Hugo Marino cumple 2.643 días bajo desaparición forzada: su madre exige respuestas al Estado venezolano
Caracas.- Beatriz de Marino, madre de Hugo Marino, denunció este sábado 18 de julio que han transcurrido 2.643 días desde la desaparición de su hijo sin que las autoridades venezolanas le informen sobre su paradero o su estado de salud. A través de su cuenta en la red social X, aseguró que durante más de
La exigencia de respuestas sobre el paradero de Hugo Marino cumplió un nuevo registro temporal al alcanzar los 2.643 días desde que se denunció su desaparición forzada. Beatriz de Marino, madre del ciudadano desaparecido, reiteró públicamente su reclamo al Estado venezolano para obtener información verídica sobre la ubicación y las condiciones físicas de su hijo, de acuerdo con un reporte publicado por el medio digital El Pitazo. El caso, que se remonta a principios de 2019, continúa sin recibir respuestas oficiales por parte de los organismos de seguridad o del sistema de justicia del país.
A través de una declaración difundida en la red social X, Beatriz de Marino expuso que, tras más de siete años de gestiones e insistencia ante las oficinas gubernamentales, la única constante ha sido la ausencia de información. En su mensaje, la madre del afectado enfatizó que el silencio administrativo e institucional no detendrá las acciones de búsqueda que mantiene activas junto a su núcleo familiar.
Las circunstancias de la detención en Maiquetía
Los hechos que originaron la denuncia comenzaron en febrero de 2019. En esa fecha, Hugo Marino arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en el estado La Guaira. Tras su aterrizaje, funcionarios adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) procedieron a su detención. A partir de ese procedimiento, los familiares directos perdieron todo contacto con él, lo que motivó la presentación de las primeras denuncias formales ante el Ministerio Público y los tribunales competentes.
La falta de presentación de Marino ante un tribunal de control en los lapsos que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sumada a la negativa de los cuerpos de seguridad de reconocer su custodia o revelar su lugar de reclusión, configuró técnicamente la denuncia de desaparición forzada. Este patrón de actuación ha sido documentado en reiteradas ocasiones por organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos en el país.
La legislación venezolana y los tratados internacionales suscritos por la República tipifican la desaparición forzada como un delito de carácter continuado, el cual no prescribe mientras no se logre establecer el destino final de la víctima o se localicen sus restos. A pesar de los marcos regulatorios internos, los tribunales nacionales no han emitido pronunciamientos que esclarezcan el estatus legal de Marino ni han ordenado inspecciones efectivas en las sedes de los servicios de inteligencia.
Acciones internacionales y medidas de protección
Ante la ineficacia de los recursos judiciales internos en Venezuela, el caso de Hugo Marino fue elevado ante las instancias del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En el año 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervino de manera formal mediante la solicitud de adopción de medidas provisionales dirigidas al Estado venezolano.
La CIDH justificó esta solicitud tras determinar que el caso presentaba una situación de extrema gravedad y urgencia, con un riesgo inminente de que se produjeran daños de carácter irreparable contra los derechos fundamentales, la vida y la integridad física del ciudadano. Las medidas provisionales constituyen un mecanismo de protección internacional de obligatorio cumplimiento para los Estados que forman parte de los tratados de la región, orientadas a evitar que las violaciones de derechos humanos se consoliden o se vuelvan irreversibles.
No obstante, las gestiones de la comisión internacional no han generado un cambio en la postura de las autoridades de Caracas. De acuerdo con los testimonios recabados por su familia, ninguna dependencia del Poder Público ha remitido informes técnicos, actas de traslado o constancias de reclusión que permitan verificar si Marino se encuentra en alguna de las sedes de la Dgcim o en otro centro penitenciario del país.
El contexto de las desapariciones forzadas en Venezuela
La situación de Hugo Marino no representa un hecho aislado dentro del panorama judicial venezolano. Diversos informes elaborados por organizaciones como el Foro Penal, Provea y la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela han señalado la existencia de un protocolo recurrente caracterizado por la detención de ciudadanos sin orden judicial previa, seguida de períodos prolongados de incomunicación total.
Estas prácticas, según los informes de las Naciones Unidas, se emplean con frecuencia durante las fases iniciales de las investigaciones de carácter político o militar, impidiendo que las personas detenidas cuenten con la asistencia legal de abogados de su confianza o mantengan contacto con sus familiares directos. La fase de incomunicación facilita la vulneración de otras garantías constitucionales, como el derecho al debido proceso y la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La persistencia de estas denuncias ante los organismos internacionales mantiene bajo observación al sistema judicial venezolano. La falta de independencia de los jueces y fiscales ha sido señalada de manera recurrente por relatores internacionales como la causa principal de que los recursos de amparo constitucional, como el habeas corpus, resulten ineficaces para localizar a las personas cuya detención no es reconocida formalmente por las autoridades de seguridad del Estado.
Consecuencias para el entorno familiar
El impacto de la desaparición forzada se extiende de manera directa hacia el entorno familiar de la víctima, un fenómeno que la doctrina de derechos humanos califica como una forma de tortura psicológica continuada para los allegados. La incertidumbre constante sobre el estado de salud, la alimentación o la supervivencia de la persona desaparecida genera secuelas emocionales y sociales severas en los padres, cónyuges e hijos.
Beatriz de Marino ha asumido de manera pública la representación de la búsqueda de su hijo, enfrentando las dificultades que implica la interacción con un sistema institucional que no ofrece canales de comunicación efectivos. Las denuncias periódicas que realiza a través de plataformas digitales y medios informativos buscan mantener la vigencia del caso frente al riesgo de olvido o archivo administrativo que suele afectar a los expedientes de larga data en los tribunales nacionales.
La comunidad defensora de los derechos humanos en Venezuela sostiene que la resolución de casos como el de Hugo Marino pasa necesariamente por el restablecimiento de los controles judiciales sobre los cuerpos de seguridad y por el cumplimiento real de las decisiones dictadas por los organismos internacionales de protección. Mientras estas condiciones no se cumplan, la exigencia de la familia Marino permanecerá activa como un reclamo constante ante las instituciones del Estado venezolano.
