Fiscal Karim Khan es destituido de la CPI por presunta conducta sexual indebida
La Asamblea de los Estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) destituyó este viernes al fiscal Karim Khan por presunta conducta sexual indebida, en una decisión sin precedentes para el tribunal encargado de juzgar los crímenes internacionales más graves. La destitución quedó aprobada con 82 votos a favor, 13 en contra y 15 abstenciones,
La Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) aprobó la destitución del fiscal jefe de la institución, Karim Khan, tras enfrentar denuncias por presunta conducta sexual indebida. Según reportó el medio digital venezolano El Pitazo, la medida se consolidó tras una votación que alcanzó 82 votos a favor, 13 en contra y 15 abstenciones, superando el requerimiento de mayoría absoluta establecido en 63 votos para proceder con el cese de sus funciones de manera definitiva.
Khan, un abogado de nacionalidad británica y origen pakistaní, asumió la jefatura de la Fiscalía de la CPI en el año 2021 para un período contemplado de nueve años. Las acusaciones en su contra, referidas a comportamientos calificados como inapropiados y abusivos hacia una excolaboradora, fueron rechazadas por el funcionario desde el inicio del proceso. De acuerdo con informes de la agencia de noticias Associated Press (AP), existen documentos que señalan que Khan habría mantenido una relación de carácter sexual con la denunciante e intentado persuadirla para evitar que continuara con los señalamientos públicos, afirmaciones que el propio abogado ha desmentido.
El exfiscal de 56 años ya se encontraba bajo una suspensión temporal de sus responsabilidades desde el mes anterior a la votación de la Asamblea, luego de que un comité ejecutivo encargado de la supervisión interna de la corte determinara la existencia de indicios de falta grave.
Argumentos de la defensa y presiones internacionales
Durante el desarrollo de las investigaciones de carácter interno, Khan argumentó que las acusaciones formaban parte de una campaña coordinada para forzar su salida del tribunal internacional. El origen de esta supuesta campaña se situaría, según sus declaraciones, en la solicitud formal de órdenes de aprehensión que realizó en mayo de 2024 contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa de ese país, Yoav Gallant.
Este proceso judicial internacional había generado tensiones diplomáticas previas. El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, aplicó sanciones financieras y de visado contra Khan y otros funcionarios de la CPI como medida de presión por las investigaciones vinculadas a actuaciones de fuerzas estadounidenses en Afganistán y las órdenes de captura contra los líderes israelíes por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza. A pesar de la remoción de Khan, los dictámenes y órdenes de arresto emitidos contra Netanyahu y Gallant permanecen vigentes, dado que su anulación o modificación compete exclusivamente a los jueces de la CPI y no al despacho de la fiscalía.
Impacto en el caso venezolano según especialistas
La destitución del fiscal británico coincide con un momento de particular tensión jurídica para Venezuela, nación que mantiene un expediente abierto ante la CPI denominado "Venezuela I". Sin embargo, especialistas en derecho internacional descartan que la salida de Khan paralice o debilite este proceso.
El abogado y defensor de derechos humanos Alí Daniels precisó, en declaraciones recogidas por El Pitazo, que la remoción del fiscal general no genera consecuencias directas sobre el avance del caso venezolano. Daniels fundamentó su posición explicando que Khan ya se encontraba formalmente apartado y desvinculado de la investigación sobre el país desde hacía varios meses debido a los procedimientos administrativos internos que enfrentaba. Por ende, la continuidad de la fase de investigación se mantiene bajo la responsabilidad técnica del equipo de la Fiscalía de la CPI.
El anuncio de retiro del Estatuto de Roma
Paralelamente a la decisión de la Asamblea de los Estados Partes, la administración de Nicolás Maduro anunció su determinación de retirar a Venezuela de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La medida fue comunicada por el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de la gestión de Delcy Rodríguez, Félix Plasencia.
De acuerdo con la información difundida por Plasencia a través de la red social X, el Estado venezolano notificó formalmente al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, su decisión de denunciar el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI. Esta acción busca iniciar el proceso de retiro definitivo conforme a lo establecido en el artículo 127 del mencionado instrumento jurídico internacional. El anuncio oficial se produjo en una fecha compleja para el país, coincidiendo con el cumplimiento de un mes desde los sismos del 24 de junio que afectaron diversas regiones del territorio nacional.
Entre los argumentos esgrimidos por la cancillería venezolana para justificar la denuncia del tratado se encuentra la denuncia de un supuesto sesgo geográfico por parte del tribunal internacional. Según las declaraciones de Plasencia, la CPI ha focalizado sus investigaciones de manera desproporcionada en naciones de África y América Latina, lo que a juicio de la administración de Maduro representa un perjuicio sistemático contra los países del Sur Global. Asimismo, la representación diplomática venezolana reiteró la postura de que la corte es utilizada para instrumentalizar la justicia internacional con fines políticos.
Implicaciones legales del artículo 127
El intento de desvinculación de Venezuela de la CPI abre un debate técnico sobre el alcance del artículo 127 del Estatuto de Roma. Este artículo establece con claridad que la denuncia de un Estado miembro no surte efecto de manera inmediata, sino que requiere un período de doce meses a partir de la fecha de recepción de la notificación oficial por parte del Secretario General de la ONU para que el retiro se haga efectivo.
Además, la normativa internacional estipula que la retirada de un Estado no afecta las obligaciones contraídas durante el período en que fue parte del tratado. Esto significa que el Estado venezolano sigue estando obligado a cooperar con las investigaciones en curso por hechos ocurridos antes de que la denuncia sea efectiva. La investigación "Venezuela I", iniciada formalmente por la Fiscalía de la CPI en noviembre de 2021 tras una fase de examen preliminar que comenzó en 2018, evalúa la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el contexto de manifestaciones y detenciones ocurridas en el país, responsabilidades que abarcan la gestión de altos funcionarios estatales.
La salida de Karim Khan de la Fiscalía de la CPI marca un hito de inestabilidad institucional en el organismo judicial de La Haya, pero las reglas de funcionamiento de la corte garantizan la continuidad de sus causas independientes del funcionario que ocupe el cargo. Mientras la fiscalía reorganiza su liderazgo tras este proceso disciplinario, la estrategia de la administración venezolana de denunciar el Estatuto de Roma se enfrenta a los límites temporales y legales del derecho internacional, los cuales impiden la anulación automática de las investigaciones en curso por presuntas violaciones de derechos humanos.
