Familiares piden más maquinaria pesada para retirar escombros: “lo demás lo hacemos nosotros”
Para Jesurimar Briceño, de 28 años, la búsqueda de su hija, su madre y su hermano bajo los escombros del urbanismo OPP 33 en el sector Caribe de La Guaira se convirtió en una carrera contra el tiempo y la burocracia. Tras días de espera, familiares de personas que se encontraban en esos edificios tuvieron
A seis días de los devastadores terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio, dejando un balance oficial de 1943 víctimas fatales y 10571 heridos, la desesperación se apodera de La Guaira, donde familias enteras claman por maquinaria pesada para remover escombros y buscar a sus seres queridos. La respuesta estatal, marcada por la burocracia y la insuficiencia de recursos, ha empujado a los afectados a una autogestión heroica y, a menudo, extenuante, en una carrera contra el tiempo que se agota bajo las ruinas.
La Tragedia en Cifras y el Clamor desde el Terreno
La magnitud del desastre, con casi dos mil vidas perdidas y más de diez mil heridos, proyecta una sombra lúgubre sobre la nación. Sin embargo, más allá de las estadísticas, la realidad en las zonas cero de La Guaira revela una crisis humanitaria que se agudiza por la lentitud y la fragmentación de la asistencia. En urbanismos como el OPP 33 en el sector Caribe, la búsqueda de sobrevivientes o la recuperación digna de cuerpos se ha transformado en una odisea personal para quienes lo han perdido todo. Familias como la de Jesurimar Briceño, una joven de 28 años que busca a su hija, madre y hermano, han tenido que enfrentar no solo el dolor y la incertidumbre, sino también la indiferencia y los obstáculos burocráticos para acceder a la ayuda más elemental.
El clamor por maquinaria pesada resuena en cada rincón afectado. A casi 140 horas de los sismos, el 30 de junio, la periodista Estefani Brito denunciaba en redes sociales la ausencia de equipos en el urbanismo OPP 22 de Caraballeda, donde su sobrino Mathias, junto a sus abuelos y tías, permanecían bajo los escombros. La esperanza, aunque menguada, persistía, pero la ayuda seguía siendo esquiva. De manera similar, el ingeniero Carlos Alí Castro solicitaba apoyo urgente para el edificio Gradisca en Macuto, señalando la presencia de personas con vida, una petición que contrastaba con la noticia de rescates exitosos en otras localidades, como el hallazgo de un hombre con vida en el centro comercial Galerías Playa Grande por rescatistas salvadoreños. Estas peticiones, lanzadas a la esfera pública, subrayan la brecha entre la gestión oficial de la emergencia y la cruda realidad sobre el terreno.
Burocracia y Autogestión: Una Lucha Desigual
La narrativa de la respuesta gubernamental se desdibuja ante las experiencias de los afectados. Jesurimar Briceño relató cómo, ante la inacción oficial, los familiares del urbanismo OPP 33 se vieron forzados a bloquear una calle el pasado domingo 28 de junio para conseguir que les asignaran una retroexcavadora. La concesión, sin embargo, vino con una condición inaceptable: el combustible para la máquina debía ser provisto por los propios damnificados. "Pensaban que no íbamos a conseguir el gasoil", manifestó Jesurimar, "y lo que no saben es que uno por su mamá, por su hija, por su hermano, uno mueve cielo y tierra y hace lo que tenga que hacer". Esta declaración encapsula la determinación de una comunidad abandonada a su suerte.
La situación es más compleja de lo que parece. La joven Briceño detalló cómo una coordinadora a cargo de los equipos de traslado les insinuó que la maquinaria no era parte de una ayuda humanitaria, sino que había sido "pagada" por terceros. Esta revelación genera serias interrogantes sobre la transparencia y la equidad en la distribución de los recursos de emergencia. Además, Jesurimar lamentó que, con cuatro edificios colapsados solo en su área, apenas una o dos máquinas operaban, y se concentraban en una única estructura, una ineficiencia que ralentiza dramáticamente cualquier posibilidad de rescate. "Si no se quieren ensuciar el uniforme echando pala, echando pico, lo único que les pedimos encarecidamente es que nos ayuden con cinco maquinarias que puedan remover esos escombros pesados", suplicó, dejando claro que "lo demás lo hacemos nosotros". La autogestión no se detuvo ahí: los propios familiares consiguieron una planta eléctrica e instalaron bombillos para extender las labores de búsqueda durante la noche, evidenciando una resiliencia y capacidad organizativa que contrasta con la rigidez burocrática estatal.
La Desesperación de la Espera: Historias de Resistencia y Esperanza Frustrada
El tiempo es el enemigo más implacable en situaciones de desastre. Cada hora que pasa disminuye drásticamente las posibilidades de encontrar sobrevivientes. A pesar de ello, la esperanza se aferra a detalles mínimos. El padre de Jesurimar compartió el desgarrador relato de haber llamado al teléfono de su hijo dos días después del sismo y haber escuchado la voz de una niña, que él imaginó era su nieta. "Y nadie prestó atención", lamentó, una frase que encapsula la frustración ante la falta de una respuesta coordinada y sensible que pueda actuar sobre pistas tan vitales.
La insuficiencia de maquinaria no es el único problema. Un grupo de operadores de equipos pesados que se trasladó a La Guaira el lunes denunció ante las cámaras de VPI TV que, si bien pensaban que su presencia era necesaria por falta de conductores, descubrieron que lo que realmente escaseaban eran las máquinas. Agregaron, además, que las pocas que estaban disponibles eran de propiedad privada, lo que limitaba quién podía operarlas. Esta situación genera un cuello de botella artificial que priva a las víctimas de la ayuda que necesitan, mientras el reloj sigue su marcha inexorable. La situación descrita por los operadores se alinea con la percepción de Jesurimar sobre la naturaleza "no humanitaria" de la ayuda recibida.
Un Patrón de Ineficiencia: Más Allá de la Emergencia
Los eventos en La Guaira tras el doble terremoto exponen, una vez más, las profundas debilidades en la capacidad de respuesta y gestión de desastres del Estado venezolano. La desconexión entre las cifras oficiales de víctimas y la realidad de una asistencia precaria en el terreno es alarmante. La necesidad de que las comunidades se autogestionen, bloqueen calles, y asuman costos de combustible para obtener herramientas básicas de rescate, no solo es una muestra de heroísmo civil, sino también una condena a la planificación y ejecución de las políticas de emergencia.
Este patrón de ineficiencia y burocracia ha sido una constante en diversas crisis que ha enfrentado el país. La falta de coordinación, la opacidad en la asignación de recursos y la aparente privatización de la ayuda en momentos críticos, socavan la confianza pública y prolongan el sufrimiento de los afectados. La Guaira, con sus urbanismos colapsados y sus familias en duelo, se convierte en un doloroso testimonio de un sistema que, en lugar de proteger y servir, deja a sus ciudadanos a merced de su propia resiliencia y desesperación.
La tragedia de La Guaira no solo es un recordatorio de la furia de la naturaleza, sino también de las fallas humanas y sistémicas que agravan el sufrimiento. Mientras las familias continúan removiendo escombros con sus propias manos, esperando la maquinaria que nunca llega o que llega con condiciones inaceptables, la crítica se hace más aguda: la vida de miles de venezolanos depende de una respuesta estatal que, hasta ahora, ha demostrado ser insuficiente, tardía y, en muchos casos, indiferente.
