Fiscal chileno afirmó que "sin atacar su patrimonio, no destruiremos al Tren de Aragua"
Uno de los "dolores" que dejó la Operación Tokio, comentó Barros, fue que "no se pudo detectar en tiempo real" el movimiento de millones de dólares fuera del país.
Santiago, Chile. La sombra del Tren de Aragua, la megabanda criminal nacida en las entrañas de una cárcel venezolana, se extiende con una brutalidad calculada por toda Latinoamérica. Sin embargo, para el fiscal chileno Héctor Barros, coordinador de los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Región Metropolitana, la clave para desmantelar esta red no reside únicamente en la persecución de sus miembros más violentos, sino en asestar un golpe contundente a su columna vertebral: su vasto y opaco patrimonio. "Es una empresa criminal que busca el lucro y, mientras no seamos capaces de atacar su patrimonio y el dinero que fluye hacia sus líderes, no los vamos a destruir", afirmó Barros a EFE, una advertencia que resuena con la urgencia de una crisis transnacional.
La declaración del fiscal no solo subraya la sofisticación de esta organización, que ha mutado de pandilla carcelaria a un actor criminal con tentáculos financieros globales, sino que también pone el dedo en la llaga de uno de los mayores obstáculos para su erradicación: la persistente falta de cooperación efectiva por parte del régimen venezolano. Esta reticencia no es un mero detalle burocrático; es una barrera fundamental que permite a los cerebros del Tren de Aragua operar con impunidad desde su país de origen, socavando los esfuerzos de justicia y seguridad de naciones enteras.
De Tocorón al Extranjero: La Metástasis de una Empresa Criminal
El Tren de Aragua no es un fenómeno espontáneo. Su origen se remonta a la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, Venezuela, un epicentro de corrupción y descontrol estatal que, durante años, permitió la consolidación de un sistema de "pranes" o líderes carcelarios con autoridad absoluta sobre los reclusos y el control de un lucrativo mercado ilegal interno. Lo que comenzó como una banda carcelaria dedicada a la extorsión y el control interno, encontró en la profunda crisis económica, política y social de Venezuela el caldo de cultivo perfecto para su expansión.
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La desidia y la connivencia de las autoridades venezolanas con estas estructuras criminales dentro de las prisiones permitieron que el Tren de Aragua no solo floreciera, sino que también proyectara su poder más allá de los muros penitenciarios. Con el éxodo masivo de venezolanos, impulsado por la emergencia humanitaria compleja, la banda encontró una oportunidad sin precedentes para expandir sus operaciones. Utilizando las rutas migratorias como corredores de tráfico y a los propios migrantes como víctimas o reclutas forzados, el Tren de Aragua estableció "franquicias" en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil y, más recientemente, en Chile. Este patrón de expansión, marcado por la violencia extrema y la explotación de las vulnerabilidades, transformó a una pandilla local en una de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas de América Latina.
El fiscal Barros no se equivoca al describirla como "mucho más que un grupo de gente violenta que mata, secuestra y extorsiona". Es una estructura empresarial, con una jerarquía definida y una estrategia de mercado que busca maximizar ganancias a través de la depredación. En Chile, por ejemplo, el Tren de Aragua identificó nichos de mercado ilegales poco explotados por la delincuencia local, como la explotación sexual y el tráfico de drogas sintéticas. Según Barros, la banda controla cerca del 45% de los ingresos generados por las mujeres bajo su estructura de explotación sexual y ha impulsado con fuerza el tráfico de sustancias como el tusi y la ketamina. Además, ha importado prácticas de extorsión poco habituales en el país austral, obligando a comerciantes y organizadores de eventos a pagar para operar sin sufrir represalias, una táctica tristemente familiar en Venezuela.
El Golpe al Patrimonio: La Operación Tokio y la Lenta Reacción Estatal
La Operación Tokio, un reciente éxito del Ministerio Público chileno, desarticuló una red de lavado de activos que entre 2022 y 2025 movió cerca de 80 millones de dólares fuera de Chile mediante empresas de criptomonedas. Esta cifra, asombrosa por sí misma, es solo una muestra del vasto patrimonio que el Tren de Aragua ha logrado acumular y blanquear. Sin embargo, la operación también reveló una preocupante debilidad: la lentitud de los sistemas estatales para detectar estos flujos financieros ilícitos en tiempo real.
"La reacción del sistema en materia de persecución y prevención de lavado de activos es muy lenta", lamentó Barros. Esta brecha temporal, que el fiscal estima en "un año y medio o dos de ventaja" para los criminales, permite al Tren de Aragua una capacidad de adaptación formidable. Crean empresas de papel, transfieren recursos a través de plataformas de remesas y criptomonedas, y cuando una estructura es identificada, la reemplazan rápidamente para continuar moviendo el dinero. Esta agilidad, combinada con una brutalidad calculada —incluso enterrando cuerpos en lugares indetectables para evitar el foco policial—, demuestra la sofisticación con la que operan y la necesidad urgente de una respuesta igualmente sofisticada y ágil por parte de los Estados.
Chile ha logrado desmantelar varias estructuras operativas del Tren de Aragua, como "Los Piratas", ligada al crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, y "Los Gallegos", involucrada en homicidios, tráfico de personas y un intento de atentado contra la Fiscalía de Arica. Estos éxitos son vitales, pero la batalla contra una "empresa criminal" de esta magnitud requiere una estrategia que trascienda la mera captura de sus operativos y se dirija directamente a su fuente de poder: el dinero.
El Veto Venezolano: Un Obstáculo Político y una Amenaza Regional
El caso del secuestro y asesinato de Ronald Ojeda en Santiago, un crimen que se sospecha tuvo motivaciones políticas y fue ordenado por altas esferas del chavismo, ha puesto de manifiesto la crítica ausencia de cooperación venezolana. A pesar de los esfuerzos de extradición desde Colombia, que han permitido llevar a Chile a Dayonis Orozco Castillo y, próximamente, a Larry Álvarez Nuñez (considerado uno de los fundadores de la banda), la impunidad persiste para otros. Al menos seis personas con órdenes de detención por el crimen de Ojeda permanecen en territorio venezolano sin haber sido siquiera investigadas, según el fiscal Barros.
Esta "ausencia de un interlocutor válido" en Venezuela no es solo una omisión; es una política de Estado que, de facto, convierte al país en un santuario para criminales. Para "Libertad VZLA", esta situación no solo es inaceptable, sino que refuerza la narrativa de un régimen que, lejos de combatir la criminalidad organizada, parece cohabitar con ella o incluso utilizarla para sus propios fines políticos. La negativa a colaborar en la investigación de un crimen tan sensible como el de Ojeda, que apunta directamente a la posible implicación del gobierno venezolano, envía un mensaje devastador a la región y al mundo.
La implicación es clara y grave: mientras el régimen venezolano continúe negándose a cooperar, el Tren de Aragua y otras organizaciones criminales con base en Venezuela seguirán operando con relativa libertad, desestabilizando a los países vecinos y explotando a las poblaciones más vulnerables. Esto no solo genera una crisis de seguridad en la región, sino que también socava la confianza en los sistemas de justicia y las relaciones diplomáticas. La lucha contra el crimen organizado transnacional exige una cooperación irrestricta, y la ausencia de esta por parte de un actor clave como Venezuela es una afrenta a la seguridad colectiva.
Implicaciones para la Región y el Futuro de la Seguridad
La expansión del Tren de Aragua es un síntoma de la profunda crisis de gobernabilidad y el colapso institucional en Venezuela. La exportación de este problema criminal ha puesto en jaque la seguridad interna de países como Chile, que no estaban preparados para enfrentar un fenómeno de esta magnitud y brutalidad. La delincuencia en Chile, como en otros países de la región, está experimentando una "transformación muy radical", exigiendo a las autoridades un cambio de enfoque, de la persecución de delitos individuales a la comprensión y combate de "fenómenos criminales" complejos y transnacionales.
El impacto es multifacético:
Social: Aumento de la violencia, el miedo y la inseguridad ciudadana. La explotación de migrantes venezolanos, que ya huyen de la miseria, añade una capa de crueldad inaceptable.
Económico: El lavado de activos, la extorsión y el tráfico de drogas desvían recursos de la economía formal, erosionan la confianza en el sistema financiero y generan un mercado negro que beneficia a los criminales.
Político: La capacidad de estas bandas para infiltrar instituciones, corromper funcionarios y desafiar la soberanía estatal pone en riesgo la estabilidad democrática de los países afectados. La falta de cooperación venezolana agrava la polarización regional y obstaculiza la construcción de una respuesta unificada.
La única vía efectiva para combatir al Tren de Aragua y organizaciones similares pasa por una estrategia integral que combine la persecución policial y judicial con un ataque frontal a sus finanzas. Esto requiere fortalecer las capacidades de inteligencia financiera, armonizar legislaciones, agilizar los procesos de extradición y, crucialmente, establecer canales de cooperación internacional robustos y sin fisuras políticas. La advertencia del fiscal Barros es un llamado de atención para toda la región: sin atacar el dinero, no se destruirá al Tren de Aragua, y sin la cooperación venezolana, la tarea será siempre incompleta y más ardua.
La batalla contra el Tren de Aragua es, en última instancia, una lucha por la recuperación de la institucionalidad y la defensa de la libertad en una región asediada por el crimen organizado. Venezuela, en lugar de ser parte de la solución, se ha convertido en una pieza central del problema, y mientras esta realidad persista, la amenaza del Tren de Aragua seguirá extendiéndose sin piedad por todo el continente.
