Henry Alviarez denunció ausencia del Estado y pidió reforzar la prevención sanitaria en zonas afectadas
"Esta fase ha cambiado el foco. Nosotros debemos enfocarnos en los temas de salud y en la atención de los albergues relacionados con la salud", sostuvo.
Caracas, Venezuela – Mientras el polvo de los recientes terremotos aún se asienta sobre las comunidades venezolanas, revelando la magnitud de la devastación, una segunda y silenciosa amenaza comienza a emerger: la crisis sanitaria. En medio de un panorama desolador, donde la infraestructura colapsa y la vida cotidiana se desmorona, la voz de Henry Alviarez, coordinador nacional de Organización de Vente Venezuela, resuena con una denuncia clara y contundente: la "ineficiencia y notoria ausencia del Estado" ha forzado a las brigadas ciudadanas a cambiar su foco de auxilio a la prevención de riesgos sanitarios. Esta transición no es solo un cambio de estrategia, sino el reflejo de una realidad desgarradora: en Venezuela, la supervivencia en tiempos de crisis depende, una vez más, de la autoorganización y la resiliencia de su gente, ante un gobierno que parece incapaz o desinteresado en proteger a sus ciudadanos.
La emergencia sísmica, cuyos detalles específicos aún se procesan en la opacidad informativa que caracteriza al país, ha dejado a su paso no solo edificios derrumbados y vidas perdidas, sino también un rastro de vulnerabilidad extrema. Las imágenes de rescates heroicos, incluso días después de los sismos, son un testimonio agridulce: por un lado, la inquebrantable voluntad humana de salvar vidas; por otro, la desgarradora certeza de que "muchísimas vidas pudieron salvarse si hubiesen tenido el auxilio y la asistencia necesaria", como lamentó Alviarez. Esta declaración no es una crítica aislada, sino un eco de décadas de deterioro institucional que ha convertido a Venezuela en un país donde la respuesta estatal ante cualquier tipo de catástrofe natural o provocada es sistemáticamente deficiente.
Un Patrón de Abandono: La Ausencia del Estado como Enfermedad Crónica
La "notoria ausencia del Estado" no es una novedad en el contexto venezolano. A lo largo de los años, el país ha presenciado un desmantelamiento progresivo de sus capacidades institucionales, particularmente en áreas críticas como la gestión de riesgos, la salud pública y la infraestructura. Desde la tragedia de Vargas en 1999, que expuso las profundas deficiencias en la planificación urbana y la respuesta de emergencia, hasta las recurrentes inundaciones, deslaves y los colapsos del sistema eléctrico que han afectado a diversas regiones, la respuesta gubernamental ha sido a menudo lenta, descoordinada y politizada. Los organismos de protección civil, otrora pilares de la seguridad ciudadana, han visto mermados sus recursos, su autonomía y su capacidad operativa, transformándose en entidades con escasa injerencia real en momentos de crisis.
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Esta ineficacia se agrava en un país donde la infraestructura básica ya se encontraba en un estado crítico antes de cualquier desastre natural. Hospitales con escasez de insumos y personal, sistemas de agua potable y saneamiento en ruinas, y una red vial deteriorada, son el telón de fondo sobre el que se despliega la actual crisis sísmica. La ausencia de un mantenimiento preventivo adecuado y la falta de inversión sostenida han dejado a las comunidades extremadamente expuestas, convirtiendo eventos naturales en catástrofes de proporciones magnificadas por la negligencia estatal. En este escenario, la "organización ciudadana" que Alviarez elogia no es solo un acto de solidaridad, sino una necesidad imperiosa, la única red de seguridad efectiva que le queda a muchos venezolanos. Brigadas de voluntarios, vecinos, organizaciones no gubernamentales y grupos de la diáspora se movilizan con recursos limitados, supliendo las funciones que deberían ser inherentes a un Estado responsable.
La Nueva Batalla: Contener la Crisis Sanitaria Post-Terremoto
Con la fase inicial de búsqueda y rescate dando paso a la evaluación de daños y la asistencia a los damnificados, la emergencia ha mutado. Como explicó el médico Eduardo Rivas, la atención ahora debe concentrarse en la prevención de enfermedades y en las condiciones sanitarias de los albergues. Esta es una preocupación de primer orden, especialmente en un país donde el sistema de salud pública ya estaba al borde del colapso antes de los sismos.
Los riesgos son múltiples y graves. La interrupción de los servicios de agua potable y saneamiento básico en las zonas afectadas eleva exponencialmente la posibilidad de brotes de enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos, como el cólera, la fiebre tifoidea y las diarreas agudas. El manejo inadecuado de desechos sólidos, la acumulación de escombros y la presencia de aguas estancadas crean ambientes propicios para la proliferación de vectores como mosquitos, lo que aumenta el riesgo de enfermedades como el dengue, el zika y la chikungunya, que ya son endémicas en muchas regiones del país.
Adicionalmente, la aglomeración de personas en albergues temporales, a menudo sin las condiciones higiénicas mínimas, facilita la propagación de enfermedades respiratorias y cutáneas. La advertencia de Rivas sobre la importancia de mantener programas de vacunación para prevenir enfermedades como la difteria y el tétanos es particularmente pertinente, dado el historial de resurgimiento de estas patologías en Venezuela debido a la caída de las coberturas de inmunización en los últimos años.
Más allá de las enfermedades infecciosas, la crisis sanitaria post-terremoto también implica desafíos en la atención de pacientes con enfermedades crónicas. La interrupción de tratamientos para personas con diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas o renales puede tener consecuencias fatales, especialmente en un contexto de escasez crónica de medicamentos y servicios médicos especializados. Asimismo, el impacto psicológico del desastre, sumado a la preexistente carga de estrés y trauma que soporta la población venezolana, requiere una atención urgente en salud mental, un área históricamente desatendida por las políticas públicas.
Implicaciones Profundas: Más Allá de los Escombros
Las implicaciones de esta doble tragedia –el terremoto y la ausencia estatal– son vastas y de largo alcance, impactando las esferas social, política y económica de Venezuela.
Sociales y Humanitarias: La incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos en momentos de extrema vulnerabilidad exacerba la crisis humanitaria compleja que ya vive el país. Aumenta el número de personas desplazadas, la inseguridad alimentaria y la desnutrición, especialmente entre los grupos más vulnerables como niños, ancianos y enfermos crónicos. La erosión de la confianza en las instituciones públicas se profundiza, forzando a las comunidades a depender aún más de redes informales y de la ayuda externa, que a menudo es obstaculizada por la burocracia y la politización.
Políticas: La respuesta gubernamental a la emergencia sísmica se convierte en un termómetro de su legitimidad y capacidad de gobernanza. La denuncia de Alviarez y la acción de organizaciones de la sociedad civil y partidos de oposición como Vente Venezuela, al llenar el vacío dejado por el Estado, no solo proveen ayuda vital sino que también subrayan la narrativa de un gobierno fallido. Esto alimenta el descontento popular y refuerza la demanda de un cambio político, al tiempo que expone la instrumentalización de la ayuda humanitaria si esta se centraliza y se usa con fines propagandísticos, en lugar de priorizar la necesidad. La transparencia en la gestión de la ayuda, tanto interna como externa, será crucial para evitar acusaciones de corrupción o desvío de recursos, un fantasma que siempre acecha en el contexto venezolano.
Económicas: Los costos de la reconstrucción, la atención sanitaria de emergencia y a largo plazo, y la pérdida de productividad debido a la enfermedad y el desplazamiento, impondrán una carga adicional sobre una economía ya devastada por años de recesión, hiperinflación y sanciones. La destrucción de viviendas e infraestructuras productivas afectará los medios de vida de miles de personas, profundizando la pobreza y la desigualdad. La falta de inversión en infraestructura resistente a desastres y la ausencia de políticas de prevención y mitigación son un lastre económico a largo plazo que el país no puede permitirse. La ayuda internacional, si bien necesaria, solo puede ser efectiva si existe una contraparte estatal competente y transparente que la administre adecuadamente.
Conclusión: Un Llamado a la Acción y la Responsabilidad
La situación actual en Venezuela tras los terremotos es una doble crisis: la devastación natural amplificada por la fragilidad institucional. La denuncia de Henry Alviarez y la labor incansable de las brigadas ciudadanas son un recordatorio doloroso de que, en la Venezuela de hoy, la responsabilidad de proteger la vida y la salud de la población ha recaído, en gran medida, sobre los hombros de la sociedad civil.
Desde "Libertad VZLA", reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y la libertad de expresión, alzando la voz para exigir al Estado venezolano que cumpla con su deber fundamental de proteger a sus ciudadanos. Es imperativo que se establezca una respuesta coordinada, transparente y efectiva, que priorice la vida humana por encima de cualquier consideración política. La prevención sanitaria en las zonas afectadas no es una opción, sino una urgencia vital que determinará el alcance de la tragedia. La resiliencia del pueblo venezolano es admirable, pero no debería ser la única barrera entre la vida y la muerte. Es hora de que el Estado asuma su rol y deje de ser la ausencia más notoria en el momento de mayor necesidad.
