Informe CIDH 2025: impunidad y concentración de poder afianzan el régimen de facto en Venezuela
La Comisión exige una respuesta diplomática urgente con el objetivo de restaurar la democracia y reconstruir instituciones con base en el Estado de Derecho
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Fuente Original
infobae
1 may. 2026
La CIDH advirtió que la consolidación del régimen de facto en Venezuela ha profundizado la impunidad y debilitado aún más el Estado de Derecho, según refleja en su más reciente Informe Anual. De acuerdo con la CIDH, el país consolidó una dictadura tras el fraude electoral de 2024, un proceso “marcado por denuncias de fraude, opacidad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos”, lo que permitió a Nicolás Maduro mantenerse en el poder hasta su extracción de territorio venezolano el 3 de enero 2026.
El informe aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 17 de diciembre 2025, y enviado al Estado venezolano el 20 de enero 2026, sin que hubiese observaciones, señala que durante 2025 el Ministerio Público y el Poder Judicial continuaron sin investigar ni sancionar graves violaciones de derechos humanos, entre ellas asesinatos, tratos crueles, detenciones arbitrarias y vulneraciones del debido proceso ocurridas durante y después del proceso electoral de 2024.
El documento subraya como un punto crítico que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no haya publicado las actas que respaldarían los resultados oficiales. Esta omisión, sostiene la Comisión, ha contribuido a la concentración total de los poderes públicos en manos de las autoridades de facto, lo que evidencia la naturaleza dictatorial del régimen.
“La gravedad de la situación exige una acción diplomática urgente para restaurar la democracia y reconstruir las instituciones sobre la base del Estado de Derecho y los derechos humanos”, resalta el Informe.
La CIDH recuerda además que las violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos cometidas en años previos motivaron la apertura de una investigación formal por crímenes de lesa humanidad por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), la primera iniciada en el hemisferio occidental.
La Comisión observó, entre 2005 y 2016, una concentración progresiva del poder en el Ejecutivo venezolano. En 2017, el organismo ya había advertido sobre una crisis institucional derivada de la injerencia del Ejecutivo en los demás poderes públicos, situación que se agravó en 2019 con la ausencia del Estado de Derecho.
Para 2025, a juicio de la CIDH, Venezuela consolidó un régimen dictatorial tras el fraude electoral de 2024, razón por la cual respalda la presentación de un caso formal ante la Corte. El documento sostiene que la impunidad forma parte de una estrategia deliberada para mantener el control político y silenciar la disidencia.
Sostiene que la ausencia de un sistema democrático ha imposibilitado el ejercicio de libertades fundamentales y derechos humanos universales, permitiendo el uso abusivo del poder para perseguir a opositores y restringir el acceso a tutela judicial efectiva y el éxodo de más de 6,8 millones de personas desde 2015, convirtiéndose en una de las crisis migratorias más graves del mundo.
A criterio de la Comisión, la juramentación de Nicolás Maduro, el 10 de enero 2025, consolidó el régimen dictatorial en Venezuela. Las instituciones públicas fueron instrumentalizadas para favorecer la candidatura oficialista y obstaculizar la participación de la oposición.
Se logró documentar inhabilitaciones administrativas, impedimentos discriminatorios al voto, retiro de misiones internacionales de observación y detenciones arbitrarias. El proceso electoral del 28 de julio de 2024 estuvo marcado por la falta de transparencia y graves denuncias de fraude, con el CNE negando auditorías independientes y sin publicar las actas de votación.
Otro de los aspectos del Informe es la negativa del Estado a cumplir sus obligaciones internacionales como parte de una estrategia para consolidar el régimen de facto, lo que se manifiesta en graves omisiones para garantizar derechos y acatar decisiones de la CIDH y la Corte Interamericana.
El 21 de agosto de 2025, la Corte IDH reafirmó la vigencia de las obligaciones derivadas de la CIDH para Venezuela, subrayando la competencia de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la obligación estatal de implementar sus decisiones. El Estado venezolano no ha respondido a la solicitud de visita de la CIDH para observar la situación de derechos humanos.
Así mismo, la CIDH observa una falta de voluntad manifiesta para combatir la impunidad: el Estado no ha informado avances en la investigación de graves violaciones de derechos humanos en el contexto electoral. En este periodo, se registraron al menos 28 asesinatos, 195 personas lesionadas, 2.229 detenciones y 29 desapariciones forzadas de corta duración, según la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU.
La CIDH destaca que el caso venezolano ejemplifica la interdependencia entre democracia, derechos humanos y Estado de Derecho. La ruptura deliberada de esta tríada, producto de la cooptación de los poderes públicos, ha generado una crisis sin precedentes en la región.
La juramentación de Maduro el 10 de enero de 2025 significó una ruptura del orden constitucional y la consolidación del régimen dictatorial. La opacidad electoral y las restricciones a los derechos políticos impiden considerar legítima la elección de 2024, proyectando una falsa apariencia de democracia e inexistencia de condiciones mínimas para el ejercicio efectivo de los derechos políticos.
En el Informe se incluyó a Venezuela por la violación grave de los elementos fundamentales de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, claves para la realización de los derechos humanos.
Se identificaron: acceso discriminatorio y ejercicio abusivo del poder, alteración del orden constitucional, violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, y omisiones en la adopción de medidas para hacer efectivos los derechos fundamentales. El incumplimiento sistemático de la obligación estatal de combatir la impunidad evidencia la falta de voluntad manifiesta.
La CIDH reafirma que en Venezuela no existe independencia judicial, facilitando la concentración del poder en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la impunidad.
A la alta provisionalidad de jueces, nombramientos irregulares y opacidad en la administración de justicia que perpetúan la falta de garantías, se suma la nueva normativa, aprobada en octubre de 2025, que consolida el sistema de jueces provisionales, permitiendo su remoción sin garantías, en contradicción con los estándares internacionales.
En el informe se sostiene que en 2025 persistieron patrones represivos, tales como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violaciones del debido proceso contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
Durante el proceso electoral y la juramentación presidencial las fuerzas de seguridad (SEBIN, DGCIM, PNB, CONAS, GNB) ejecutaron detenciones en domicilios, vía pública, lugares de trabajo y zonas cercanas a centros de votación, muchas veces sin orden judicial ni comunicación de motivos.
“Las detenciones arbitrarias tuvieron móvil político, con al menos 70 personas vinculadas a María Corina Machado y otras organizaciones opositoras detenidas”. Se documentó el uso excesivo de la fuerza y la falta de acceso a asistencia consular para extranjeros detenidos.
La CIDH condena la instrumentalización del derecho penal para reprimir y perseguir a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, y rechaza el uso de personas privadas de libertad como moneda de cambio diplomática.
En 2025 persistió la práctica de desapariciones forzadas como estrategia de persecución política. Aunado a ello, la persecución a periodistas y trabajadores de la prensa se ha intensificado, reflejando el cierre sistemático del espacio informativo y cívico en Venezuela.
La CIDH asevera que “como ocurre en los regímenes dictatoriales, la opacidad informativa y la falta de transparencia de las instituciones públicas en Venezuela dificultan gravemente el acceso a datos verificables sobre la situación de derechos humanos”. De ahí que la información “oficial” es escasa, fragmentaria y, “en muchos casos, carente de credibilidad, al responder a fines de propaganda estatal más que a criterios de rendición de cuentas”.
La falta de acceso a información pública confiable, “obstruye la verificación independiente de hechos, limita la labor de monitoreo internacional y refuerza la impunidad estructural que caracteriza al actual régimen de facto”, dice el documento.
Destaca que el Informe fue elaborado basándose en fuentes primarias y secundarias de información, analizando los testimonios recibidos a través el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE), la información disponible en los casos, peticiones y medidas cautelares y provisionales, la presentada en las audiencias públicas, así como la registrada en comunicados de prensa de la Comisión, informes anuales y temáticos.
También consideraron los actos de las instituciones públicas en todos los niveles y ramas del poder, incluyendo enmiendas constitucionales, legislación, decretos, decisiones judiciales, pronunciamientos de autoridades de facto.
Igualmente, las conclusiones de otros órganos internacionales de derechos humanos, incluyendo los órganos de tratados, Relatores y Grupos de Trabajo, el Consejo de Derechos Humanos y otros órganos y agencias especializadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); informes de derechos humanos de gobiernos y de órganos regionales; informes de organizaciones de la sociedad civil e información presentada por éstas y por particulares; información pública ampliamente diseminada en los medios de comunicación; e investigación jurídica y académica.
En el Informe Anual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió, con fecha 26 de febrero 202, destaca que la misma está integrada por Edgar Stuardo Ralón Orellana, Andrea Pochak, José Luis Caballero Ochoa, Gloria Monique de Mees, Arif Bulkan, Riyad Insanally, Roberta Clarke, Carlos Bernal Pulido, Marion Bethel y Rosa María Payá Acevedo.
En la Secretaría Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi; jefa de Gabinete de la Secretaría Ejecutiva, Patricia Colchero; Secretaría Ejecutiva adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica de Derechos Humanos, María Claudia Pulido y el secretario ejecutivo Adjunto para el Sistema de Casos y Peticiones, Jorge Meza Flores.
