las Naciones Unidas no había recibido la notificación formal sobre el retiro venezolano. A pesar de esta situación de carácter administrativo, el tribunal reconoció que la decisión de suscribir o abandonar un tratado multilateral constituye un ejercicio de la soberanía de cada Estado, conforme a lo contemplado en el derecho internacional público, aunque insistió en que dicho ejercicio debe respetar los lapsos y deberes procesales fijados en el estatuto que el propio país ratificó en su momento.
Antecedentes y estado de las investigaciones en curso
El proceso de investigación que la Fiscalía de la CPI mantiene sobre el territorio venezolano se remonta al año 2018, período en el cual el organismo internacional procedió a la apertura del caso tras recibir una remisión formal presentada por un grupo de Estados miembros. Este procedimiento tiene como propósito determinar la existencia de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país a partir de los acontecimientos ocurridos en el año 20
