Un manifestante sostiene una efigie del expresidente venezolano Nicolás Maduro frente al tribunal federal de Manhattan antes de una audiencia judicial en el caso de tráfico de drogas contra Maduro, el jueves 26 de marzo de 2026 en Nueva York. Crédito: Heather Khalifa | AP
El juez federal Alvin Hellerstein aceptó este lunes la solución acordada entre la fiscalía de Estados Unidos y la defensa del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro respecto al uso de fondos del gobierno venezolano para costear su representación legal en el proceso por narcotráfico que enfrenta en Nueva York.
La decisión quedó plasmada en una breve orden emitida por el magistrado, en la que dio por resuelta la disputa planteada por la defensa sobre las restricciones impuestas por las sanciones del Departamento del Tesoro.
Con ello, la moción presentada por Maduro para desestimar el caso quedó sin efecto.
“El tribunal acepta proceder bajo las licencias modificadas de la OFAC”, escribió Hellerstein en su orden, al referirse a los cambios introducidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
El juez también indicó que probablemente aprobará futuras solicitudes conjuntas de aplazamiento, siempre que estén debidamente justificadas y firmadas por ambas partes.
La modificación fue comunicada al tribunal en una carta conjunta presentada el viernes por fiscales federales y abogados de Maduro. En ella, informaron que el Tesoro ajustó la licencia de sanciones para autorizar que el gobierno de Venezuela pague la defensa legal de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, bajo condiciones específicas.
Entre esas condiciones figura que los pagos solo podrán realizarse con fondos que hayan estado disponibles para el gobierno venezolano después del 5 de marzo de 2026, fecha en que Washington y el gobierno interino de Venezuela anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares.
Además, los recursos no podrán provenir de depósitos de gobiernos extranjeros protegidos por la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 9 de enero de 2026, destinada a resguardar ciertos ingresos petroleros venezolanos frente a embargos y otros procesos judiciales.
Tras este acuerdo, Maduro y Flores retiraron sus mociones, aunque conservaron el derecho de volver a presentarlas si surgieran controversias similares en el futuro.
La defensa había argumentado que las restricciones vigentes violaban el derecho constitucional de Maduro a contratar al abogado de su elección, al impedirle utilizar fondos estatales venezolanos para pagar sus honorarios en Estados Unidos.
