Fiscalía de Bolivia ordena la captura de Evo Morales por protestas de 2026
Caracas.- La Fiscalía de Bolivia emitió este miércoles, 29 de julio, una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, a quien señala por su presunta participación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio de este año. El exmandatario enfrenta acusaciones por los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la
La Fiscalía General de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, a quien las autoridades de ese país investigan por su presunta vinculación con las manifestaciones y bloqueos de vías que paralizaron diversos puntos del país suramericano entre mayo y junio de 2026. La medida judicial marca un punto de alta tensión en el panorama político boliviano, caracterizado por una profunda división interna dentro del partido de gobierno.
De acuerdo con un reporte del medio digital venezolano El Pitazo, que cita información provista por la agencia de noticias EFE, el exmandatario boliviano enfrenta cargos por la presunta comisión de múltiples delitos. Entre las acusaciones formales figuran terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
La orden de captura fue suscrita por el fiscal del caso, Brayan Melgar. Fuentes cercanas al entorno del expresidente confirmaron a agencias de noticias la existencia de este requerimiento legal, el cual argumenta que la comparecencia física de Morales ante los tribunales es un requisito indispensable para la continuidad de las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos violentos registrados durante las jornadas de protesta de mediados de año.
Los detalles del requerimiento judicial y las acusaciones
El documento emitido por la Fiscalía boliviana fundamenta la orden de aprehensión en la necesidad de garantizar el desarrollo de las pesquisas sin interferencias. Las autoridades fiscales argumentan que, debido a la gravedad de los cargos y a la influencia política del investigado, la medida se ajusta a las atribuciones que otorga la legislación penal boliviana para asegurar que los imputados se sometan al proceso judicial correspondiente.
La investigación penal se enfoca en determinar la presunta autoría intelectual, la planificación logística y la convocatoria de las movilizaciones que mantuvieron cerradas las principales arterias viales del país durante casi sesenta días. Según los informes del Ministerio Público de Bolivia, estas acciones de protesta no se limitaron al ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, sino que formaron parte de una estrategia coordinada para desestabilizar el orden público y forzar decisiones políticas mediante el asfixia económica de las principales ciudades.
El expediente judicial señala que los bloqueos de carreteras causaron severas pérdidas financieras a los sectores productivos, desabastecimiento de alimentos de primera necesidad, retrasos en la distribución de combustibles y la paralización del transporte terrestre de carga y pasajeros, afectando tanto el comercio interno como las rutas de exportación hacia países vecinos.
Contexto de la fractura política en Bolivia
Para comprender el alcance de la orden de aprehensión contra Evo Morales, resulta necesario analizar el contexto de división que atraviesa el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que ha gobernado Bolivia durante la mayor parte de las últimas dos décadas. La organización política se encuentra fracturada en dos facciones claramente definidas: el sector "evista", leal al expresidente Morales, y el sector "arcista", alineado con el actual presidente de la República, Luis Arce Catacora.
Esta pugna interna, que inicialmente comenzó como una discrepancia sobre la conducción económica y la selección de candidaturas para futuros procesos electorales, se ha trasladado de manera progresiva a los tribunales y a las calles. Los seguidores de Morales sostienen que las acciones judiciales en su contra constituyen una estrategia de judicialización de la política para inhabilitar al exmandatario de cara a futuras contiendas electorales. Por el contrario, los voceros gubernamentales y los sectores judiciales defienden la independencia de los poderes del Estado y sostienen que nadie puede estar por encima de la ley, especialmente cuando se compromete la seguridad alimentaria y el libre tránsito de la ciudadanía.
La utilización de los bloqueos de carreteras ha sido, históricamente en Bolivia, una herramienta de presión política empleada por diversos movimientos sociales, campesinos e indígenas. No obstante, la tipificación de estas acciones bajo los delitos de terrorismo y alzamiento armado por parte de la Fiscalía representa un endurecimiento significativo en el tratamiento judicial de la protesta social en la nación andina.
Otros dirigentes procesados bajo la misma causa
La acción penal emprendida por la Fiscalía boliviana no se limita a la figura del expresidente. El proceso judicial abarca a una red de dirigentes sindicales y sociales que presuntamente coordinaron los comités de bloqueo en los diferentes departamentos del país.
Entre los procesados se encuentra Vicente Salazar, un alto dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, una de las organizaciones sociales con mayor capacidad de movilización en el altiplano boliviano. Salazar se encuentra actualmente bajo régimen de custodia preventiva por orden de un juez cautelar, mientras la Fiscalía recaba mayores elementos de convicción sobre su participación en la organización de los cortes de ruta.
La detención de dirigentes de base y la orden de captura contra Morales evidencian una estrategia judicial orientada a desarticular la estructura organizativa de la facción disidente del MAS. Los analistas políticos locales advierten que estas medidas podrían generar una reacción de resistencia en los bastiones cocaleros del Trópico de Cochabamba, zona donde Morales mantiene su principal base de apoyo social y político, lo que incrementaría el riesgo de nuevos focos de conflictividad civil.
Implicaciones para la estabilidad democrática e institucional
La orden de aprehensión contra un exjefe de Estado por delitos de la gravedad de terrorismo y alzamiento armado coloca a las instituciones bolivianas ante una prueba compleja. Por un lado, la ejecución de la orden requiere de un despliegue policial en zonas de alta sensibilidad social, donde las fuerzas de seguridad del Estado suelen enfrentar una fuerte resistencia comunitaria. Por otro lado, la omisión de la orden debilitaría la autoridad del Ministerio Público y del Poder Judicial frente a la opinión pública.
Este escenario refleja un fenómeno recurrente en la región latinoamericana, donde los conflictos políticos que no logran resolverse mediante el diálogo o los canales democráticos institucionales terminan siendo canalizados a través del sistema de justicia penal. La polarización extrema reduce los espacios de mediación neutral, convirtiendo a las instituciones judiciales en el principal escenario de confrontación de las fuerzas políticas en disputa.
La evolución de este caso judicial en Bolivia será determinante para definir el mapa de gobernabilidad del país en el corto y mediano plazo. La respuesta de las bases sociales aliadas a Evo Morales ante la posibilidad de una detención efectiva de su líder histórico medirá la capacidad de resistencia de la facción "evista" frente al control institucional que ejerce el actual Ejecutivo boliviano.
